Los retos de la inclusión sociolaboral de migrantes haitianos en Mexicali, Baja California, 2021-2022 Challenges of the Socio-Labor Integration of Haitian Migrants in Mexicali, Baja California, 2021-2022 Baja Californiamanta Mexicali kitillipi haitimanta shamushka runakunata imasha llamkay kawsanaman kimichinata riman, 2021-2022 watakunapi Kenia María Ramírez Meda kenia@uabc.edu.mx ORCID: 0000-0001-8813-4422 Universidad Autónoma de Baja California Adriana Teresa Moreno Gutiérrez teresa.moreno@uabc.edu.mx ORCID: 0000-0002-3596-6708 Universidad Autónoma de Baja California (Baja California. México) Ofelia Rosales Estrella ofelia.rosales.estrella@uabc.edu.mx ORCID: 0009-0006-4479-545X Universidad Autónoma de Baja California (Baja California. México) Revista Sarance ISSN: 1390-9207 ISSNE: e-2661-6718 Fecha de recepción: 07/01/2026 Fecha de aceptación: 18/03/2026 Cita recomendada: Ramírez Meda, K., Moreno Gutiérrez, A. y Rosales Estrella, O. (2026). Los retos de la inclusión sociolaboral de migrantes haitianos en Mexicali, Baja California, 2021-2022. Revista Sarance, (56), 32 - 55. DOI: 10.51306/ (button) ioasarance.056.03 (Baja California. México) .................................................................................................................. Resumen Este artículo tiene como objetivo analizar las acciones que coadyuvaron a la integración laboral de las personas migrantes de origen haitiano que llegaron a la ciudad fronteriza Mexicali, Baja California, México, entre 2021 y 2022. Como marco conceptual, se utilizó la gestión asociada y se realizó una categorización de actores que prestan servicios de atención a las comunidades migrantes. La metodología utilizada es de tipo explicativa-descriptiva, y se recurrió a un diseño no experimental que se aplicó de manera transversal. La estrategia de recolección de información en campo se realizó mediante la formulación de entrevistas semiestructuradas dirigidas a actores clave. Los resultados muestran que, si bien se han realizado esfuerzos por los diferentes actores para colaborar en beneficio de la población migrante y contribuir a su integración sociolaboral, las acciones son manifestaciones de voluntades coyunturales y no consolidan ni institucionalizan un enfoque integral de gestión asociada. Palabras clave: atención migrante; inclusión laboral; Haití; albergues. .................................................................................................................... Abstract This article aims to analyze the actions that contributed to the labor integration of Haitian migrants who arrived in the border city of Mexicali, Baja California, Mexico, between 2021 and 2022. The conceptual framework used was collaborative management, and a categorization of stakeholders providing services to migrant communities was developed. The methodology employed was explanatory-descriptive, using a non-experimental, cross-sectional design. Data collection in the field consisted of semi-structured interviews with key stakeholders. The results show that while various actors have made efforts to collaborate for the benefit of the migrant population and contribute to their socio-labor integration, these actions reflect temporary and circumstantial efforts rather than a consolidated institutional commitment to a comprehensive collaborative management framework. Keywords: migrant assistance; labor integration; Haiti; shelters. .................................................................................................................... Tukuyshuk Kay killkaypimi riman imasha 2021-2022 watakunapi, imatalla rurarishka Mexicali, Baja California, México mamallaktapi. Paykunami mayhan haitimanta shamushka runakunata llamkayman kimichinkapak wakin ruraykunata shinashka. Chayta yachankapakmi karu llaktamanta runakunata chashkik ukukunaman rishpa tapuchishka imashalla shamushka runakunawan rimarin llamkana ukukunaman asha asha kimichinkapak. Kay maskayta shinankapakka imatalla rimashka tapuchishkataka shina shina imasha rikushkata killkashka, imashalla kawsanahukta killkashka. Shinamanmi kay yachayñantaka katishka tukuy killkaypi. Chay wasikunaman maskayta rurankapak rishpaka pikunatalla tapunata akllashpa tapuchishpa, chay hipaka tukuy rurashkataka tantachishka ashtawan hamutankapak. Chaypa katipimi rikurin imasha shuk shuk chashkik wasikuna pakta yanaparishpa llamkashpapash ashtaka sinchilla kashka kimichinkapak shamuk runakunata llamkaypi kawsaypi kimichinkapak nin. Wakinpika chayta shinashpapash sinchi kanka chay chaskihuk llaktamanta apakkuna, llaktakuna mana chayta sinchiyachishpa yanapakpi. Sapi shimikuna: shuk llakamanta shamushka runakunata rikuna; llamkaypi kimichina; Haití; chaskik wasi. .................................................................................................................... 1. Introducción El terremoto ocurrido en Puerto Príncipe, Haití, en enero de 2010 provocó una devastación sin precedentes y cobró la vida de más de 200 000 personas (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, s.f.). Como consecuencia, se intensificaron los desplazamientos internos y la búsqueda de alternativas en el exterior. En este contexto, Brasil emergió como una opción para el asentamiento de los desplazados. Ante la llegada masiva de haitianos, el Consejo Nacional de Inmigración (CNI) aprobó, el 16 de marzo de 2011, la residencia permanente por razones humanitarias, medida que se extendió hasta diciembre de ese mismo año. Posteriormente, en enero de 2012, el CNI emitió la Resolución Normativa 97 (RN-97) (Ponthieu & Derderian, 2013), que otorgaba visas humanitarias con vigencia de cinco años y permisos de trabajo. Una parte significativa de esta población se incorporó como mano de obra en la construcción de infraestructura para los Juegos Olímpicos de Brasil en 2016. No obstante, la movilidad haitiana no se detuvo en Brasil. Mientras algunos migrantes buscaron oportunidades en Chile, otros se dirigieron hacia Estados Unidos, donde se implementó un programa humanitario condicionado al cumplimiento de criterios relacionados a persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o razones políticas. Para llegar a EE. UU., los haitianos emprendieron un extenso recorrido que incluyó países como Perú, Costa Rica, Honduras y México. En 2016, los primeros contingentes haitianos arribaron a la frontera sur de México. El Instituto Nacional de Migración (INM) emitió oficios de salida por razones humanitarias, que autorizaban el tránsito libre por el país y una permanencia máxima de veinte días, con el objetivo de facilitar el desplazamiento hacia las ciudades fronterizas del norte para solicitar asilo en EE. UU. Sin embargo, el discurso antinmigración del entonces candidato y posterior presidente Donald Trump generó un ambiente de incertidumbre y, finalmente, la cancelación del programa de protección temporal, lo que obligó a miles de haitianos a permanecer en las ciudades fronterizas mexicanas. En mayo de 2016, llegaron a Baja California alrededor de 15000 migrantes haitianos, africanos y asiáticos. Aunque la mayoría logró ingresar a Estados Unidos, cerca de 4500 fueron alojados en albergues de Mexicali y Tijuana (Hernández et al., 2017). De ellos, aproximadamente 2800 quedaron varados en la entidad y emprendieron procesos de regularización. El 75% se estableció en Tijuana y el 25% restante en Mexicali (Comisión de Derechos Humanos, 2017). De este primer flujo arribado en el año 2016, la población haitiana en Mexicali disminuyó progresivamente hasta 2020, cuando se contabilizaron 771 personas, según datos de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración (2020). La atención brindada por instituciones gubernamentales fue cuestionada, ya que no se implementaron estrategias formales para ofrecer servicios básicos en espacios oficiales. La responsabilidad recayó en albergues de la sociedad civil, que pronto estuvieron sobresaturados y tuvieron que cerrar tras ocho meses de operación. En agosto de 2021, una gran cantidad de haitianos se concentró en Tapachula, Chiapas, en espera de un documento que acreditara su situación migratoria regular en el país para continuar su tránsito hacia el norte, con el objetivo de solicitar protección internacional en Estados Unidos. En noviembre de ese mismo año, cientos de migrantes, principalmente haitianos, llegaron a ciudades fronterizas como Mexicali y Tijuana, tras la reactivación del programa de Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) en Estados Unidos (Díaz, 2021). Entre finales de noviembre y principios de diciembre, cerca de 2800 haitianos arribaron a Mexicali, apoyados por redes familiares y comunitarias que facilitaron información, recursos y acompañamiento en el trayecto. En vista de esta llegada masiva de personas de origen haitiano a esta ciudad fronteriza de Mexicali, Baja California, se adaptaron como albergues temporales los siguientes Centros Desarrollo Humano Integral a cargo del Sistema Nacional de Desarrollo Integral (DIF) entidad de carácter municipal: centro CREA; CDHI nacionalista; Azteca-mayos; Nacionalista 2; CDHI Santorales; CDHI robledo; División del Norte; CDHI; CDHI Portales; CDC Melchor Ocampo; CDS Santa Isabel; CDHI Valle de Puebla (Tapia, 2022). En este contexto, se instalaron los espacios antes mencionados para la recepción de personas haitianas, bajo la coordinación del DIF municipal, contando cada albergue con un coordinador que se encargó del registro de los ingresos. De la información que se recolectó sobre la recepción que tuvieron los albergues, se identificó que esta población migrante constituyó una amplia fuerza laboral activa (véase tabla 1). Tabla 1. Recepción de migrantes haitianos en los CDHI, 2021-2022 Mes Cantidad Diciembre 1039 Enero 2548 Febrero 1264 Marzo 1039 Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Migración y Ayuntamiento de Mexicali (2022). En un primer momento, estas personas tenían la esperanza de conseguir protección internacional por parte de Estados Unidos, sin embargo, debido a los cambios en las políticas migratorias en este país de cara a la pandemia por COVID 19, algunos tuvieron que permanecer de forma temporal en la ciudad de Mexicali. Cuando el semáforo epidemiológico se colocó en verde, se anunció que habría desalojo de estos albergues, ya que estos espacios serían utilizados para el propósito original para el que fueron concebidos y que, debido a la pandemia, se encontraban sin uso. Sin embargo, la presidenta municipal de Mexicali, Norma Bustamante, destacó que la razón del desalojo de aquellas personas fue que 649 de ellas ya contaban con un Registro Federal de Causantes (RFC), y que otras ya habían sido integradas laboralmente en el comercio y otros sectores (Díaz, 2022). A finales de febrero y principios de marzo de 2022 se desocuparon dichos espacios, lo que dejó a cientos de personas y a sus familias a la deriva, enfrentando dificultades para encontrar viviendas y alojamiento. Después de tres meses, los migrantes haitianos fueron desalojados de los CDHI. 100 de ellos fueron apoyados por la sociedad civil y ubicados en un lugar temporal donde podían resguardarse. El resto, se alojó en espacios de renta con sus propios medios. Este trabajo tiene como objeto de estudio analizar las acciones institucionales y comunitarias que coadyuvaron a la integración laboral de personas migrantes de origen haitiano que arribaron a la ciudad de Mexicali, Baja California, durante el periodo 2021–2022 (Meroné & Castillo, 2020). En particular, se examina cómo las acciones implementadas por los distintos actores que brindaron servicios de atención a la población migrante (gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, academia y redes comunitarias) incidieron en los procesos de inclusión sociolaboral de la población haitiana en el contexto local de Mexicali, B.C. A partir del escenario de arribo, tránsito y permanencia de personas migrantes haitianas en el municipio de Mexicali durante los años 2021 y 2022, este estudio se inscribe en un enfoque de gestión asociada. También se hace referencias a la inclusión laboral y el rol que desempeñan los actores en torno a la configuración de redes comunitarias. 2. Enfoques conceptuales: gestión asociada, inclusión laboral, y redes comunitarias. La movilidad humana requiere la intervención de distintos actores que atienden los asuntos migratorios en los ámbitos regionales, donde los retos están ligados a contextos específicos y a los flujos de movilidad humana con características particulares. Resulta un desafío consolidar e institucionalizar las acciones de atención a estos grupos ya que requiere esfuerzos conjuntos de diversos actores con incidencia local además de las instituciones de gobierno. Asimismo, la literatura ha señalado que la gestión de la migración se configura cada vez más a través de esquemas de gobernanza multinivel que involucran actores estatales y no estatales en distintos niveles territoriales (Geddes, 2016; Zapata-Barrero, Caponio y Scholten, 2017). En este sentido, también se reconoce la incidencia de asociaciones civiles, empresas, grupos de voluntarios y la academia, entre otros actores que trabajan en coordinación (Lizárraga, 2004). La atención a grupos en situaciones de movilidad en la región fronteriza de Baja California se ha caracterizado por una alta incidencia de grupos de la sociedad civil y organizaciones religiosas, que han sido, durante los últimos 30 años, las primeros en responder ante la llegada de diferentes flujos migratorios, y se han mantenido activas de manera sostenida, adaptando sus capacidades y estrategias frente a los cambios en los perfiles diferenciados y en las condiciones de la movilidad humana en la región. Autores como Moreno y Niño (2013), Altman (2021), Ramírez y Moreno (2021), Infante et al (2022), establecen la prevalencia de las acciones en materia de atención migrante de estas organizaciones y grupos, y de su capacidad de adaptación frente a las políticas estatales y a los vacíos institucionales persistentes. La literatura coincide en que las OSC y organizaciones religiosas operan en un espacio intermedio entre la cooperación y la sustitución de las funciones del Estado. El papel estatal en este sentido aún es limitado por la reducción presupuestaria y el acotamiento de las funciones institucionales en el tema de la atención a los grupos migrantes. A pesar de que en la práctica se han institucionalizado mecanismos como la Ley para la Protección de los derechos y apoyo a los migrantes del Estado de Baja California, o el Protocolo Estatal para la atención de personas en contexto de movilidad en el estado de Baja California, en ellos se demuestra que el Estado reconoce su incidencia en el tema y establece mecanismos de coordinación. No obstante, la capacidad institucional y los cambios en las políticas migratorias estadounidenses provocan que en la práctica se traslade los costos de la atención de los flujos migratorios a estos actores locales. En este contexto, es necesario el abordaje metodológico y conceptual bajo el precepto de paradigmas de la gestión pública que aborden estas alianzas estratégicas, de cara a problemáticas que acontecen en contextos locales específicos (Juliao-Vargas y Poggiese, 2021). Para efectos de este análisis, se abordó el concepto de gestión asociada, enfoque que permite analizar la configuración y convergencia de los actores que confluyen en la democratización social para la toma de decisiones (Umbarila Laiton, 2015, Cardarelli y Rosenfeld, 2003). De acuerdo con Poggiese & Juliao- Vargas (2021), en la gestión asociada es posible la intervención e intercambio de recursos, conocimientos y experiencias de múltiples actores, los cuales podrán intervenir en diferentes procesos y periodos de tiempo para la consecución de objetivos comunes y particulares. El fin de la articulación prevalece en el propósito central para generar beneficios e impactos sociales. Como metodología, es útil para institucionalizar los procesos, acciones y toma de decisiones de los agentes estratégicos que gestionan los flujos migratorios. Este enfoque posee una visión multiactor, que involucra a ONG´s, al Estado, y a instituciones de educación superior, entre otros (Cardarelli y Rosenfeld, 2003). La gestión asociada también plantea estrategias de articulación entre los actores implicados en la problemática pública, con el objetivo de encontrar soluciones duraderas. En torno a esto se reconoce que se suscitan escenarios asociativos que se definen como: “[...] una instancia de articulación de actores y organizaciones en vistas al cumplimiento de objetivos compartidos o funcionales a cada uno de ellos y al conjunto. En estas instancias se apela a la participación de tres actores centrales: representantes del Estado (cualquiera sea el nivel), de organizaciones o movimientos de la sociedad civil y de organizaciones de base” (Cardarelli y Rosenfeld, 2003, p. 11). La inclusión de las personas migrantes en las sociedades receptoras ha sido regulada por diversos instrumentos internacionales; entre estos, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (2018), particularmente su objetivo 16, describe los elementos que constituyen la inclusión y sus componentes en torno a: la necesidad de crear centros o programas comunitarios a nivel local para facilitar la participación de las personas migrantes en la sociedad receptora procurando que migrantes, miembros de la comunidad, organizaciones de la diáspora, asociaciones de migrantes y autoridades locales, participen en el diálogo intercultural, el intercambio de experiencias, los programas de mentoría y la creación de vínculos empresariales que mejoren los resultados de la integración y fomenten el respeto mutuo. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2018, p. 27) En este sentido, se reconoce la importancia del enfoque participativo multiactor para la construcción de mecanismos que inciden en la inclusión de las personas migrantes en las sociedades de destino. Estas estrategias y acciones son de carácter bidireccional de interacción mutua entre sociedades y personas migrantes. Lo cual requiere esfuerzos conjuntos, la reconfiguración y consolidación de alianzas estratégicas y asociaciones entre los diversos actores clave (Coulange & Castillo, 2020; Martínez, 2006; Organización Internacional para las Migraciones, 2019). La inclusión laboral se enuncia como un proceso que requiere favorecer no solo la inserción de la población migrante a empleos remunerados, sino también a espacios laborales que favorezcan la formalidad, el acceso a derechos, a la movilidad social y al desarrollo social inclusivo. En este sentido, la inclusión laboral es una unión de dos componentes: el acceso al mercado laboral (inserción) y el acceso a condiciones de trabajo óptimas (trabajo decente) (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2023). El empleo adecuado puede definirse como aquel que, situado dentro del sector formal, genera ingresos suficientes, proporciona seguridad social tanto a los trabajadores como a sus familias, ofrece perspectivas de desarrollo personal y concede a los trabajadores migrantes los mismos derechos que a los trabajadores nativos (Kaplan & van der Werf, 2023). Por otro lado, el trabajo decente implica la seguridad en el trabajo y la garantía de derechos fundamentales, entre éstos la libertad de asociación y la erradicación de la discriminación laboral (Ghai, 2003). La Organización Internacional del Trabajo, con relación al trabajo decente señala que: Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo; no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo. (Organización Internacional del Trabajo, 2004, p. 5) El acceso a empleos decentes para la población en contexto de movilidad presupone condiciones que corresponden a la estructura de los Estados como el marco jurídico y político que favorece la regularización migratoria, la estructura del mercado laboral, el reconocimiento de las capacidades y habilidades, así como de las formaciones profesionales previas y, adicionalmente, de la existencia de un sistema de protección social robusto y equitativo. No obstante, la pre existencia o ausencia de estas condiciones no garantiza o impide el acceso a empleos decentes en contextos de alta movilidad humana en zonas de alto flujo poblacional; existen otros factores que pueden coadyuvar a aprovechar condiciones pre existentes para la incorporación laboral formal de las personas migrantes o, en caso de no existir, institucionalizar acciones para crear las políticas públicas necesarias por medio del involucramiento de los actores enunciados en la gestión asociada. La articulación de actores también puede verse reflejada en las redes sociales comunitarias, es decir, el conjunto de relaciones entre distintos actores: públicos, privados, organizaciones de la sociedad civil, amigos, familia, etc., quienes interaccionan, mantienen vínculos para brindar soporte, apoyo, acompañamiento, y orientación de diferentes índoles (Pérez y Movilla, 2020). En la red es común que se compartan e intercambien conocimientos, experiencias y recursos para la consecución de objetivos y satisfacción de necesidades, construyéndose así un sentido de pertenencia a lo largo del proceso (Gállego- Diégueza et al., 2018). Las redes sociales comunitarias surgen y operan en distintas áreas, por ejemplo, en el ámbito de salud y bienestar (Cerros y Hernán, 2025; Cobos et al., 2022), orientadas al cuidado de personas dependientes (Bedoya-Hernández, 2013), salud mental, salud preventiva y el autocuidado (Saiz y Chévez, 2009; Schneider et al., 2015). También se ha documentado el aporte de las redes en situaciones de adaptación en el área social y en el ámbito laboral (Fabra y Gómez, 2016; Forni, 2020; Ramírez et al., 2020). Fabra y Gómez (2016) destacan cómo en situaciones en las que se han roto los vínculos con familiares y amigos, las redes de apoyo social provenientes del voluntariado y de organizaciones, son claves para tener nuevamente el entorno relacional. Adicionalmente, las redes sociales, comunitarias y migrantes pueden facilitar la inserción laboral. A través de este enfoque conceptual es posible denotar que las relaciones entre los actores partícipes en estas redes interactúan utilizando recursos como la cooperación, la organización y el intercambio de información, así como a través una interacción interdependiente que desafía el modelo jerárquico tradicional y privilegia las negociaciones y la confianza (Rhodes, 1990). De acuerdo con Arango (2000), estas redes se refieren a un conjunto de relaciones interpersonales que conectan a las personas que dejan sus países de origen con sus parientes o amigos. Las redes sociales de apoyo al migrante en la frontera norte de México, particularmente en Baja California, han desempeñado históricamente un papel esencial en la atención, acompañamiento e integración de estos grupos. Con respecto al acceso al empleo decente para las personas migrantes no depende únicamente de condiciones individuales, sino estructurales y de gobernanza migratoria, lo que hace necesario un enfoque de inclusión laboral con elementos de gestión pública asociada que potencialicen las redes comunitarias que existen desde hace varias décadas en un contexto fronterizo de alta movilidad humana como el de Mexicali, Baja California. 3. Metodología Esta investigación es de tipo explicativa-descriptiva; al menos en principio, ya que no sólo identifica y describe las acciones desplegadas frente al flujo migratorio haitiano en Mexicali durante 2021, sino que también busca explicar las condiciones, alcances y limitaciones de dichas acciones en relación con la integración laboral formal de esta población. El estudio se desarrolló a partir de un diseño no experimental y transversal (Sampieri et al., 2010), en tanto que se analizan procesos ocurridos en un momento específico sin manipulación de variables. Lo anterior, mediante la recopilación de información documental y en campo. Para esta última, se aplicó entrevista de tipo semiestructurada, según el conjunto de variables e indicadores señalados en la tabla 2. Tabla 2: Dimensiones e indicadores para el análisis de la integración laboral de población migrante Fuente: Elaboración propia, basada en Coulange y Castillo (2020); Martínez (2006); Organización Internacional para las Migraciones (2019); Poggiese y Juliao-Vargas (2021); Rhodes (1990). La selección de los sujetos entrevistados se realizó mediante un muestreo teórico intencional, dado que el interés del estudio no fue obtener representatividad estadística, sino profundidad analítica sobre los procesos de gestión e integración laboral de la población haitiana. En este orden de ideas, se consideraron los siguientes criterios de inclusión; a) participación en la gestión (recepción, alojamiento, registro censal, vinculación con sector productivo) del flujo migratorio haitiano durante el periodo 2021-2022; b) incidencia estratégica en la integración laboral (actores con capacidad de ser intermediarios con el sector laboral y productivo; c) actores con experiencia en el campo de la integración laboral migrante (albergues, organismos internacionales, sector privado/empresarial). Tabla 3. Identificación de actores clave Fuente: Elaboración propia con información recolectada en campo. Este tipo de selección permitió reconstruir de manera detallada los mecanismos de atención e integración laboral; sin embargo, no pretende generalizar estadísticamente los resultados, sino ofrecer una interpretación cualitativa fundamentada de los procesos de gestión migratoria en Mexicali. 4. Resultados Durante la oleada migratoria haitiana (2021–2022), el DIF municipal registró aproximadamente 2800 personas alojadas en los albergues temporales, lo que representó una presión significativa sobre la infraestructura local de atención humanitaria. A partir de este volumen de población, se desplegó un modelo de atención en tres etapas que permite evaluar tanto la capacidad institucional como los alcances y límites de la integración sociolaboral en Mexicali: En la primera etapa se priorizó la atención humanitaria como respuesta inmediata a la emergencia; esto se hizo a través de ofrecer alojamiento, atención médica y alimentación —de tres comidas al día—. Aunque estas acciones fueron fundamentales para salvaguardar la salud y la seguridad de las personas migrantes, su carácter asistencial no generó condiciones estructurales para la integración laboral posterior. Esto sugiere que la respuesta institucional estuvo diseñada más para la contención del flujo migratorio en un primer momento. La segunda etapa consistió en acciones de inclusión sociolaboral: ofrecer trabajo —a través de ferias de empleo para migrantes—, educación y vivienda. En esta fase, se establecieron las bases y los recursos para la integración laboral, consolidando estrategias puntuales de canalización hacia empresas orientadas a la manufactura y los servicios por medio de la sistematización de información de los datos personales de las personas haitianas, así como sobre sus áreas de formación y especialización. No obstante, esto no coadyuvó a allanar el camino para remediar los obstáculos existentes: como el manejo del idioma español, o la falta de documentos de identidad —en concreto se identificó el rezago en trámites de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en el Servicio de Administración Tributaria (SAT)—. La tercera etapa que se proyectó fue la de seguimiento y control de resultados, aunque no se obtuvo evidencia o información de esta por parte de los diferentes actores involucrados en la atención de las personas haitianas. Esta ausencia de registros impide medir con precisión cuántas personas lograron integrarse de manera estable al mercado laboral, lo que constituye una limitación importante para la formalización de una política pública. Etapa 1. Primeros respondientes y atención humanitaria. Durante esta fase, DIF Municipal recibió en sus instalaciones cerca de 2800 personas migrantes de origen haitiano, en el contexto de confinamiento a causa de la pandemia por COVID 19. Como primeros respondientes, los CDHI brindaron servicios de atención primaria con un enfoque en la asistencia, concretamente en las necesidades de alimentación y salud, lo cual operó como un mecanismo de contención y espera en estos espacios con el objetivo de gestionar la emergencia sanitaria: específicamente, se implementaron valoraciones médicas y pruebas PCR. Lo anterior no derivó en acciones de integración al mercado laboral, al menos durante los primeros días. El Albergue Peregrino, único espacio de atención operado de forma permanente por el gobierno municipal, que brindó atención durante este contexto de pandemia, se saturó al 60% de su capacidad; fue necesario usar carpas externas, lo cual derivó en campamentos temporales, situación agravada por el confinamiento y los altos flujos de movilidad humana en la ciudad. Esta saturación demostró que la infraestructura local estaba siendo rebasada, lo que limitaba la transición de la ayuda humanitaria a la autonomía laboral. Las políticas implementadas tuvieron la finalidad de estabilizar las condiciones de llegada de los primeros flujos y contenerlos en espacios reducidos que no estaban habilitados con infraestructura, proporcionar servicios básicos, documentar numéricamente las personas migrantes, categorizar sus habilidades y su estatus migratorio; estas acciones sentaron las bases para el establecimiento de la segunda fase de la atención: la integración sociolaboral. Etapa 2. Inclusión e integración sociolaboral En la segunda fase, las acciones se dirigieron a la incorporación de la comunidad haitiana al mercado laboral; entre las mas destacables estuvo el mapeo de capacidades y formaciones, orientado a mejorar el proceso de inclusión laboral acorde a habilidades técnicas y profesionales de las personas. Los informantes también comunicaron acerca de otras acciones concretas importantes, como: establecimiento de ferias de empleo —dentro del albergue temporal CREA, el más grande en capacidad operativa—; sistematización de perfiles laborales por medio del levantamiento de censos para medir las capacidades y habilidades; y el establecimiento de vínculos con empresas manufactureras y de servicios —las que se mostraron con mayor disponibilidad de emplear formalmente a las personas migrantes—. Fundamental fue la Coordinación con el Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) para gestionar trámites de certificación de educación primaria, secundaria y preparatoria para casos en los que no se contara con estos documentos. En otras situaciones, donde existía el dominio de habilidades técnicas específicas, se procedió a brindar certificaciones por parte del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI). Un punto importante fue la necesidad de gestionar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), indispensable tanto para mexicanos como para extranjeros, para poder incorporarse a la vida laboral formal. Este documento es fundamental para poder tributar impuestos, por lo que su adquisición es un paso importante para la inclusión e integración laboral de las personas migrantes. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), coadyuvó en la gestión de citas para la obtención de dicho registro. Como resultado, 700 migrantes tuvieron acceso a este documento. Los datos anteriormente enunciados permitieron identificar avances concretos: 450 personas contratadas por empresas privadas, acorde a los datos de DIF municipal, 700 RFC gestionados con apoyo de OIM, y un total de 84 personas integradas laboralmente a través del albergue de la sociedad civil GAMAC. No obstante, al contrastar estas cifras con el total de 2800 personas, se observa que los mecanismos de inserción formal no alcanzaron a cubrir a la totalidad del flujo. Aun considerando posibles traslados o movilidad posterior, la información sugiere que la integración formal fue parcial y dependió fuertemente de la articulación interinstitucional, aunque esta finalmente no derivó en establecer políticas formales y de largo plazo. A pesar de las acciones implementadas, la inclusión no estuvo exenta de problemáticas estructurales; algunas de ellas —que los informantes enunciaron— están relacionadas a las barreras en el uso del idioma español —ya que no todas las personas dominaban esta lengua—, la lentitud de los trámites ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para la obtención del RFC, la dificultad para acceder a viviendas o espacios de renta fuera de los albergues —debido a su condición migratoria y falta de documentos de identidad—, y la existencia por ley de un límite del 10% de contratación de personal extranjero en empresas, lo que impuso barreras en los cupos permitidos para integrar a las personas haitianas en estos espacios formales. Estos factores dan cuenta que la política de integración implementada en esta segunda fase no sólo dependió de la oferta de empleo formal, sino de la sincronización entre regularización migratoria, acceso a documentación fiscal y condiciones de vivienda. La ausencia de esta coordinación integral limitó en gran medida la efectividad de esta parte concreta del modelo de atención. Tabla 4. Capacidades de vinculación sociolaboral de albergues y actores de Mexicali Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada en campo. Etapa 3. Seguimiento, control y evaluación de resultados La tercera etapa contemplaba el seguimiento y control de resultados; sin embargo, no se obtuvo evidencia documental sobre su implementación. La ausencia de indicadores de permanencia laboral, rotación, e inestabilidad habitacional impide medir el impacto real de las acciones emprendidas en materia de integración sociolaboral. Esta falta de trazabilidad institucional constituye una debilidad estructural en la formalización de una política pública de integración, ya que dificulta pasar de acciones reactivas a estrategias sostenibles a largo plazo. 5. Discusión Los hallazgos permiten vislumbrar en la respuesta local ante la llegada de la población haitiana a Mexicali un enfoque de gestión asociada: un modelo democrático y participativo de articulación multiactoral orientado a la resolución de problemáticas públicas complejas (Poggiese & Juliao-Vargas, 2021; Gaitán Pineda et al., 2020). En este caso, la coordinación entre DIF municipal, albergues, empresas manufactureras y organizaciones de la sociedad civil y de carácter religioso, refleja un esquema de cooperación horizontal donde confluyen recursos estatales, capacidades comunitarias y oportunidades del sector privado. No obstante, de acuerdo con Cardarelli y Rosenfeld (2003), la gestión asociada requiere condiciones de institucionalización y sostenibilidad para consolidarse como política pública. En el caso estudiado, la articulación observada tuvo un carácter reactivo y coyuntural, dependiente del presupuesto asignado durante la emergencia migratoria y de la capacidad organizativa de la sociedad civil. La suspensión del Fondo de Atención a Migrantes (FAM) y el acceso a más recursos públicos limitaron la posibilidad de estructurar un modelo permanente de gobernanza migratoria local, lo que coincide con los desafíos identificados por Umbarila Laiton (2015) respecto a los límites de las metodologías participativas cuando no cuentan con respaldo estructural ni formal del Estado. En cuanto a las redes, las acciones implementadas por los albergues y actores institucionales se vislumbran en la práctica como redes sociales e institucionales que funcionaron como mecanismos de intermediación entre las personas migrantes haitianas y los mercados de trabajo locales. Éstas coadyuvaron a reducir los costos y riesgos asociados a la inserción sociolaboral, particularmente en un contexto de pandemia y de limitaciones administrativas para la regularización migratoria. Tal como señalan Cobos et al. (2022), las redes comunitarias en contextos de emergencia funcionan como dispositivos de acción conjunta organizada que compensan vacíos institucionales. En el caso estudiado, los albergues operaron como nodos articuladores entre personas haitianas, empresas y autoridades locales, reproduciendo dinámicas similares a las documentadas por Moreno Mena y Niño Contreras (2013) en Baja California. En las acciones puntuales, las redes se consolidan en diferentes ámbitos y diversos tipos de redes: institucionales, comunitarias internas y externas, laborales y las redes multiactor que propician los inicios de la gobernanza migratoria, aunque como no se institucionalizan, no llegan a consolidarse. Tabla 5: Redes comunitarias identificadas Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada en campo. En términos de inclusión laboral, si bien se logró la incorporación de personas haitianas al mercado formal, el análisis revela que esta inserción fue parcial y estructuralmente condicionada a los recursos existentes, que en gran medida dependieron del presupuesto de DIF municipal, que ascendió a un total de 3 millones de pesos (MXN). Una vez llegado a ese límite, no se destinó recurso posterior para el tema migratorio ni a nivel estatal ni municipal, derivado de la suspensión del Fondo de Atención a Migrantes (FAM) en el año 2019. La integración sociolaboral, más que una inclusión, se configuró en términos de una inserción laboral funcional a las necesidades del mercado local, pero con áreas de oportunidad en cuanto a la consolidación de derechos sociales, financieros y educativos. Es decir, la integración se dio principalmente en términos productivos, pero no necesariamente en términos sociales. De acuerdo con Martínez (2006), la inserción laboral no equivale necesariamente a integración social plena, especialmente cuando existen barreras estructurales que limitan movilidad y reconocimiento de capacidades. Las restricciones normativas, como el límite del 10% de contratación de personal extranjero, las dificultades para acceder a servicios financieros sin credencial del INE, y la falta de validación de estudios profesionales revelan obstáculos que impiden el ejercicio pleno de derechos laborales y sociales. La ausencia de mecanismos de monitoreo posterior al desalojo de los albergues y la falta de actualización del censo de personas migrantes, evidencian una brecha entre la respuesta humanitaria inmediata y la construcción de una estrategia integral de integración. En términos de gobernanza migratoria, esto refleja lo que Ponthieu y Derderian (2013) denominan “respuestas en el vacío de protección”, donde la acción humanitaria logra gestionar y contener la emergencia, pero no sustituye la necesidad de políticas estructurales sostenidas. La experiencia de Mexicali constituye un ejemplo de gestión asociada que se configura en respuesta a un flujo migratorio en concreto, sostenida en redes comunitarias que facilitaron la atención primaria y la inclusión laboral inicial, pero sin consolidar una política pública integral de gobernanza migratoria a nivel local. La agenda pendiente implica transitar de esquemas emergentes hacia mecanismos institucionalizados que incluyan financiamiento sostenido, coordinación formal, seguimiento de la población migrante, estrategias diferenciadas con perspectiva de género, educación e inclusión financiera. 6. Conclusiones En este caso presentado en la ciudad de Mexicali, Baja California, al observar desde el enfoque de la gestión asociada, los hallazgos revelan que, si bien se construyeron mecanismos de coordinación multiactor, tales como alianzas estratégicas y flujos de información compartidos, éstos operaron de manera predominantemente coyuntural y emanaron principalmente de la voluntad de los actores implicados, sin recursos fijos establecidos y sin una metodología especializada y focalizada a la atención de personas migrantes haitianas. Esto no permitió considerar al caso de Baja Califronia como un modelo estable y consolidado de gobernanza migratoria. Ante la ausencia de modelos formales de gobernanza migratoria en la ciudad de Mexicali, la gestión asociada mostró mayor efectividad en la respuesta inmediata a la emergencia migratoria que no derivó en una construcción de procesos de largo plazo en materia de integración sociolaboral. No obstante, la integración en materia laboral que se generó bajo el enfoque de la gestión asociada tampoco consolidó estas alianzas estratégicas de manera formal e institucionalizada, sino únicamente se ejecutó desde la emergencia de la coyuntura y no coadyuvó a formular políticas públicas integrales. El análisis de las redes sociales e institucionales permite afirmar que estas funcionaron como dispositivos clave de intermediación entre las personas migrantes haitianas y los mercados de trabajo locales; no obstante, al no haberse consolidado un proceso de formalización e institucionalización de estas y, ante la ausencia de voluntad política de los actores estatales, las redes no permanecieron vigentes ni constantes a largo plazo. Ante esto se evidencian los límites del concepto de gobernanza migratoria en un contexto fronterizo como el de Mexicali, Baja California, donde no existe un andamiaje institucional que consolide de manera formal y sostenida las alianzas estratégicas de los actores que prestan servicios de atención a la población migrante. Esto pone en evidencia que la consolidación de mecanismos formales que deriven en un modelo de gobernanza migratoria no sólo depende de la voluntad política, sino también de la capacidad de los actores públicos, privados y sociales para establecer mecanismos de cooperación estables, con reglas claras y específicas, sostenidas con recursos que fluyan de manera constante; y del que exista un seguimiento de resultados. En este sentido, resulta fundamental dar seguimiento a las trayectorias sociolaborales y de las personas haitianas que permanecieron en Baja California, con el fin de evaluar los efectos en su integración en la comunidad. A partir de estos resultados, es posible explorar nuevas líneas de trabajo e investigación. Resulta pertinente realizar estudios comparativos con otras ciudades de la franja fronteriza norte y sur en México, con el objetivo de identificar patrones comunes y diferencias en la implementación de la gestión asociada. Referencias bibliográficas Altman, C. (2021). Non-governmental organizations in Tijuana, Mexico serving migrants. Frontera Norte, 33. Arango, J. (2000). Enfoques conceptuales y teóricos para explicar la migración. Revista Internacional de Ciencias Sociales, (165), 33–47. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000123859_spa Asamblea General de las Naciones Unidas. (2018). Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (Resolución A/RES/73/195). https://docs.un.org/es/A/RES/73/195 Bedoya-Hernández, M. (2013). Redes del cuidado: Ética del destino compartido en las madres comunitarias antioqueñas. 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