Sarance 45, publicaci—n bianual, per’odo diciembre 2020-mayo 2021, pp 118 - 142. ISSN: 1390-9207 ISSNE: e-2661-6718. Fecha de recepci—n: 02/09/2020; fecha de aceptaci—n: 10/11/2020 DOI: 10.51306/ioasarance.045.08 Neoinstitucionalismo, transparencia y Gobierno electr—nico: Calidad de vida en Bogot‡ y otras ciudades colombianas „awpaman apak runakuna sumak kamachikunata ruray hawa: Alli kawsay Bogota mama llaktapi shinallata shuk shuk Colombia kitikunapi. New institutionalism, transparency and e-Government: Quality of life in Bogot‡ and other Colombian cities Guido Moncayo Vives gmoncayo@dpe.gob.ec ORCID: 0000-0001-8186-2427 Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina) Resumen El presente art’culo busca comprobar la hip—tesis, partiendo del estudio de caso colombiano, que una eÞciente implementaci—n de pol’ticas pœblicas encaminadas a la profundizaci—n y el fortalecimiento del gobierno electr—nico coadyuva a que mejore la calidad de vida de su poblaci—n. Este an‡lisis se lo ha realizado bajo el paraguas te—rico del neoinstitucionalismo, la nueva gesti—n pœblica y la gobernanza, que a su vez han decantado en el nuevo milenio en los conceptos de gobierno abierto y gobierno electr—nico. Para esto, se ha hecho una revisi—n del marco conceptual mencionado, que arranca en la dŽcada de los setenta con el descontento se la sociedad, por una parte, y por otra con la incapacidad por parte de los gobiernos de responder a las demandas sociales que empezaban a mutar y complejizarse; luego, en un segundo momento, se hace un recuento normativo y program‡tico del gobierno electr—nico en Colombia, as’ como la posible relaci—n del mismo con los niveles de felicidad de su poblaci—n, para Þnalmente, en la tercera parte, analizar el caso de Bogot‡ y, a la luz de la relaci—n gobierno electr—nico Ð calidad de vida, compararlo con otras ciudades colombianas. La metodolog’a utilizada es anal’tica expositiva con an‡lisis de datos cualitativos y cuantitativos, considerando estudia la normativa de gobierno digital desde Þnales del siglo pasado, pasando por datos cuantitativos nacionales, hasta llegar a datos a nivel de ciudad respecto a gobierno digital y calidad de vida, teniendo como principal limitaci—n la diferente temporalidad de algunos datos numŽricos. Palabras claves: Gobernanza, Nueva Gesti—n Pœblica, administraci—n pœblica, gobierno digital, pol’ticas pœblicas. Tukuyshuk Colombiapi sumak kamachik hawamanta, ashtawankarin imashinami kay kamachikuna sinchiyachin gobierno electr—nico nishkata. Kallaripika mashkanchik shinallata yachahunchik gobierno abierto shinallata gobierno electr—nico nishkamanta. Kallaripika yuyashkanchik imashpata –awpaman apak runakunapa kamichikunaka mana paktarin runakunapa munaykunawan; hipamanka riksishkanchik imashinami gobierno electr—nico nishka kamachikunaka all’ shinan shinallata kushiyachin Colombiamanta runakunata, puchukaypika kay kamachikuna imashinami yalishpa katinahun ayki ayki Colombia kitikunaman. Tarik killkakuna: Kamana; mushuk pushak kamachikuna; kullpita kamak; gobierno digital; kullpipak kamachikuna. Abstract This article seeks to test the hypothesis, based on the Colombian case study, that an efÞcient implementation of public policies aimed at deepening and strengthening e-government helps improve the quality of life of the population. This analysis has been carried out under the theoretical umbrella of new institutionalism, new public management and governance, which in turn have decanted in the new millennium in the concepts of open government and electronic government. For this, a review of the aforementioned conceptual framework has been made, which starts in the seventies with the discontent of society, on the one hand, and on the other with the inability on the part of governments to respond to the social demands that began to mutate and increase in complexity; then, in a second instance, a normative and programmatic account of e-government in Colombia is made, as well as the possible relation of it with the levels of happiness of its population, to Þnally, in the third part, analyze the case of Bogot‡ and, in light of the relationship between e-government / quality of life, compare it with other Colombian cities. The methodology used is expository analytics with analysis of qualitative and quantitative data, considering studying the rules of digital government from the end of the last century, passing through national quantitative data, until reaching city-level data regarding digital government and quality of life, having as a main limitation the different temporality of some numerical data. Keywords: Governance; New Public Management; public administration; digital government; public policies. Introducci—n El presente art’culo pretende investigar a cerca de la pol’tica pœblica de gobierno electr—nico en Colombia, la cual ha venido siendo un eje central de los gobiernos nacionales desde Þnales del siglo pasado, y su vinculaci—n (o no) con los niveles de transparencia efectiva y de la calidad de vida de sus poblaciones. Este tema se torna relevante considerando que estamos entrando en la tercera dŽcada del siglo XXI, y aunque en el pa’s y en la regi—n en general los avances han sido signiÞcativos en lo que va del nuevo milenio, aœn queda la duda de su eÞcacia y hasta que punto esta digitalizaci—n de las relaciones Estado Ð sociedad est‡ repercutiendo en la mejora de los est‡ndares de vida de los ciudadanos, que en œltima decanta en el hecho de que las personas sean m‡s felices. De esta forma, el presente documento tiene el objetivo de establecer el marco te—rico dentro del cual se enmarca el concepto de gobierno electr—nico, esbozando deÞniciones como neoinstitucionalismo, Nueva Gesti—n Pœblica, gobernanza y gobierno abierto; delinear el marco normativo y program‡tico que ha servido de referencia para que en los œltimos 25 a–os en Colombia se haya concretado la pol’tica pœblica de gobierno digital y, por œltimo, analizar datos a nivel nacional y de las principales ciudades que ayuden a interpretar la relaci—n (o no) del gobierno electr—nico con los niveles de transparencia y de la percepci—n de satisfacci—n con la vida de la ciudadan’a. El tema del gobierno electr—nico ha tomado relevancia con la entrada al nuevo milenio, en gran medida por la necesidad de expandir a los lugares m‡s rec—nditos el accionar gubernamental, en especial impulsado desde el gobierno central y apoyado fundamentalmente en las conocidas Nuevas Tecnolog’as de la Informaci—n y Comunicaci—n -NTIC-. El grado de industrializaci—n de los pa’ses es un factor determinante para alcanzar grados de profundizaci—n importantes en el prop—sito de digitalizar a las administraciones pœblicas, no s—lo hablando del fortalecimiento de las capacidades estatales como tal (infraestructura f’sica y digital, empoderamiento de los funcionarios, competencias, entre otros), sino tambiŽn en el relacionamiento del e-government (como medio y no como Þn) con las pol’ticas pœblicas encaminadas directamente al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la poblaci—n. Cap’tulo 1. Marco conceptual Uno de los objetivos fundamentales por los que existe la administraci—n pœblica es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Alrededor de este prop—sito no menor se han generado perspectivas te—ricas de la Òcosa pœblicaÓ que han sido planteadas a lo largo de la historia reciente, trazando de cierta forma una l’nea conductual hist—rica acumulativa, que surge como una superposici—n de ideas que han ido enriqueciendo el quehacer pœblico a lo largo del tiempo. Para comenzar, es importante destacar la deÞnici—n que Weber nos da del Estado, cuando en su texto ÒEconom’a y SociedadÓ menciona que Òpor Estado debe entenderse un Instituto Pol’tico de actividad continuada, cuando y en la medida que su cuadro administrativo mantenga con Žxito la pretensi—n al monopolio leg’timo de la coacci—n f’sica para el mantenimiento del orden vigenteÓ (Weber, 2002, p. 44). En esta deÞnici—n resaltan los conceptos de legitimidad como la validaci—n social y/o colectiva del poder por un grupo espec’Þco de personas, y la coacci—n f’sica como el medio legal del que hace uso el Estado para mantener el orden y el estado de derecho en determinado territorio. Pasando por el llamado Estado liberal, reconocido t‡citamente durante el devenir de los siglos XVII y XVIII, en el que se empezaron a delinear los l’mites pol’ticos o fronteras, se deÞnieron los primeros lineamientos de institucionalidad, mediante un marco normativo b‡sico y en pro de conseguir seguridad, tanto entre los semejantes y cercanos como con los que estaban fuera; se dieron los primeros pasos para separar Òlo pol’tico de lo administrativoÓ. Entrado el siglo XIX, se aÞanza la necesidad pœblica de distanciar al poder ÒconcentradoÓ o totalizador, y, en este per’odo acompa–ado de una gran diversiÞcaci—n del trabajo y consigo un crecimiento econ—mico sin precedentes, entramos al siglo XX, en el que luego de la conocida como la Ògran depresi—nÓ se consolidar’a lo que conocemos con el ÒEstado de bienestarÓ. Este Estado de bienestar, que tuvo su apogeo en las dŽcadas centrales del siglo XX, y que se caracterizaba por un Estado-naci—n que Òactuaba como sujeto œnico y que se constitu’a en el foro principal y punto de referencia obligado del futuro de la sociedadÓ (Jaime & SabatŽ, 2005, p. 61), comenz— a desvanecerse con la crisis de la dŽcada de los a–os 70s, y fue entonces donde comenzaron a emerger las perspectivas te—ricas acerca de la administraci—n pœblica que han dominado esta esfera en las œltimas dŽcadas. Surge entonces la denominada new public managment o Nueva Gesti—n Pœblica (NGP). La NGP, planteada como un di‡logo, y no una teor’a, que busca deÞnir las pautas para que la administraci—n pœblica sea buena y responsable (Barzelay, 2003), trat— justamente de ÒoptimizarÓ el tama–o y las funciones de ese Estado Bismarkiano y Keynesiano que durante dŽcadas no hab’a dejado de ÒengordarÓ hasta caer en obesidad, con medidas de ajuste estructural que se resumieron en los postulados del economista inglŽs John Williamson que se conocer’an a la posteridad como el ÒConsenso de WashingtonÓ. Casi paralelamente, como una versi—n mejorada de la NGP, surge la gobernanza como Òun nuevo estilo de gobierno, distinto del modelo de control jer‡rquico y de mercado, caracterizado por un mayor grado de cooperaci—n entre los gobiernos y administraciones pœblicas y actores no gubernamentales en la hechura de las pol’ticas pœblicasÓ (Aguilar, 2008; Zurbriggen, 2011). La gobernanza como tŽrmino manejado en los ‡mbitos acadŽmico y pol’tico comenz— a utilizarse con fuerza a inicios de la dŽcada de los noventa, con la intensi—n de reemplazar lo que hasta entonces se conoc’a como direcci—n pol’tica. Este cambio de sentido en la denominaci—n de la forma de gobierno conocida desde los a–os setenta encarn— transformaciones de las instituciones, la forma de hacer pol’tica y las regulaciones en los estados occidentales modernos (Mayntz, 2006). Este cambio de enfoque gubernamental ya fue avisorado por autores como Crozier, Huntington y Watanuki, cuando en 1975 en su libro ÒLa crisis de la democraciaÓ hablaron de los desequilibrios/ sobrecargas de las democracias de aquel entonces (Aguilar, 2008). Con el origen de la NGP se empieza a hablar del nuevo institucionalismo, pero no es sino hasta el eclipsamiento de la NGP a manos de la gobernanza y en lo posterior, que los conceptos de neoinstitucionalismo y gobernanza maniÞestan tener un estrecho v’nculo, especialmente a partir de la importancia que tienen los marcos institucionales en el funcionamiento de lo pœblico, y por otro lado en la reßexi—n a escala supraorganizativa Òen la que, mientras las instituciones son las reglas del juego, las organizaciones Ðy otros actores- actœan, en la expresi—n de North, como ÒjugadoresÓ y las interacciones propias de esos juegos poseen una dimensi—n trascendenteÓ (Longo, 2009, p. 1). El neoinstitucionalismo es una escuela de pensamiento que surgi— a lo largo de la dŽcada de los ochenta, teniendo como principal foco de an‡lisis las instituciones. Estas se evidencian de diferente forma, dependiendo del ÒambienteÓ o del medio en el que se las estudia, por lo que Òen un modelo de desarrollo econ—mico centrado en los mercados, la primera misi—n del Estado y de sus Administraciones pœblicas es hacer posible el funcionamiento eÞciente de los mercados mediante la creaci—n del tejido institucional necesario para elloÓ (Prats, 2007, p. 596), por lo que es menester ÒdeÞnir un modelo de Estado aut—ctono como resultado del pacto social de cada pa’s e implantar unas nuevas instituciones pœblicas acordes con la tradici—n hist—rica y la cultura administrativa de cada naci—nÓ (Rami—, 2001, p. 26). El neoinstitucionalismo ha deÞnido que las instituciones son las reglas del juego muchas veces abstractas, en una sociedad o, m‡s formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacci—n humana (North, 1993; Rami—, 2001; Prats, 2007; March & Olsen, 2013). Estas reglas del juego pueden ser formales (normas, reglamentos, leyes, etc. ) e informales (acuerdos t‡citos de c—mo funcionan las cosas en un determinado asunto, en un lugar y tiempo deÞnidos), y aunque Òlas normas formales pueden cambiar de la noche a la ma–ana como resultado de decisiones pol’ticas o judiciales, las limitaciones informales encajadas en costumbres, tradiciones y c—digos de conducta son mucho m‡s resistentes o impenetrables a las pol’ticas deliberadasÓ (North, 1993, cap. I). Esta diferencia de temporalidad existente entre instituciones y los que detentan el poder de turno es corroborado por Powell y Dimaggio (1999) cuando aÞrman que la adaptaci—n de las instituciones a los intereses no es inmediato,sino que su evoluci—n es lenta y de formas que no pueden predecirse. En el an‡lisis de esta articulaci—n entre instituciones y organizaciones, North aÞrma que La interacci—n entre ambos determina la interacci—n del cambio institucional. Las instituciones, junto con las limitaciones ordinarias de la teor’a econ—mica, determinan las oportunidades que hay en una sociedad. Las organizaciones u organismos son creados para aprovechar esas oportunidades y, conforme evolucionan los organismos, alteran las instituciones (North, 1993, cap. I). Prats va un poco m‡s all‡ al aÞrmar que ÒInstituciones y organizaciones conforman el sistema total de constricciones y de incentivos de una determinada sociedadÓ (Prats, 2007, p. 592). El autor aÞrma que segœn informes del Banco Mundial, Òel Estado ideal es el que se encuentra en un intermedio del Estado Megal—mano de Prebish y la ISI, y entre el Estado minimalista dela larga noche neoliberalÓ (Prats, 2007, p. 589). El Estado debe ser el garante de brindar elementos estructurales para que la poblaci—n logre niveles adecuados en su calidad de vida, siendo Òde conocimiento pœblico que las instituciones constituyen un elemento central para promover el desarrollo econ—mico. El Estado en s’ mismo es la instituci—n central de las sociedades modernas; es una organizaci—n que, por s’ misma, impulsa las instituciones normativasÓ (Bresser, 2006, p. 1). Cuando una sociedad cuenta con instituciones claras, bien deÞnidas, fuertes y que propendan a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, entonces se puede hablar de que se cuenta con un Estado preocupado por la calidad de vida de sus habitantes, lo cual redunda Þnalmente en que estos alcancen la felicidad. Se puede decir que una persona es feliz cuando aprecia la totalidad de su vida presente de forma positiva y experimenta placer con su entorno, lo que hace, etc. (Moncayo, 2019). Al respecto Los economistas Frey y Stutzer, que actualmente son referentes a escala mundial en el tema, han determinado que la felicidad depende de tres conjuntos de factores: factores demogr‡Þcos y de personalidad, como edad, gŽnero y circunstancias familiares, as’ como nacionalidad, educaci—n y salud; factores econ—micos, en particular el desempleo, el ingreso y la inßaci—n, y, Þnalmente; factores pol’ticos tales como el alcance de las posibilidades de los ciudadanos para participar en la pol’tica y el grado de descentralizaci—n gubernamental (Moncayo, 2019, p. 314). Cuando los gobiernos involucran a las sociedades a participar de manera activa en las decisiones relevantes, se generan mejoras en la calidad de vida de las mismas. Las instituciones democr‡ticas, en particular el derecho a participar en las elecciones y votar sobre cuestiones, contribuyen as’ a la felicidad de los ciudadanos (Frey & Stutzer en Moncayo, 2019, p. 316). Esta participaci—n de la ciudadan’a en los asuntos pœblicos es, junto a la transparencia y la colaboraci—n, los pilares fundamentales de lo que se conoce como Gobierno Abierto -GA- (Aguilar, 2008; Oszlak, 2013). Antes de continuar revisando la Þlosof’a del GA, ser‡ importante revisar con mayor detalle lo que en este contexto signiÞca la transparencia: La transparencia es un tema relevante en la actualidad debido a que es demandada por la sociedad. La tendencia al incremento de la transparencia viene originada por el asentamiento de la democracia en el mundo occidental, lo que ha provocado la solicitud del libre acceso y movilidad de la informaci—n por parte de la sociedad y por las evidencias que apuntan que existe una relaci—n directa entre transparencia y competitividad (Perramon, 2013, p. 11). Para Oszlak & Kaufman (2014), desde que se lanz— la iniciativa de GA, la transparencia se ha consolidado como el primer requisito para su efectividad. Los autores recuerdan que Weber utiliza la Þgura de la Òcaja negraÓ para hacer alusi—n al funcionamiento del gobierno, Òvedada al conocimiento del pœblico, donde el secreto y el ocultamiento de la informaci—n se justiÞcan por supuestas razones de Estado, es natural suponer que todo esfuerzo de apertura debe incluir necesariamente un incremento de la transparenciaÓ (Oszlak & Kaufman, 2014, p. 22). La necesidad de mayor transparencia exigida desde la ciudadan’a a los gobiernos tiene varias razones, entre ellas se destacan tres: Por un lado los crecientes actos de corrupci—n que experimentan nuestras sociedades, en segundo lugar los cambios cada vez m‡s veloces en las nuevas tecnolog’as y, Þnalmente, los entornos econ—micos en crisis que actualmente se perciben con mayor frecuencia (Perramon, 2013; Oszlak & Kaufman, 2014). Y aunque estos son fen—menos hist—rica y relativamente recientes, las acciones para transparentar la informaci—n tienen documentaci—n en los Estados Unidos en el siglo XVIII, cuando en ciertas comunidades la ciudadan’a logr— tener reuniones privadas con los servidores pœblicos (Perramon, 2013). Es en este contexto en el que el concepto de GA Òentra–a una relaci—n de doble v’a entre ciudadan’a y Estado, posibilitada por la disponibilidad y aplicaci—n de TIC (tecnolog’as de la informaci—n y el conocimiento) que facilitan mœltiples interacciones entre actores sociales y estatalesÓ (Oszlak & Kaufman, 2014, p. 7). Entrados en la tercera dŽcada del siglo XXI, las tecnolog’as de la informaci—n y el conocimiento son una herramienta fundamental que no s—lo denotan un cambio de Žpoca, sino un cambio de estilo de vida y, por ende, una nueva forma de gobernar y ser gobernados, con interacciones cada vez m‡s fuertes e imbricadas. El GA, como el tŽrmino lo indica, se caracteriza por el no ocultamiento de informaci—n hacia la ciudadan’a, principalmente con el Þn de empoderar a esta y de dar apertura para que pueda participar en los asuntos pœblicos, pueda colaborar y se genere un ambiente de transparencia en las relaciones Estado-sociedad (Oszlak & Kaufman, 2014). Es as’ que Òesta nueva Þlosof’a ha recibido el impulso decisivo generado por la disponibilidad de herramientas web 2.0, que hacen posible una comunicaci—n de doble v’a entre gobierno y ciudadan’aÓ (Oszlak, 2013, p. 4). La web 2.0 es aquella que tiene como principal caracter’stica la interacci—n del cibernauta con las p‡ginas web, y no se limita a una comunicaci—n informativa de una sola v’a como suced’a al inicio de la era del internet. Si bien en los œltimos a–os en los pa’ses de la regi—n se ha avanzado en los niveles de conectividad y en el acortamiento de las brechas tecnol—gicas, se puede aÞrmar que contar con mejor conectividad y acceso al internet no es suÞciente. Si bien es cierto que Las TICs han transformado profundamente la forma de informarnos y comunicarnos, la tecnolog’a tambiŽn contribuir‡ a ÒforzarÓ una cultura de la transparencia y la participaci—n ciudadana, en la medida en que Estado y sociedad civil adviertan que todo el ciclo de las pol’ticas pœblicas puede beneÞciarse del aporte y la inteligencia colectiva de ambas instancias y que, en consecuencia, maniÞesten una Þrme voluntad pol’tica y c’vica para lograrlo (Oszlak, 2013, p. 5). Los gobiernos, al momento de incluir innovaciones tecnol—gicas de este tipo, no se preocupan de diferencias entre los tŽrminos de GA o Gobierno Electr—nico -GE-, por un lado porque aunque sean dos conceptos diferentes se encuentran ’ntimamente relacionados y por otro lado, porque todo esfuerzo para fortalecer y mejorar la gesti—n gubernamental constituyen avances en el desarrollo del GA (Oszlak & Kaufman, 2014). Asimismo, los conceptos de GA y GE se ven transversalizados por el principio de digitalizaci—n, que a su vez tambiŽn atravieza lo que signiÞca la gobernanza (Aguilar, 2008; Gomis-Balestreri, 2017), es decir, se trata de una Þlosof’a de hacer gobierno, ciudadan’a y comunidad fundamentadas en la modernidad, los avances tecnol—gicos y el relacionamiento en redes. Sin embargo, se podr’a estar hablando de un GA que no cuente con el componente inform‡tico, y al mismo tiempo de un GE que no sea necesariamente abierto, es decir podr’an tener una relaci—n nula. Pero la evidencia emp’rica demuestra que en la mayor’a de pa’ses se han aplicado de forma conjunta, muchas de las veces con el GA como Þn y el GE como medio. De cualquier modo, se tratan de conceptos muy imbricados en la pr‡ctica y con principios comunes: ÒMejorar el desempe–o del sector pœblico, simpliÞcar su gesti—n y facilitar la vinculaci—n entre estado y ciudadan’aÓ (Oszlak & Kaufman, 2014, p. 38). En relaci—n al concepto de GE, se puede evidenciar una evoluci—n que no sorprende, considerando que el concepto en si maniÞesta una estrecha vinculaci—n con un elemento en constante perfeccionamiento: la tecnolog’a. Es as’ que mientras en 1998 la OCDE deÞn’a al GE como: La aplicaci—n de tecnolog’as basadas en internet para actividades comerciales y no comerciales en el seno de las administraciones pœblicasÓ, a–os m‡s tarde la propia OCDE lo deÞni— como Òel uso de las tecnolog’as de la informaci—n y comunicaci—n (TIC), particularmente la internet, como una herramienta para alcanzar un mejor gobiernoÓ. El Banco Mundial lo deÞne como Òel uso de las tecnolog’as de informaci—n y comunicaciones para mejorar la eÞciencia, la efectividad, la transparencia y la rendici—n de cuentas del gobiernoÓ y las Naciones Unidas lo deÞne como Òla utilizaci—n de internet y la World Wide Web para entregar informaci—n y servicios del gobierno a los ciudadanos (Naser & Concha, 2011, p. 11). Con el prop—sito de deÞnir un marco de referencia con el que se pueda medir el crecimiento y madurez de la aplicaci—n del GE en un pa’s, la ONU propone una escala con cinco niveles: 1) Presencia emergente (pa’s comprometido pero s—lo brinda informaci—n b‡sica por la web), 2) presencia ampliada (expansi—n en nœmero e interacciones de p‡ginas web gubernamentales), 3) presencia interactiva (muchas entidades gubernamentales en la web e interacci—n m‡s profunda como llenado y env’o de formularios, 4) presencia transaccional (interacciones completas como servicio de visado, certiÞcados, pago de multas) y, 5) integraci—n total (acceso total a servicios integrados completamente) (Naser & Concha, 2011). Este involucramiento tecnol—gico en las administraciones pœblicas no s—lo repercute en mayor eÞciencia de la gesti—n gubernamental, se trata tambiŽn de un cambio cultural y de una mejora continua de las instituciones (formales e informales) que determinan los comportamientos y las formas de hacer las cosas en una sociedad (Naser & Concha, 2011; DiŽguez & et al., 2015). Es comœn la pr‡ctica en pa’ses en v’as de desarrollo de ÒimitarÓ o ÒbenchmarkearÓ a los pa’ses desarrollados en sus pr‡cticas tecnol—gicas, y las pol’ticas de GE no han sido la excepci—n; sin embargo, los diferentes rankings a nivel mundial denotan que los pa’ses latinoamericanos aœn estamos muy lejos de los niveles alcanzados por los pa’ses industrializados (Gasc—, 2010). Sin duda, el camino trazado por y para los gobiernos est‡ enmarcado en el avance de la tecnolog’a y sus medios. Los beneÞcios de esta pol’tica y forma de gobierno son indudables: Mejoras en la gesti—n y en los procesos gubernamentales, costos reducidos y aumento en los niveles de efectividad transaccional en los servicios gubernamentales, legitimidad creciente basada en actos pœblicos transparentes y de conocimiento pœblico, empoderamiento de la ciudadan’a, entre otros (DiŽguez & et al., 2015), los cuales en œltimas cuadyuvan en la busqueda del bienestar, la felicidad y la mejora en la calidad de vida de la ciudadan’a. Cap’tulo 2. Colombia: Gobierno electr—nico, felicidad y transparencia La historia reciente de Colombia en relaci—n a su administraci—n pœblica y la tecnolog’a tiene algunos altibajos, cuesti—n que analizaremos con m‡s detalle.Sin embargo,algo indiscutible es que el pa’s ha hecho ingentes esfuerzos para sumergirse en el concepto de Gobierno Electr—nico, especialmente desde mediados de la dŽcada de los a–os noventa, convirtiŽndose en uno de los pa’ses en AmŽrica Latina m‡s optimistas al respecto, repercutiendo en Òuna mejora en la capacidad colombiana de intervenci—n en el territorio, donde la digitalizaci—n permiti— llegar a ciudadanos tradicionalmente alejados de las administracionesÓ (Gomis-Balestreri, 2017, p. 25). A continuaci—n un resumen de las principales etapas del dise–o y aplicaci—n de pol’ticas pœblicas tendientes al desarrollo del GE en Colombia: Tabla 1. Etapas en la implementaci—n del Gobierno Electr—nico en Colombia A–os Etapas Caracter’sticas Normativa/Planes 1995 - 1999 Estrategia de modernizaci—n del Estado Se menciona por primera vez el uso de medios electr—nicos, y se impulsa la gesti—n por resultados en la administraci—n pœblica colombiana Documento ÒGesti—n Pœblica Orientada a los ResultadosÓ (1995), Ley 2150 ÒDecreto Ley Anti tr‡mitesÓ (1995) 2000 - 2002 Implementaci—n de estrategia de Ògobierno electr—nicoÓ Ten’a el objetivo de convertir al Estado en un Òusuario modeloÓ en el uso intensivo de tecnolog’as inform‡ticas. Directiva 02 emitida por el presidente AndrŽs Pastrana, Ley 790 ÒEstrategia nacional de Gobierno en L’neaÓ (2002) 2003 - 2008 Arquitectura del gobierno en l’nea Se dan tres acciones clave: 1) El Ministerio de Comunicaciones asume la responsabilidad de coordinar la Agenda de Conectividad (AC), 2) La AC deÞni— los componentes tecnol—gicos del Gobierno en L’nea y, 3) Se cre— la Comisi—n Intersectorial de Pol’ticas y de Gesti—n de la Informaci—n para la Administraci—n Pœblica. Decreto 3816 ÒEstrategia gubernamental para entidades generadoras de informaci—nÓ, Documento CONPES 3292 ÒProyecto de Racionalizaci—n y Automatizaci—n de Tr‡mitesÓ (2004), Ley 962 ÒTr‡mites a travŽs de medios electr—nicosÓ (2005), Ley 1150 (2007) 2008 en adelante Publicidad y primeros grandes retos para el Gobierno en L’nea Se entendi— que el Gobierno hab’a decidido colocar la plataforma electr—nica como principal motor de cambio de las relaciones ciudadano-administraci—n pœblica. Decreto 1151 (2008) ÒImplementaci—n Gobierno en L’nea desde el Ministerio de ComunicacionesÓ, Ley 1341 ÒLey de TICÓ (2009), CONPES 3650 (2010), Plan ÒVive DigitalÓ (2010), Ley 1437 ÒIncentivo en Colombia El presupuesto para Gobierno en l’nea pasa de 17 billones de pesos en 2006 a 43 billones en 2008. uso de TIC desde todos los estamentos pœblicosÓ (2011), Decreto 19 ÒReforma procedimientos innecesarios en la Adm. PœblicaÓ (2012) Fuente: (Massal & Sandoval, 2010; Cardona, CortŽs, & Ujueta, 2015). Elaboraci—n por el autor. La tabla se resume en palabras de Gomis-Balestreri (2017) cuando aÞrma que el pa’sÒhabr’a pasado de un Estado con baja territorializaci—n y digitalizaci—n (a–os noventa) hacia un pa’s con baja territorializaci—n y alta digitalizaci—n (hasta Þnal de la dŽcada del 2000) con una tendencia al reforzamiento en ambos desde inicio de 2010Ó (p. 31). Es indudable que el inicio de la historia del GE en Colombia se vivi— de manera temprana, en relaci—n con los dem‡s pa’ses latinoamericanos, mediante la estrategia de modernizaci—n del Estado ejecutada en la segunda mitad de los noventa, pero cristalizado en el gobierno de AndrŽs Pastrana en el arranque del nuevo milenio. Es justamente el inicio de la dŽcada pasada (2010) el momento en que se estima que Colombia realmente aterriz— su pol’tica digital, especialmente a travŽs de su formulaci—n en los planes nacionales de desarrollo y el incremento de las p‡ginas web institucionales gestionadas desde su administraci—n pœblica para elevar sus niveles de efectividad (OECD en Gomis-Balestreri, 2017). Sin embargo, es necesario echar un vistazo dos a–os atr‡s, es decir, en el 2008, cuando se emite el ÒPlan Nacional de Tecnolog’as de la Informaci—n y las Comunicaciones 2008-2019 que buscaba crear una sociedad inclusiva y competitiva a travŽs de las NTICÓ (Gomis-Balestreri, 2017, p. 36), luego de lo cual Òla digitalizaci—n de procesos administrativos surgi— con fuerza, a partir del PND 2010-2014 denominado Prosperidad para todosÓ (Gomis-Balestreri, 2017, p. 36). El incremento en los niveles de acceso al internet, aunado a la creciente masiÞcaci—n de la utilizaci—n de dispositivos m—viles (como telŽfonos inteligentes, computadoras port‡tiles, tablets, entre otros), sumando a esto que en Colombia hay cada vez m‡s poblaci—n joven o adulta joven (en comparaci—n a los pa’ses industrializados), han permitido que las pol’ticas enfocadas en la digitalizaci—n sean exitosas (Gomis-Balestreri, 2017). Al mismo tiempo, la presencia del Estado en el territorio se ha visto incrementada, resaltando el hecho de que la formulaci—n e implementaci—n del GE en Colombia ha reca’do en tres instituciones principalmente, por un lado el Ministerio de Tecnolog’as de la Informaci—n y las Comunicaciones (MinTic) que a partir del a–o 2003 recupera este rol, luego est‡ el Departamento Nacional de Planeaci—n (DNP) con la responsabilidad de proveer informaci—n al gobierno para toma de decisiones y tambiŽn apoyar el desarrollo socioecon—mico, y Colciencias, Òquien Þnancia y coordina la pol’tica de innovaci—n en tecnolog’a dentro del pa’sÓ (OECD en Gomis-Balestreri, 2017, p. 36). Todo este esfuerzo gubernamental para implementar un GE en pro de la eÞciencia en el caso colombiano tiene un alto componente nacional, es decir, es el gobierno central con sus matrices ubicadas en la capital y el territorio en forma de entidades desconcentradas las que han empujado con fuerza este ejercicio de digitalizaci—n de la administraci—n pœblica. Es por esto que si bien en la Þgura 1 se puede observar como el pa’s llega a ocupar el tercer lugar en el 2010 en toda AmŽrica (œnicamente superado por Estados Unidos y Canad‡), al mismo tiempo se puede observar en la Þgura 2 que al comparar los niveles de gobierno electr—nico y la felicidad en el pa’s en los a–os 2012, 2016 y 2018, estos dos valores son dis’miles. Figura 1. ClasiÞcaci—n de Colombia segœn el E-Government Development Index Fuente: ONU 2019 (https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center) Elaboraci—n por el autor. El indicador de ÒDesarrollo de Gobierno Electr—nicoÓ medido por las Naciones Unidas cada dos a–os, el cual se compone de indicadores de infraestructura de telecomunicaciones, capital humano y servicios en l’nea provistos mediante los portales electr—nicos de las entidades pœblicas (United Nations en Mart’nez, 2017), lleg— a colocar a Colombia en el tercer lugar en todas las AmŽricas (entre 35 pa’ses) en el a–o 2010, superando a pa’ses como Chile, Argentina, MŽxico y Uruguay, y en el puesto 31 a nivel mundial, entre 193 pa’ses evaluados. Luego de esto, en el 2012, a pesar de haber subido en el ’ndice de 0,6125 (2010) a 0,6572 (2012), descendi— al puesto 4 en las AmŽricas (siendo superado por Chile en esta ocasi—n) y al puesto 43 a nivel global. Esto da cuenta de que los niveles de competitividad a nivel mundial son cada vez mayores, y el pa’s, aunque de manera tendencial a seguido creciendo en este ’ndice, no ha podido mantener los niveles del 2010, llegando a ubicarse en la œltima medici—n (2018) en el puesto 9 en las AmŽricas y el 61 a nivel mundial (ONU, 2019). En la Þgura 2 se pone a consideraci—n tres indicadores que en un an‡lisis ex ante se podr’an suponer relacionados. Por un lado, se observa que el ranking de transparencia del pa’s es pr‡cticamente el mismo en los a–os analizados, ubic‡ndose en el puesto 100 a nivel mundial, lo cual de por si denota una percepci—n negativa a nivel general del manejo de la cosa pœblica en Colombia. Por otro lado, se observa que en el ranking de e-gobierno, el pa’s ha decrecido pasando del puesto 43 (2012) al 61 (2018) y, al mismo tiempo y como tercer indicador, se aprecia que en el ranking de felicidad, medido a travŽs de World Happiness Report que es elaborado por la Universidad de Columbia por medio del The Earth Institute y que Òcompara los niveles de satisfacci—n con la vida de cerca de 150 pa’ses alrededor del mundoÓ (Moncayo, 2019, p. 326), el pa’s mejora en el 2016 pero vuelve a caer en el 2018, lo cual reßeja que no existe correlaci—n directa entre estas dos variables o que incluso llega a ser levemente inversamente proporcional, presentando un coeÞciente de correlaci—n de -0,6586. Figura 2. Gobierno electr—nico, transparencia y felicidad en Colombia (2012 Ð 2018) Fuente: ONU 2019, Transparency.org (2019), https://worldhappiness.report (2012-2018) Elaboraci—n por el autor. Se puede concluir en el an‡lisis de la situaci—n del GE en Colombia que, si bien a nivel nacional a partir del 2008 y m‡s fuertemente con el PND 2010-2014 se ha avanzado mucho, la realidad territorial aœn est‡ marcada por la inequidad y brechas muy visibles, lo cual repercute en la calidad de vida de la poblaci—n, en especial justamente en la que habita en las ciudades intermedias y peque–as. Sin embargo, si bien a nivel nacional se considera que el pa’s se encuentra en una buena situaci—n respecto a la implementaci—n del GE, lo cierto es que aœn falta mucho por hacer respecto a la profundizaci—n de la administraci—n pœblica en la atenci—n virtual, Òbasta ver que incluso donde hay elecci—n, como en el caso de Bogot‡, solo 8 % de los tr‡mites se realizaron por medios electr—nicos en 2015 (Alcald’a Mayor de Bogot‡ D.C en Gomis-Balestreri, 2017, p. 40). Cap’tulo 3. El caso de Bogot‡: Ser la capital no es suÞciente Luego de analizar la situaci—n a nivel nacional del grado de penetraci—n del GE y su aporte a la mejora de la calidad de vida de la poblaci—n, trataremos de vislumbrar lo que est‡ sucediendo a nivel de las ciudades colombianas y, de manera especial, trataremos de revisar el caso de Bogot‡. En la ciudad capital se han llevado a cabo algunas iniciativas en los œltimos a–os relacionadas al gobierno electr—nico. Una de estas iniciativas considerada como emblem‡tica es la denominada Bogot‡ Abierta, que fue una iniciativa dirigida por la Alta Consejer’a Distrital de TIC de la Secretar’a General de la Alcald’a Mayor de Bogot‡. Sin embargo, la idea inicial y la ejecuci—n estuvieron en manos del Laboratorio de Innovaci—n de la Ciudad Vivelab Bogot‡, operado por la Universidad Nacional y albergado por la Facultad de Ingenier’a. Desarrollado a Þnales de 2015, fue dise–ado como una herramienta destinada a incentivar la innovaci—n a partir de los aportes de la ciudadan’a (Gomis-Balestreri, 2017, p. 38). Esta plataforma lanzada a Þnales de 2015, le permiti— al gobierno capitalino aprovechar la oportunidad de conocer m‡s de cerca lo que los ciudadanos pensaban acerca de los desaf’os y las posibles soluciones a las problem‡ticas de la ciudad cosmopolita (Alcald’a Mayor de Bogot‡ D.C. en Gomis-Balestreri, 2017). Con esto, la idea inicial se fue dejando de lado y el instrumento tecnol—gico servir’a para la participaci—n casi de manera exclusiva (Sierra en Gomis-Balestreri, 2017). Por otro lado, tenemos la experiencia con la iniciativa ÒBogot‡ AbiertaÓ, cuya plataforma se la considera amigable al usuario, con un Žxito reßejado en los m‡s de 22.000 comentarios; sin embargo, se ha detectado que el problema o debilidad se presenta con el uso que se le da a la informaci—n recopilada de manera posterior, ya Òsi bien hay un compromiso por parte de las administraciones distritales para escuchar a la ciudadan’a, siguen existiendo limitacionesÓ (Gomis-Balestreri, 2017, p. 41). Adicional a esto, existe el problema de que en la ciudad aœn hay muchas desigualdades en el acceso a las TIC, muchas veces originadas por las desigualdades econ—micas y los aœn altos niveles de analfabetismo digital. Al respecto, en palabras de la misma Alcald’a se podido identiÞcar que Òel ingreso per c‡pita es un determinante en el acceso y uso de las TIC en la ciudad, condicionando el comportamiento y la distancia tecnol—gica entre los diferentes grupos de la poblaci—n, estratos y localidades bogotanasÓ (Alcald’a Mayor de Bogot‡ D.C en Gomis-Balestreri, 2017, p. 41). Es aqu’ donde se hace necesario no s—lo montar todo un andamiaje tecnol—gico-digital por parte de las administraciones pœblicas, capacitar a los servidores pœblicos y emitir leyes que apoyen esta pol’tica de apertura y modernidad, es necesario tambiŽn atender los problemas estructurales que viven las poblaciones m‡s necesitadas en las ciudades. En Bogot‡, en su Plan de Desarrollo Distrital (2016), si bien se le da una gran relevancia al fortalecimiento de la NTIC, entre otras cosas por la intensi—n plasmada en su art’culo 49 de convertir a la ciudad en una ÒCiudad inteligenteÓ, a partir de Óincentivar la transparencia y un gobierno abierto (art. 57), modernizar las instituciones pœblicas del distrito (art. 58), donde se busca igualmente una uniÞcaci—n e interoperabilidad de los sistemas de informaci—n (art. 125)Ó (Gomis-Balestreri, 2017, p. 43), lo cierto es que Òel plan de gobierno de Bogot‡ le apuesta las NTIC pero en ningœn momento las relaciona con sus pol’ticas destinadas a la cohesi—n socialÓ (Gomis-Balestreri, 2017, p. 43). Resultado de esto podr’a verse reßejado de cierta forma en los datos arrojados por el ÒIndice de Gobierno Digital -IGD- 2018Ó, lanzados por el MinTic y que consideran factores como: 1. Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto, 2. Seguridad de la informaci—n, 3. Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial y 4. Tr‡mites y servicios en l’nea o parcialmente en l’nea. Este an‡lisis se realiz— a partir de la informaci—n proporcionada por 1.568 entidades consultadas en todo el pa’s (con una cobertura del 96,1%), y determin— que Bogot‡ obtuvo un 66,5 en su IGD, lo que la ubic— en el puesto 15 de 32 ciudades capitales. Las ciudades con mejores caliÞcaciones son Medell’n (88), que es la segunda ciudad m‡s grande e importante del pa’s, seguida de IbaguŽ (84,6), Cali (81,4) y Barranquilla (78,3); en cambio, las ciudades peor caliÞcadas son en su mayor’a de la regi—n costa o amazon’a, lo cual tamnbiŽn muestra la desigual atenci—n del gobierno central respecto a recursos e infraestrucrura. Figura 3. êndice de Gobierno Digital ÐIGD- y ranking por ciudad en Colombia (2018) Fuente: Ministerio de Tecnolog’as de la Informaci—n y las Comunicaciones (MinTic, 2018) Elaboraci—n por el autor. Ahora bien, luego del an‡lisis del IGD de forma independiente, se ha estimado oportuno el cruzarlo con la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) que mide el Departamento Administrativo Nacional de Estad’stica (DANE) y que considera la ÒcaliÞcaci—n promedio de satisfacci—n con la vida en general y otros aspectos, en personas de 15 a–os y m‡sÓ (DANE, 2018). Los resultados de este an‡lisis del coeÞciente de correlaci—n de los datos para las cuatro ciudades m‡s importantes del pa’s es de 0,8754, lo cual nos indica que existe una relaci—n directamente proporcional muy marcada entre el nivel de gobierno digital y el nivel de la calidad de vida en las ciudades del pa’s. Por otro lado, revisando de manera particular los valores, se puede observar que Bogot‡, a pesar de ser la ciudad capital y la m‡s poblada del pa’s, a nivel de gobierno digital y de calidad de vida de sus poblaciones, es superada por ciudades como Medell’n y Cali, ambas ubicadas en la zona central del pa’s tambiŽn; y s—lo supera a Barranquilla, que es una ciudad ubicada en la costa atl‡ntica. Figura 4. Encuesta de Calidad de Vida (ECV) e êndice de Gobierno Digital (IGD) para las cuatros ciudades m‡s grande del pa’s (2018) Fuente: DANE (ECV 2018), MinTic (IGD 2018). Elaboraci—n por el autor. Luego de hacer el an‡lisis de la digitalizaci—n del gobierno a nivel nacional, y luego de aterrizarlo a nivel de ciudades, se puede destacar el hecho de que Òla iniciativa e impulso ha residido principalmente en actores nacionales, conÞrmando que la digitalizaci—n ha sido tanto una pol’tica de Estado como una manera indirecta de modernizar y reaÞrmar el orden administrativo colombiano (Gomis-Balestreri, 2017, p. 37). Si bien esta conclusi—n conlleva a un resultado exitoso de las pol’ticas pœblicas centrales en los temas de la implementaci—n del GE y en general de la digitalizaci—n de las relaciones Estado-sociedad en Colombia, tambiŽn es cierto que su aplicaci—n aœn es inequitativa en el territorio, lo cual se reßeja en dos evidencias: 1) Por un lado, a nivel nacional no hay una relaci—n directamente proporcional entre los niveles de GE y la felicidad de la poblaci—n, lo cual podr’a estar reßejando que los esfuerzos del Gobierno central aœn son limitados en territorios m‡s peque–os y alejados, adem‡s de la falta de entusiasmo y recursos que podr’an estar experimentando los gobiernos locales en relaci—n a la digitalizaci—n de la administraci—n pœblica en su jurisdicci—n. 2) En segundo lugar, y relacionado con la primera evidencia, es que aunado a que el Gobierno Central le ha dado prioridad a la implementaci—n del GE en las grandes ciudades (partiendo de la capital), el Žxito de la digitalizaci—n de la administraci—n pœblica en las ciudades depende fuertemente de las pol’ticas locales que al respecto se generen. Esto se ve corroborado en los resultados mostrados en la Þgura 4, donde se pudo observar que las ciudades que mostraron mayores avances en la digitalizaci—n de sus gobiernos, tambiŽn mostraron similares niveles en lo que respecta a la calidad de vida de sus ciudadanos, lo que generalmente repercute en mayores niveles de satisfacci—n con la vida o lo que podr’a tambiŽn llamarse felicidad. Conclusiones El concepto de gobierno vertical, unidireccional y aislado qued— sin piso en la dŽcada de los a–os setenta, cuando las crisis econ—micas, sociales y democr‡ticas comenzaron a propagarse a nivel mundial. Es entonces cuando surgen ideas novedosas a cerca de las instituciones, que empezaron a valorar no s—lo las reglas formalmente establecidas, sino tambiŽn aquellas que aunque no estaban escritas, eran las que determinaban las relaciones Estado y sociedad. Estas relaciones a partir de entonces comenzaron a deÞnirse m‡s horizontales, interconectadas e interdependientes, ya que los gobiernos (la mayor’a) reconocieron que eran incapaces de resolver las crecientes y cada vez m‡s complejas demandas y necesidades sociales. En este contexto hist—rico empiezan a surgir conceptos desde la academia, que luego se fueron posicionando cada vez con m‡s fuerza en la esfera pol’tica y econ—mica. TŽrminos como Neoinstitucionalismo, la Nueva Gesti—n Pœblica y la Gobernanza empezaron a delinear y reorientar las cada vez m‡s imbricadas relaciones entre los gobiernos, los mercados y las sociedades. Esta fue la din‡mica en las postrimer’as del siglo XX, que al inicio del XXI se ver’a aunado por un factor que cambi— la forma de vida hasta el momento: las Nuevas Tecnolog’as en Informaci—n y Comunicaciones (NTIC). Con el desarrollo casi exponencial que experimentaron NTIC a partir del nuevo milenio, estos nuevos conceptos en las administraciones pœblicas se ven fortalecidos e incrementados con la aparici—n de nuevas aristas y nuevos paradigmas: se empieza a hablar de la necesidad de abrir los gobiernos a la ciudadan’a para transparentarlos y que la participaci—n y colaboraci—n de la ciudadan’a sea m‡s activa y efectiva, es entonces cuando se consolida el concepto de Ògobierno abiertoÓ. De forma paralela y de cierta forma interseccionalmente, con las ideas de la democratizaci—n de la tecnolog’a y la necesidad de que los servicios gubernamentales abarquen cada vez m‡s territorio y personas, toma fuerza el concepto de Ògobierno electr—nicoÓ como pol’tica pœblica que servir’a de medio para alcanzar un Þn mayor: el ejercicio de los derechos y el bienestar de las personas, en especial las hist—ricamente descuidadas. Colombia fue uno de los primeros pa’ses en la regi—n en comenzar a preocuparse en los temas relacionados a la bœsqueda de efectividad en la gesti—n pœblica, con acciones que datan desde mediados de la œltima dŽcada del siglo pasado. En lo posterior, con el comienzo del nuevo milenio se aterrizan de mejor manera las ideas de digitalizaci—n nacional y no es sino hasta el 2008 cuando arranca la implementaci—n de ÒGobierno en L’neaÓ a manos del MinTic, con lo cual consigue ubicarse en el 2010 c—mo la tercera naci—n de todas las AmŽricas con el mejor ’ndice de GE, s—lo superada por dos pa’ses industrializados, Estados Unidos y Canad‡. En lo posterior se reposicionar’a nuevamente Chile como referente en LatinoamŽrica, a pesar de que Colombia sigui— demostrando buenos niveles de gobierno digital. Si bien la historia colombiana en relaci—n al GE en el nuevo milenio se la puede catalogar de exitosa, no todo es color de rosa: Es de notar que la evaluaci—n de Rodr’guez (2006) sobre el estado de avance del gobierno electr—nico en Colombia a nivel municipal, regional y nacional (p. 121) coincide con el propio diagn—stico estatal antes de 2010: a) ausencia de coordinaci—n; b) digitalizaci—n predominantemente est‡tica (sin interacci—n real); c) grandes desigualdades de acceso y oferta de NTIC por regiones; d) impacto reducido de la digitalizaci—n (Gomis-Balestreri, 2017, p. 35). Este diagn—stico hecho hace casi una dŽcada, a tiempos actuales muestra un quiebre, y es precisamente tal vez el mayor hallazgo de esta investigaci—n: Si bien la capacidad de gesti—n administrativa del gobierno central mejor— en el territorio a partir del impulso dado al GE, esto no se ha visto reßejado en una mejora de la calidad de vida en todo el territorio nacional, considerando de forma especial que en los lugares m‡s alejados y olvidados de la Patria aœn queda mucho por hacer, en especial en la articulaci—n de la digitalizaci—n con pol’ticas publicas socio-econ—micas y sobre todo las que deben impulsar los gobiernos locales en asocio al sector productivo; mientras que, por otro lado, en aquellas ciudades grandes, con mayores recursos, poblaci—n y decisi—n pol’tica han podido experimentar crecimiento sostenido, tanto de los niveles de digitalizaci—n como del estado de bienestar de sus poblaciones. Referencias bibliogr‡Þcas Acu–a, C. (2013). 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