pp 51 - 68 
Innovaciones del silencio administrativo en el Ecuador 
Innovations of silence procedure  in Ecuador 
Joselyn Isabel Laines Bravo, 
jilaines_est@utmachala.edu.ec 

Joselyn Vanessa Macas Parrales 
jvmacas_est@utmachala.edu.ec 


RESUMEN 
El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo el an�lisis de las innovaciones del silencio administrativo en el Ecuador mediante el estudio cr�tico del nuevo C�digo Org�nico Administrativo, mismo que entr� en vigencia el 07 de julio del a�o 

Jos� Eduardo Correa Calder�n, 
jecorrea@utmachala.edu.ec 
Fecha de ingreso: 19 / 9 / 18 Fecha de aprobaci�n: 26 / 3 / 19 
2018. El silencio administrativo, como consecuencia del derecho constitucional de petici�n y que representa una soluci�n para las personas que han presentado solicitudes o reclamos ante la administraci�n p�blica, ha tenido una signi�cativa transformaci�n con la entrada en vigencia del nuevo C�digo Org�nico Administrativo (COA). As�, analizamos su fundamentaci�n en el derecho de petici�n, sus modi�caciones para su con�guraci�n en sede administrativa y realizamos una cr�tica a la reforma en cuanto a su exigibilidad, que pas� de la justicia contencioso administrativa a la justicia ordinaria en los juzgados civiles. 


Palabras clave: 
Silencio administrativo, derecho de petici�n, acto administrativo presunto. 

ABSTRACT 
The objective of this article was to analyze the innovations of Silence procedure in Ecuador through the critical study of the new Organic Administrative Code, which entered into validity on July 8, 2018. The silence procedure, as a consequence of the constitutional right of petition, and which represents a solution for people who have presented requests or claims before the government, has undergone a signi�cant transformation with the entry into force of the new Organic Administrative Code (OAC). Thus, we analyze its foundation on the right of petition, its modi�cations for its con�guration in the administrative proceedings and we carry out a critique of the reform in terms of its enforceability, which went from administrative litigation to ordinary justice in civil courts. 
keywords: 
Silence procedure, right of petition, presumed administrative act. 



1. INTRODUCCI�N 


En la historia antigua, �los Reyes, Zares, Monarcas, Faraones encontraron en el silencio una forma de negar lo pedido�, lo que actualmente conocemos como silencio con efecto negativo, �este silencio administrativo se fue alojando en el Derecho Constitucional, para terminar, siendo desarrollado por el Derecho Administrativo como un mecanismo necesario de gesti�n, tanto para el Administrado como para el Estado.� (Villanueva-Haro, 2013, p. 40). De ah�, el silencio de la administraci�n no naci� como un bene�cio para los ciudadanos, puesto que, si el peticionario no obten�a respuesta, esta de todos modos siempre tendr�a un sentido negativo. Sin embargo, su desarrollo fue elemental, pues pas� a convertirse en una �gura primordial dentro del Derecho Administrativo. Conforme transcurren los a�os, la instituci�n del silencio administrativo se implanta en Francia debido a la aparici�n de dos expresiones: �uno, la resistencia indomable de la Administraci�n a resolver expresamente todos sus procedimientos; otro, los �ltimos estertores del moribundo car�cter revisor de la Jurisdicci�n Contencioso-Administrativa.� (Garc�a-Perez, 2013, p. 59), el silencio tiene sus or�genes debido a la costumbre de las Instituciones Administrativas de resolver de manera tard�a las peticiones realizadas por las personas, 
o en tal caso; el hecho de no resolverlas. No obstante, esto sirvi� para impulsar la Jurisdicci�n Contencioso�Administrativa que en ese entonces ten�a un escaso car�cter revisor, re�ri�ndonos a que deb�a existir una acci�n administrativa previa para poder tener acceso a dicha v�a. 
De la misma manera, el nacimiento de esta �gura fue elemental para marcar un impedimento o establecer una especie de �se�al de pare� a la mala voluntad de la gesti�n p�blica, la cual por conveniencia tiende muchas veces a no emitir contestaci�n alguna a las solicitudes que recibe, sin al menos contar con una justi�caci�n v�lida, y, adem�s, sin considerar que aquello puede signi�car un perjuicio al administrado. Es aqu� que el silencio administrativo aparece como una respuesta ante tales situaciones, dado que �la �gura del Silencio Administrativo tiene como objetivo, precisamente, limitar el autoritarismo y la arbitrariedad� (Cordero-Ord��ez, 2009, p. 40). 


En todo caso, el silencio administrativo bien puede de�nirse como la falta de respuesta de parte de la administraci�n p�blica ante cualquier petici�n 
o solicitud realizada por las personas administradas quienes se encuentran ejerciendo su derecho constitucional de petici�n. Dicho de otra forma, cuando �el �rgano administrativo se abstiene durante largo tiempo de manifestar su voluntad, pese a ser requerido para tal efecto por alg�n particular y a estar obligado a contestarle� (Fern�ndez-Ruiz, 2015, p. 60). Con la entrada en vigencia de la norma org�nica administrativa, se rati�ca la existencia, reconocimiento y regulaci�n de la �gura del silencio administrativo en el Ecuador, oportunas primicias que llaman la atenci�n del presente trabajo 
investigativo,  que  puntualiz�  
como  su  objetivo,  en  esencia,  
el  an�lisis  de  las  innovaciones  

del silencio administrativo en el Ecuador mediante el estudio cr�tico del nuevo C�digo Org�nico Administrativo puesto en vigencia el d�a 07 de julio del 2018. 
El presente estudio, se sustenta en la jurisprudencia vinculante, normativa legal y bibliograf�a especializada en �mbito del Derecho Administrativo, con el empleo del m�todo exeg�tico, comparativo y anal�tico-sint�tico, partiendo desde la esencia de la instituci�n llamada �silencio administrativo� cuyo fundamento es el derecho de petici�n. Para realizar un estudio minucioso de la con�guraci�n del silencio en sede administrativa y sus caracter�sticas y problem�ticas de su ejecuci�n en la v�a judicial, con la �nalidad de sintetizar el macro-aspecto del silencio administrativo logrando combinar de manera general lo analizado para llegar a una conclusi�n. 

2. DESARROLLO 


Las innovaciones del silencio administrativo en el Ecuador se hace notoria con la entrada en vigencia del C�digo Org�nico Administrativo desde del 07 de julio de 2018, la cual hace �nfasis en los siguientes temas: primero, el derecho de petici�n como fundamento del silencio administrativo; segundo, el silencio administrativo en el COA y su perfeccionamiento en sede administrativa; y, tercero, ejecuci�n del silencio administrativo en la v�a judicial. Una cr�tica a las posibles 

complicaciones. 
Derecho de Petici�n como fundamento del silencio administrativo 
La importancia que ha representado la existencia del derecho de petici�n desde su nacimiento hasta la actualidad no est� en tela de discusi�n, �apareciendo en las principales declaraciones de derechos de los siglos XVII y XVIII, como son el Bill of Rights ingl�s del 13 de febrero de 1689 en su punto VI, que asegura a los s�bditos el derecho de petici�n ante el Rey� (Nogueira-Alcal�, 2008, p. 87-88), de manera que, el alcance del derecho de petici�n lleva siendo reconocido desde hace siglos, otorg�ndose como una oportunidad que reca�a en manos de los s�bditos y de ellos depend�a su ejercicio frente al rey, sin que tuviesen temor alguno a que como peticionarios llegasen a padecer y ser v�ctimas de represalias por parte de la monarqu�a, sino m�s bien todo lo contrario, se efectuaba el derecho de petici�n gozando de la debida protecci�n de su libertad. 
Con el transcurso de los a�os, el derecho de petici�n fue evolucionando en los primeros cuerpos legales de la historia. La Constituci�n de Francia de 1791 reconoc�a efectivamente este derecho como un derecho propio, los habitantes pod�an presentar solicitudes o peticiones de car�cter personal a las autoridades que ya se encontraban establecidas. No obstante, el derecho de petici�n no surgi� consider�ndose un derecho como tal, sino como una d�diva concedida a la ciudadan�a, por lo tanto, se lo �guraba como una petici�n de derechos, la misma que era presentada para exigir el respeto de los mismos, incluyendo el respeto de sus privilegios, de acuerdo a los estamentos que se sent�an afectados. En tal virtud, se ve�a plasmada visiblemente la ausencia de igualdad, situaci�n que rotundamente en la actualidad ha presentado un cambio radical y efectivo. En nuestros d�as, el derecho de petici�n pas� de ser un favor a convertirse en un derecho fundamental de la ciudadan�a, �constituye, as�, un derecho de participaci�n pol�tica, que se ejerce ante las C�maras; no es un instrumento para reclamar el respeto de derechos, que en un Estado constitucional solo puede hac�rselo ante la funci�n judicial� (Cordero-Ord��ez, 2009, p. 22). 


Dicho esto, podemos resaltar que la caracter�stica principal del derecho de petici�n va m�s all� de que la ciudadan�a tenga la facultad de presentar solicitudes 
o peticiones sea cual sea la raz�n de las mismas, la m�dula del derecho de petici�n incluye que estas peticiones tengan su debida respuesta, �el n�cleo esencial del derecho de petici�n en cualquiera de sus modalidades lo conforma la pronta resoluci�n a la solicitud y que dicha resoluci�n sea de fondo, es decir, que tenga relaci�n con el objeto de la petici�n� (T�llez-Roncancio, 2009, p. 68), sin importar si la respuesta o resoluci�n es negativa ante lo que se pide, el solicitante debe obtener su respuesta en un tiempo breve 

o dentro del plazo establecido acorde a la materia involucrada, por lo tanto,�el derecho de petici�n incluye el deber intr�nseco de la autoridad competente de recibirlo, exteriorizando tal recepci�n, el tenerlo en consideraci�n y el de responder razonadamente al interesado� (Nogueira-Alcal�, 2008, p. 93). 


Finalmente, pronunciando de forma breve sobre del derecho de petici�n en la legislaci�n ecuatoriana, este derecho se ha encontrado presente desde la primera Carta Magna (1830) en el art. 66, en dicha constituci�n se pod�an reclamar derechos ante la autoridad p�blica siempre y cuando se actuara con respeto, y se especi�caba que no se pod�an presentar peticiones a nombre de la poblaci�n sin que la autoridad p�blica lo permitiese a trav�s de una orden escrita autorizando el colecto de sufragios. Actualmente, en la constituci�n vigente (2008) el derecho de petici�n se encuentra determinado en el art. 66 no. 23, indicando que puede ser ejercido hacia las autoridades de modo tanto individual como colectivo, resaltando que quienes ejerzan este derecho adem�s deben recibir la correspondiente atenci�n o las respuestas con su respectiva motivaci�n, especi�cando as� tambi�n que, bajo el nombre del pueblo, no se podr�n dirigir peticiones. Asimismo, el derecho de petici�n en el actual C�digo Org�nico Administrativo (2017) est� estipulado en el art. 32, se�alando que puede ser ejercido individual o colectivamente, receptando una contestaci�n motivada y oportuna. 

El silencio administrativo en el COA y su perfeccionamiento en sede administrativa. 
La entrada en vigencia del nuevo C�digo Org�nico Administrativo (COA) en julio del a�o 2018, derog� la Ley de Modernizaci�n del Estado y reform� de diversas leyes incluyendo el C�digo Org�nico General de Procesos, por lo que, como era de esperarse, se han generado cambios en diversas cuestiones, y la �gura jur�dica del silencio administrativo no es la excepci�n, tambi�n ha sido objeto de notorias modi�caciones en v�a administrativa y judicial. Para efectos del presente estudio, se enfoca en la v�a administrativa los cinco ejes primordiales que marcan un antes y un despu�s del silencio de la administraci�n en la normativa ecuatoriana, para proceder a la v�a judicial y su correspondiente ejecuci�n. 
Primero, hoy en d�a el silencio administrativo se encuentra regulado en el art�culo 201 numeral 2 del COA, consider�ndose como una de las siete formas establecidas para la terminaci�n el procedimiento administrativo. 
Anteriormente no era as�, con la Ley de Modernizaci�n del Estado se hac�a referencia al silencio administrativo dentro de su art�culo 28, donde se regulaba el ejercicio del derecho de petici�n. Sin embargo, la �gura del silencio administrativo tiene como fundamento la protecci�n y/o tutela del derecho de petici�n reconocido constitucionalmente en el ordenamiento ecuatoriano, cuya consecuencia inmediata es la respuesta motivada de parte de la Administraci�n. 
Segundo, se se�ala que las solicitudes o reclamos dirigidos a la administraci�n p�blica deber�n ser resueltas en el t�rmino de treinta d�as, ampliando dicho t�rmino al doble, es decir, del plazo de quince d�as que existi� por muchos a�os en Ecuador se aumentaron quince d�as para que se brinde tal resoluci�n, siendo un total de treinta d�as con los que hoy cuenta la Administraci�n para atender las peticiones que le realicen. 
Tercero, frente a la falta de respuesta operar� el silencio administrativo positivo, igual que como constaba en la Ley de Modernizaci�n del Estado, esto quiere decir que las peticiones se entender�n aceptadas por la Administraci�n. Aqu� es importante anotar que el COA no hace ninguna distinci�n, como si lo hac�a la Ley de Modernizaci�n del Estado que inclu�a en el art�culo 28 sobre el derecho de petici�n la frase �salvo que una norma legal expresamente se�ale otro distinto�, lo que incrementa la rigidez de la norma poniendo en apuros a los servidores p�blicos cuando se enfrenten a otros cuerpos normativos. 


Cuarto, como producto del silencio administrativo surge el acto administrativo presunto. Para emprender este tema es necesario en primer lugar comprender �Qu� es el acto administrativo?, de�ni�ndose como aquel acto emitido por la administraci�n p�blica, solicitado anteriormente por el administrado puede otorgar 
o denegar derechos y generar obligaciones. H�ctor Lozano Rojas citando a Catalina Escu�n de�ne al acto administrativo como �actos de la administraci�n p�blica que crean, modi�can o extinguen derechos subjetivos o individuales� (Lozano-Rojas, 2017, 

p. 
18). Sobre el acto administrativo presunto, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia estableci� 


que �es aquel que surge como consecuencia de la inactividad de la administraci�n p�blica, esto es del servidor p�blico y de las personas que act�an en virtud de una potestad estatal� (Juicio No. 272-11-FM, 2014). 
En base al conocimiento sobre el acto administrativo es necesario hacerse la pregunta de si �el silencio administrativo constituye un acto administrativo? Pues alrededor de este tema se manejan varias teor�as referentes a si es o no un acto administrativo, para ello es necesario analizar que un acto administrativo es la voluntad de la Administraci�n escrito mediante una resoluci�n, sin embargo, cuando no existe una respuesta por su parte en el plazo establecido, la ley da la opci�n a los peticionarios de buscar una respuesta por medio del silencio administrativo, esa respuesta puede ser de efectos positivos o negativos y es considerado un acto presunto por la omisi�n de la Administraci�n, ante ello la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia en la Resoluci�n N� 656.2013 estableci� que �la petici�n debe ser conforme a derecho, y no contraria al ordenamiento jur�dico� (Juicio No. 278-2011, 2013) . 

En el Ecuador se encuentra legislado el silencio con efectos positivos y varias de las teor�as sobre si es un acto administrativo se manejan en que el positivo es el que verdaderamente desemboca como un acto administrativo, debido a que �el silencio positivo sustituye esta t�cnica de la autorizaci�n o aprobaci�n por la de un veto susceptible de ejercitarse durante un plazo limitado, pasado el cual lo pedido por el requirente se entiende otorgado� por ello se argumenta que �el silencio positivo es un verdadero acto administrativo, equivalente a esa autorizaci�n o aprobaci�n a las que sustituye�. (Galindo-Morell, 2008, p. 27) 
Sin embargo, pese a todas estas manifestaciones, es necesario recordar que los actos administrativos tienen su fundamento en la voluntad de la administraci�n, la cual, no existe cuando se acciona el silencio administrativo, por ello H�ctor Lozano Rojas citando a Manuel Diez establece que �no es un acto administrativo ya que no existe una manifestaci�n de la voluntad�. (Lozano-Rojas, 2017, p. 19) 
Volviendo al an�lisis de este ac�pite. Quinto, el acto administrativo presunto que surge como consecuencia del silencio no deber� incurrir en ninguna de las causales de nulidad establecidas por el actual C�digo Org�nico 
Administrativo Art. 105. El expresa lo siguiente: 
Causales de nulidad del acto administrativo. Es nulo el acto administrativo que: 
1. 	
Sea contrario a la Constituci�n y a la ley. 

2. 	
Viole los �nes para los que el ordenamiento jur�dico ha otorgado la competencia al �rgano o entidad que lo expide. 

3. 	
Se dict� sin competencia por raz�n de la materia, territorio o tiempo. 

4. 	
Se dict� fuera del tiempo para ejercer la competencia, siempre que el acto sea gravoso para el interesado. 

5. 	
Determine actuaciones imposibles. 




6. 	
Resulte contrario al acto administrativo presunto cuando se haya producido el silencio administrativo positivo, de conformidad con este C�digo. 

7. 	
Se origine en hechos que constituyan infracci�n penal declarada en sentencia judicial ejecutoriada. 

8. 
Se origine de modo principal en un acto de simple administraci�n (p.14) 


Entonces, veri�cados esos cinco elementos, el silencio administrativo se perfecciona en sede administrativa frente a la falta de respuesta por parte de la Administraci�n. La Administraci�n P�blica es aquella parte fundamentaldelEstadoreceptadora de solicitudes, de peticiones, de reclamos, entre diversos derechos que tienen los administrados amparados en principios como el de seguridad jur�dica, entre otros. �Se pronuncia mediante actos, frecuentemente enlazados en un procedimiento, cuya culminaci�n es la resoluci�n� las mismas que son actos administrativos emitidos por las instituciones de car�cter p�blico, estos actos dirigidos al peticionario le pueden otorgar �derechos y obligaciones que inciden en situaciones jur�dicas concretas, reconoci�ndolas, cre�ndolas, modi�c�ndolas o extingui�ndolas.� (Meil�n-Gill, 2012, p. 276) 
La Administraci�n es el ente esencial y generador de orden para la sociedad, pues es la que regula el sector administrativo de un Estado, tiene el contacto con los servidores p�blicos pol�ticos del pa�s y la ciudadan�a, buscando con ello un �n que es satisfacer los intereses de las personas, ya sea de manera individual o de manera colectiva. De la misma manera, es considerada como un operador o impulsador de los objetivos que persigue el Estado por cuanto �tiene el deber como principio general de pronunciarse sobre las cuestiones que se le plantean, bien sea en sede de recursos o de peticiones particulares� (G�mez-Rey & Rodr�guez, 2012, p. 16). 
Eldeber desolucionarlaspeticiones dirigidas hacia la Administraci�n es una regla a seguir de manera estricta por parte de sus servidores administrativos y autoridades, cuya omisi�n, inclusive, genera por s� sola una respuesta. Esta inactividad que ocurre con la administraci�n ha sido estudiada y cada legislaci�n ha decidido implementar elementos que contrarresten esta situaci�n, estos elementos o mecanismos son los sancionadores sobre la responsabilidad de la administraci�n que recae sobre aquellos servidores p�blicos que producen la inactividad, as� mismo son los mecanismos para impedir la inacci�n de la administraci�n que ser�an estrategias que impidan la no respuesta a los administrados y por �ltimo, representan el mecanismo de �cci�n jur�dica que cali�ca el silencio de la administraci�n como un acto presunto de aceptaci�n caracteriz�ndose con el hecho de que la ley reconoce que si no hay respuesta es porque se acept� el pedido (Desprairies, 2016, p. 273). 

Ejecuci�n del silencio administrativo en la v�a judicial. Una cr�tica a las posibles complicaciones. 
Una vez perfeccionado el silencio en la v�a administrativa, corresponde revisar los tres aspectos fundamentales a trav�s de la v�a judicial. Primero, el acto administrativo presunto que se deriva del silencio administrativo ser� considerado como t�tulo de ejecuci�n, as� lo indica el art�culo 207 del C�digo Org�nico Administrativo, se exigir� el cumplimiento de lo que se con�gura en este. Se debe recordar que un t�tulo de ejecuci�n es un documento que mediante el poder que le otorga la ley, contiene una obligaci�n clara, expresa y exigible, teniendo as� a trav�s de la misma los elementos fundamentales o su�cientes para que se demande el cumplimiento de dicha obligaci�n. En otras palabras, el t�tulo de ejecuci�n es un documento escrito que posee una obligaci�n que cumple con los requisitos necesarios, la cual debe ser ejecutada conforme lo establezca la ley. Los t�tulos de ejecuci�n se encuentran contemplados en el art�culo 363 del C�digo Org�nico General de Procesos, a los que hoy se suma el acto presunto que surge como consecuencia del silencio administrativo. 
Segundo, entre los requisitos que deber� presentar el peticionario en la solicitud de ejecuci�n consta la declaraci�n juramentada de no haber recibido respuesta en el t�rmino previsto y el original de petici�n con fe de recepci�n. Adem�s, indirectamente, se exige que el acto administrativo presunto no sufra de vicios de pleno derecho y que incurra en las causales establecidas que determinan la imposibilidad de convalidarlo, ya que de lo contrario se obliga al juzgador a ordenar el archivo de la solicitud por motivo de inejecutabilidad del acto, lo cual, aunque no de forma clara, se interpreta del inciso �nal del mismo art�culo 207. 


Tercero, el procedimiento de ejecuci�n del acto administrativo tambi�n se modi�c�. Con las reformas, se procesar� conforme lo establece el agregado art�culo 370 A del C�digo Org�nico General de Procesos, en el Art�culo 370 A. expresa: 
Ejecuci�n por silencio administrativo. Si se trata de la ejecuci�n de un acto administrativo presunto, la o el juzgador convocar� a una audiencia en la que oir� a las partes. Corresponde a la o al accionante demostrar que se ha producido el vencimiento del t�rmino legal para que la administraci�n resuelva su petici�n, mediante una declaraci�n bajo juramento en la solicitud de ejecuci�n de no haber sido noti�cado con resoluci�n expresa dentro del t�rmino legal, adem�s acompa�ar� el original de la petici�n en la que aparezca la fe de recepci�n (p.47). 
Aqu� encontramos un problema. A diferencia de lo indicado anteriormente, la regla que se agrega al C�digo General de Procesos no contempla el an�lisis respecto de la validez del acto, �nicamente exige justi�car y demostrar los t�rminos entre la solicitud y la falta de respuesta. Junto con la expedici�n del nuevo C�digo Org�nico Administrativo en el Ecuador tambi�n vinieron acompa��ndolo notables cambios. As�, el silencio administrativo sufri� varios de estos cambios, algunos positivos como la modi�caci�n en lo referente al plazo establecido para la ejecuci�n del silencio administrativo, pero otros no tanto, como el tema de la ejecuci�n en la v�a judicial. 
Hace muy poco, apenas en el a�o 2016, entraba en vigencia el C�digo Org�nico General de Procesos (COGEP) y por primera vez se contemplaba de manera clara la forma de exigir los bene�cios del silencio administrativo. Derogada la Ley de la Jurisdicci�n Contencioso Administrativa aparecieron con el COGEP las acciones contenciosas y, entre ellas, las Acciones Especiales que inclu�an la ejecuci�n del silencio en procedimiento sumario. En el presente, con el COA, esta �gura debe ser sustanciada a trav�s de un procedimiento de ejecuci�n, antes jueces distintos, pues se resuelve ante un Juez Com�n de lo Civil, y no ante un Tribunal Contencioso Administrativo como tradicionalmente lo hab�amos conocido. 

Despu�s de todo lo expuesto, es necesario preguntarnos, �estos cambios que ha tra�do consigo la vigencia del nuevo C�digo Org�nico Administrativo son positivos? La respuesta se divide. Por un lado, los cambios podr�an ser positivos puesto que, en primer lugar, acceder ante un Juez de lo Civil es menos di�cultoso que acceder a la Justicia Contencioso Administrativa, debido que, es evidente que tiene muchas m�s instalaciones a nivel nacional que los Tribunales Contenciosos Administrativos, los que solamente cuentan con instalaciones en cuatro ciudades del pa�s, resulta menester analizar que los Jueces miembros de un Tribunal Contencioso Administrativo poseen el conocimiento su�ciente para resolver con�ictos que se generan por alguna acci�n de servidores e instituciones p�blicas. Adem�s, lo que sin duda resulta un cambio positivo, es la salvaguarda del principio de doble conforme, problema que a�n no ha sido superado en la justicia contencioso administrativa y que los tr�mites ante los jueces civiles si lo permitir�an. 
No obstante, es imprescindible establecer que, usualmente, los operadores de justicia vinculados a la corriente civilista encierran su experiencia en asuntos entre personas naturales o jur�dicas que se sienten perjudicadas ya sea contra su persona o a nivel econ�mico, marcando as� una diferencia de manera abismal se resuelve en el �mbito administrativo, donde es el juez quien debe precautelar el buen funcionamiento de la Administraci�n frente a los administrados y los intereses del Estado. Y no es que se pretenda negar o menospreciar la sana critica de los Jueces en el rama Civil, pero el principio de especializaci�n exige algo distinto, donde cada quien debe desarrollarse en lo que le corresponde y en donde tiene un mejor desenvolvimiento para evitar problemas futuros donde la ciudadan�a ser� la �nica y mayor afectada. 


Esto signi�ca que, en la actualidad se avecinar�a un gran problema jur�dico, pues, hasta que los jueces designados por el COA para que cumplan la funci�n de resolver los con�ictos que genera la �gura jur�dica del silencio administrativo, logren llegar a adquirir la debida experiencia ante lo que ser�a la sustanciaci�n del mismo, se generar�n tropiezos que no signi�car�n m�s que consecuencias negativas para los administrados que acudan por este tipo de acci�n, e incluso podr�a llegar a darse un perjuicio que podr�a afectar los intereses del Estado, pues recordemos que al momento de darse una resoluci�n se debe considerar si lo pedido est� dentro de lo que se puede conceder a los ciudadanos, pues ser�a di�cultoso para los servidores p�blicos administrativos dar por concedido algo que despu�s de una revisi�n hubiere sido denegado.

  3. CONCLUSIONES 

El silencio administrativo y el derecho de petici�n siempre han compaginado y seguir�n manteniendo esta cualidad. No importa si el silencio es positivo 
o negativo, �ste siempre tendr� su fundamento en el derecho constitucional de petici�n, puesto que la �gura del silencio administrativo signi�c� la consolidaci�n del mismo como un derecho propio. En base al desarrollo estructural de este art�culo se ha logrado evidenciar que el silencio administrativo ha tenido una notable transformaci�n desde su primera aparici�n hasta la actualidad. En las primeras l�neas de este estudio, el silencio 

car�cter positivo, otorg�ndole un contenido favorable a la petici�n no resuelta por la administraci�n p�blica en el t�rmino establecido, entendi�ndose que el reclamo 

o la solicitud presentada por los ciudadanos ha sido resuelta de manera conveniente sin verse afectada por la falta de respuesta en el t�rmino establecido en la norma. Claro est�, para que el silencio administrativo se produzca, el acto administrativo presunto que surja con la petici�n, no debe incidir en las causales de nulidad prescritas por la ley correspondiente. De igual manera, es necesario recordar que el silencio administrativo no engloba �nicamente la falta de contestaci�n, para que el mismo 


administrativo  inici�  con  un  
sentido  negativo  y  hoy  en  d�a  
tiene  tendencias  doctrinarias  de  



logre materializarse debe carecer de la debida noti�caci�n en el periodo establecido. 
Para concluir, las modi�caciones que incluye el actual C�digo Org�nico Administrativo en comparaci�n a la regulaci�n de varios c�digos anteriores que comprend�an el estudio del derecho administrativo, son muy notorias y hasta se podr�a mencionar que en cierto punto pueden ser controversiales. En el presente art�culo hemos realizado una cr�tica jur�dica acerca de dichos cambios y las probables consecuencias que se podr�an generar. No obstante, esperamos que este nuevo C�digo cumpla 


REFERENCIAS 

con el objeto de regular el ejercicio de la funci�n administrativa de los organismos que conforman el sector p�blico, para que signi�que tanto un avance en la legislaci�n ecuatoriana como la protecci�n de los derechos del administrado conformado por la ciudadan�a, que toda la modi�caci�n legislativa sea una optimizaci�n de los tr�mites administrativos y que refuerce el derecho a la seguridad jur�dica de las personas regulado en el art�culo 82 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador teniendo como objetivo que ning�n accionar del sector administrativo perjudique lo establece la Carta Magna. 

Agirreazkuenaga-Zigorraga, I. (2010). La administraci�n no puede bene�ciarse de su silen.cio. Revista Vasca de Administraci�n P�blica(87-88), 25-45. Recuperado el 5 de Agosto de 2018, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3401863 
Asamblea Nacional (2017). C�digo Org�nico Administrativo. Quito: Registro O�cial No. 31 del 07 de julio de 2017. 
Ballesteros-Moffa, L. �. (2014). La inactividad de la administracion frente al �derecho a saber� del ciudadano. Revista Jur�dica Castilla y Le�n(33), 1-29. Recuperado el 5 de Agosto de 2018, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4699931 
Benito-Villanueva, H. (2013). El divorcio entre el Estado y el administrado. La inactividad administrativa en el Per� y en el derecho comparado. VIA IURIS. 

Constituci�n Rep�blica de Ecuador. (2008). Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador. Carta Magna, Quito. Recuperado el 25 de 06 de 2018, de https://www.asambleanacional. gob.ec/sites/default/�les/documents/old/constitucion_de_bolsillo.pdf 
Cordero-Ordo�ez, P. (2009). El silencio administrativo. Cuenca: El Conejo. 
Desprairies, A. (2016). El silencio administrativo positivo en el derecho franc�s: estudio de la perspectiva de la reforma del 12 de noviembre de 2013. Administraci�n & cidadan�a: revista da Escola Galega de Administraci�n P�blica, 11(1), 271-289. Recuperado el 23 de Julio de 2018, de https://goo.gl/r3BWWr 
Fern�ndez-Ruiz, J. (2015). La administraci�n p�blica ante los derechos de los particulares. Revista de Ciencias Jur�dicas N� 136(136), 43-68. Recuperado el 25 de Julio de 2018, de https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/21545/21795 
Galindo-Morell, P. (2008). El r�gimen del silencio administrativo. Cuadernos de Derecho Locas(17), 20-37. Recuperado el 2 de Agosto de 2018, de https://dialnet.unirioja.es/ servlet/articulo?codigo=2742487 
Gallego-Alcal�, J. D. (2018). Estudio pr�ctico del deber de expedir certi�cado acreditativo del silencio administrativo por parte del �rgano municipal competente. (W. Kluwer, Ed.) Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista t�cnica especializada en administraci�n local y justicia municipal(5), 99-108. Recuperado el 26 de Julio de 2018, de https://goo.gl/b8M7FM 
Garc�a-Perez, M. (2013). Silencio administrativo en espa�a. Misi�n Jur�dica: Revista de Dere.cho y Ciencias Sociales, 6(6), 85-94. Recuperado el 25 de Julio de 2018, de https:// dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5167581 
G�mez, L. (2010). Un espacio para la investigaci�n documental. Revista Vanguardia Psicol�.gica Cl�nica Te�rica y Pr�ctica, 1(2), 226-233. Recuperado el 25 de Agosto de 2018, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4815129 
G�mez-Rey , A., & Rodr�guez, G. A. (2012). El silencio administrativo positivo temporal en materia ambiental a la luz del decreto-ley 019 de 2012. Revista JAVERIANA, 12(2), 11-43. Recuperado el 26 de Julio de 2018, de http://revistas.javerianacali.edu.co/ index.php/criteriojuridico/article/viewFile/618/808 

G�rriz-G�mez, B. (2009). El plazo para interponer el recurso contencioso - administrativo en los casos de desestimaciones presuntas por silencio administrativo. Bolet�n del Mi.nisterio de Justicia(2099), 3013-3033. Recuperado el 26 de Julio de 2018, de https:// dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4017573 
Huapaya-Tapia, R. (2015). El derecho constitucional del debido proceso administrativo en la Ley de Procedimiento Administrativo General de la Republica del Per�. Revista de Investiga��es Constitucionais, 2(1), 137-165. Recuperado el 2 de Agosto de 2018, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5840021 
Huerta-Ochoa, C. (2015). El car�cter administrativo del derecho a la informaci�n. Bolet�n Mexicano de Derecho Comparado(142), 149-183. Recuperado el 22 de Julio de 2018, de https://goo.gl/6H5wk2 
Jim�nez Navarro, M. (2010). El silencio administrativo positivo en los servicios sociales. Re.vista de Trabajo y Acci�n Social(47), 66-88. Recuperado el 27 de Julio de 2018, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3654039 
Jurisprudencia: Juicio No. 272-11-FM, 681-2014 (Corte Nacional de Justicia 15 de Septiembre de 2014). 
Jurisprudencia: Juicio No. 278-2011, 656-2013 (Corte Nacional de Justicia 22 de Octubre de 2013). 
Lozano-Rojas, H. E. (2017). �El Silencio Administrativo como consecuencia de la vulneraci�n del Derecho de Petici�n, en el �mbito de las Inspector�as de Trabajo de la provincia de Los R�os. Guayaquil, Guayas, Ecuador. Recuperado el 24 de Julio de 2018, de https://goo.gl/4MfoCX 
Meil�n-Gill, J. (2012). El silencio de la administraci�n. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coru�a(16), 275-295. Recuperado el 1 de Agosto de 2018, de ht.tps://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/12040 
Murcia-Bare�o, J. A. (2014). Protecci�n del consumidor sobre las resoluciones emitidas por la superintendencia de servicios p�blicos domiciliarios en relaci�n con la defen.sa de los derechos e intereses de los usuarios durante el per�odo 2004-2013. VIA IURIS(17), 47-61. Recuperado el 5 de Agosto de 2018, de http://www.redalyc.org/ articulo.oa?id=273940436003 

Nogueira-Alcal�, H. (2008). El Derecho Constitucional de Petici�n y su Insu�ciente Re.gulaci�n Legislativa. Revista de Derecho � Universidad Cat�lica del Norte, 15(2), 87-106. Recuperado el 20 de Julio de 2018, de http://www.redalyc.org/articulo. oa?id=371041323004 
Polo-Congo, B. O. (2018). El derecho de peticion y efectos del silencio administrativo positivo en el Ecuador. Recuperado el 2 de Agosto de 2018, de http://www.dspace.uce.edu. ec/bitstream/25000/15456/1/T-UCE-013-AB-285-2018.pdf 
Rodr�guez-Jim�nez, A., & P�rez-Jacinto, A. O. (2017). M�todos cient��cos de indagaci�n y construcci�n del conocimiento. Revista Escuela de Administraci�n de Nego.cios(82), 1-26. Recuperado el 19 de Septiembre de 2018, de http://www.redalyc. org/pdf/206/20652069006.pdf 
Santamar�a-Pastor, J. A. (2016). Reformas incompletas, proyectos de futuro: el r�gimen jur�di.co de las administraciones p�blicas y del procedimiento administrativo com�n. Re.vista Parlamentaria de la Asamblea Madrid(34), 13-35. Recuperado el 6 de Agosto de 2018, de https://goo.gl/4BCcPR 
Soto-Carrillo, G. (2012). El plazo de caducidad ante el silencio administrativo negativo en la ley del proceso contencioso- administrativo: el caso de los procedimientos trilatera.les. THEMIS Revista de Derecho(61), 287-318. Recuperado el 3 de Agosto de 2018, de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/9045/9457 
T�llez-Roncancio, C. A. (2009). Los conceptos de participaci�n al interior de las juntas admi.nistradoras locales. Revista VIA IURIS, 60-77. Recuperado el 20 de Julio de 2018, de http://190.242.99.229/index.php/ViaIuris/article/view/66 
Villanueva-Haro, B. (2011). Tratamiento jur�dico del silencio administrativo: confusiones, problemas y nuevas perspectivas. Derecho y Cambio Social(25), 1-12. Recuperado el 23 de Julio de 2018, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5497976 
Villanueva-Haro, B. (2013). El divorcio entre el estado y el administrado. la inactividad ad.ministrativa en el Per� y en el derecho comparado. Revista VIA IURIS(14), 39-52. Recuperado el 1 de Agosto de 2018, de https://goo.gl/4XS23y 
Zhunio-Ordo�ez, F. M. (2015). Necesidad de regular el procedimiento en la ley de la jurisdic.ci�n contenciosa administrativa para la aplicaci�n del silencio administrativo. 104. Recuperado el 26 de Julio de 2018, de https://goo.gl/n3RPZA