ÒMalargŸe (Argentina): extractivismo y disputa por bienes comunesÓ. 
ÒMalargŸe (Argentina): extractivism and dispute for common goodsÓ 
ÒMalargŸe (Argentinapi): extractivismomanta shinallatak allpamanta makanakuykunamanta 
Maria Laura Langhoff marialauralanghoff@gmail.com ORCID: 0000-0002-1534-9534 (DGyT, UNS-CONICET) Argentina 
Cita recomendada: 
Langhoff, M. L. (2024). MalargŸe  ÒMalargŸe (Argentina): extractivismo y disputa por bienes comunesÓ. (Argentina): extractivismo y disputa por bienes comunes. Revista Sarance, (52), 185 -207. DOI: 10.51306/ ioasarance.052.09 
Resumen. 
Este art’culo organiza la informaci—n recolectada hasta el momento en trabajos de campo, entrevistas y relevamiento de archivo, efectuados en el departamento MalargŸe (Mendoza, Argentina), a partir de la premisa que considera a esta zona de la provincia como un territorio marcado hist—ricamente para la extracci—n de recursos. Para el caso, el periodo temporal abarca desde inicios de siglo XX hasta el 2021. El enfoque se inscribe dentro de la ecolog’a pol’tica, y toma como t—picos estructurantes el extractivismo y el territorio. Metodol—gicamente, el trabajo ordena de forma cronol—gica el desarrollo de actividades mineras e hidrocarbur’feras, junto a la sanci—n de legislaci—n provincial que limita la expansi—n de estas y, a la vez, busca resguardar al sector rural (criancero) frente a la expansi—n de capitales for‡neos. Para un an‡lisis de la informaci—n, se recurri— a trabajar a partir de tres variables: territorio, discursos y resistencias. Los resultados parciales conducen a mostrar c—mo se intenta construir, desde el Estado y sectores privados, a partir de las actividades mineras e hidrocarburifera, un consenso positivo o licencia social en la poblaci—n. Desde la narrativa oÞcial se valoran esas dos territorialidades, no obstante, en las œltimas dŽcadas del siglo XXI adquirieron visibilidad territorialidades como la criancera y la espeleol—gica, que plantean otras posibilidades no asociadas a la extracci—n de recursos. 
Palabras claves: extractivismo; territorio; resistencias; discursos; recursos. 

Abstract 
This article organizes the information collected thus far in Þeld work, interviews, and archival surveys carried out in the department of MalargŸe (Mendoza, Argentina), based on the premise that this area of the province is considered a territory historically marked by resource extraction. In this case, the time period covers from the beginning of the 20th century up through 2021. The approach is etched into political ecology, taking extractivism and territory as structuring topics. Methodologically, the work chronologically orders the development of mining and hydrocarbon activities, together with the enactment of provincial legislation limiting their expansion, as well as seeking to protect the rural sector (criancero) against the expansion of foreign capital. For an analysis of the information, three variables were used: territory, discourses, and resistance. The partial results lead to show how the State and private sectors try to build a positive consensus or social license in the population based on mining and hydrocarbon activities. The ofÞcial narrative values these two territorialities, however, in the last decades of the 21st century, territorialities such as the criancera and the speleological have gained visibility, which raise other possibilities not associated with resource extraction. 
Keys words: extractivism; territory; resistances; speeches; resources. 

Pishiyachishka Yuyay 
MalargŸe llaktami (Mendoza, Argentinapi), kaymanta imalla rimaykunata, maskaykunata, tantachishkatami kay killkaypika rimanchik. Puntamantapachami kay markapika allpataka tukyachishpa charishka. Kay llakitaka kallarishkankami XX patsak watakunamanta, 2021 watakaman. Kayta killkankapakka allpamanta yachaykunawan sinchiyarishpami killkanchik, imashalla allpata tukyachiyhuyka hatun llakimi nishpa rikuchinkapak, imasha –ukanchik llaktakunata nallichin nishpa rimanchik. Kay killkaypika kati katimi willachin imashalla miner’a kakpi, petr—leo kakpi, gas kakpi mayhan empresakunapash yaykumushpa apanahun. Chaymanta riman imasha kamachinakuykuna wi–ay kallarishkanka allpata harkashpa ama ashtawan llakichichun. Kay tukuylla willachikunata alliman tantachishpa rimankapakmi shikanyachishpa killkashka kimsa layapi: allpamanta rimaykunapi tantachishka, runakunapa rimaykunatalla tantachishka, shinallatak runakuna sinchi shayarishkatapash shikanman tantachishpa killkashka. Kay rurashka kipammi puchukan imasha runakuna, empresakuna, gobiernopash rimarishpa mineriata yaykuchishka kashka llakta ukukunaman. XXI patsak watamantami runakunaka yachakushkanka kay allpapi wiwakunata wi–achishpa katinata shinallatak allpa utuhukunamanta yachakunata, shinashpa –ana allpata tukyachinatallaka yan kanshkankachu. 
Sinchilla shimikuna: allpa tukyachina; llakta; sinchiyariy; rimaykuna. 


1. Introducci—n. 
El presente trabajo, de car‡cter exploratorio, propone un acercamiento al desarrollo de actividades extractivas en el departamento MalargŸe, sur de la provincia de Mendoza (Argentina). Se parte de un enfoque de la ecolog’a pol’tica, debido a que se entiende al ‡rea de estudio como un espacio atravesado por mœltiples relaciones de poder e incardinado en una multiescalaridad en la que adquieren relevancia recursos naturales estratŽgicos, con un incremento de proyectos que buscan explotarlos. La ecolog’a pol’tica facilita la aprehensi—n de los procesos de capitalizaci—n y mercantilizaci—n de la naturaleza con una perspectiva hist—rica. El tejido de redes de poder que se desarrolla a travŽs del tiempo entre los distintos sujetos que buscan controlar, acceder y distribuir o acaparar los recursos, genera conßictos socioambientales, consecuencias como la deuda ecol—gica y cuestionamientos al metabolismo social (Garc’a JimŽnez, 2022). A la vez, se plantea una deconstrucci—n de la naturaleza como concepto que adscribe a una naturaleza mercantilizada, en oposici—n a las naturalezas org‡nicas (Leff, 2006). 
En este marco, el extractivismo adquiere centralidad como un concepto englobante de los procesos destructivos y trsanformativos de lo socioterritorial y socioambiental. Pese a la riqueza y amplitud del corpus te—rico con relaci—n al extractivismo (Svampa, 2019; Machado Ar‡oz, 2014), en este trabajo se consideran los aportes de tres referentes sudamericanos que son sustanciosos. Primeramente, Giarraca (2012), quien sostiene que el modelo extractivista se deÞne por los siguientes elementos: es un conjunto de actividades que tienen altos consumos de recursos no renovables, escalas de producci—n mayores a las precedentes, uso de tecnolog’a de punta, localizaci—n territorial asociada a los recursos del lugar, que adquirieron impulso en el marco de las pol’ticas neoliberales de la segunda mitad de siglo XX; actividades de elevado valor de cambio, pero poco valor de uso para las comunidades. Ter‡n Mantovani lo considera como un eco-rŽgimen donde se crean nuevos modos de territorializaci—n deÞnidos por redes de poder multiescalares, que monetizan tanto la naturaleza como la vida de las comunidades. A su vez, desde su an‡lisis, el extractivismo es un rŽgimen que se va conÞgurando a escala micro-pol’tica sobre los territorios, los cuerpos y los ecosistemas (Teran Mantovani, 2018). Y, por œltimo, el aporte de Galafassi y Riffo, quienes resaltan que el extractivismo debe ser entendido como un elemento en el proceso de acumulaci—n capitalista; y por ello, rescatan la necesidad de no obviar la historicidad de dicho proceso en el continente: 
El proceso extractivo/extractivista estuvo presente desde la conquista, en todo caso lo que vari—, adem‡s de las herramientas tecnol—gicas, fue una presencia complementaria en mayor o menor medida de algœn proceso parcial de industrializaci—n. De ah’ que aquellos que deÞnen como extractivista (o neoextractivista) a estas œltimas dŽcadas est‡n de alguna manera soslayando la historia latinoamericana y de la propia modernidad, planteando como novedad un proceso que deÞne toda la trayectoria de Ôacumulaci—n dependienteÕ del subcontinente americano (2018, p. 240). 
Las miradas que proponen estos autores permiten abordar con mayor profundidad las investigaciones sobre las estrategias que generan los capitales trasnacionales en su avance territorial y sus alianzas con los sectores pol’tico-gubernamentales. Otro componente que es necesario considerar al momento de estudiar sus impactos es el car‡cter Þnanciero que adquirieron en estas œltimas dŽcadas. En este marco, los tŽrminos en que se manejan las empresas y sus CEOÕs est‡n totalmente desterritorializados, desde su posici—n, los territorios donde operan est‡n deshabitados, desconocen y niegan los derechos de quienes en ellos habitan, mercantilizando los territorios. Estas compa–’as son altamente vers‡tiles en cuanto a fusiones y el establecimiento de sociedades entre diversos capitales privados, (Langhoff M. L., 2022), de diverso origen. 
El territorio como elemento indispensable para la reproducci—n de la vida, es el componente clave del extractivismo: Haesbaert, desde su enfoque integrador, lo entiende como un h’brido que ÒPuede concebirse a partir de la imbricaci—n de mœltiples relaciones de poder, del poder material de las relaciones econ—mico-pol’ticas al poder simb—lico de las relaciones de orden m‡s estrictamente culturalÓ (2011, p. 68). 
Los territorios dentro de la din‡mica neoliberal extractivista son solo contenedores de recursos naturales, en tanto para las comunidades asentadas en ellos, son el sostŽn de la vida y sustentadores de los bienes comunes ÒEstos bienes son b‡sicos para la sobrevivencia humana y, por lo tanto, la comunidad los ve como suyos. Es as’ como tienden a cuidarlos con mucho respeto y muy responsablemente para s’ y sus futuras generacionesÓ (Gutierrez Espeleta & Mora Moraga, 2011, p. 132). Dentro de esta valoraci—n, asegurar la reproducci—n de la vida es fundamental, mientras que al hablar de recursos se coloca el Žnfasis en lo econ—mico. 
El estudio del sur mendocino permite generar un acercamiento a c—mo opera el rŽgimen extractivista enlaz‡ndose con la historia, el arco pol’tico, la cultura malargŸina y las formas en que se intensiÞcaron sus t‡cticas de intervenci—n en el espacio en las œltimas dŽcadas del siglo XX y el actual XXI. A la vez, estas intervenciones provocan reacciones y nuevas organizaciones de la sociedad que se ve afectada, que resiste a este avance por medio de diversas acciones.  

2. Metodolog’a. 
La metodolog’a que se construy— es cualitativa y permite una aproximaci—n al per’odo temporal comprendido entre inicios de siglo XX hasta 2021, de forma 
exploratoria. Con el objetivo de analizar la conformaci—n de MalargŸe como un territorio de reserva estratŽgica de recursos para el capital, se tom— el concepto de extractivismo como eje estructurante. Para ello se consideraron tres variables que permiten comprender c—mo el mismo se impone y transforma desde lo territorial a lo socioambiental y pol’tico. Las variables son el territorio, los discursos y las resistencias. 
Entendemos al territorio extractivista desde la construcci—n que realizan el capital privado, mixto y pœblico, aliados con el Estado para producir conocimiento cient’Þco por medio de exploraciones y prospecciones que permiten acumular informaci—n valiosa sobre las potencialidades extractivas para ser utilizadas en corto, mediano o largo plazo. Esta informaci—n genera proyectos que, en caso de no concretarse, ya sea por coyunturas sociales, pol’ticas o econ—micas, permanecen latentes y son retomados en otras circunstancias. De aqu’ el considerar al territorio malargŸino como territorio de reserva estratŽgica de recursos. En relaci—n con esto, los capitales extractivos tienen la capacidad de crear nuevas conÞguraciones territoriales, elaboradas a nivel de la planiÞcaci—n y legislaci—n para luego territorializarse. Estas, a su vez, est‡n en consonancia con las planiÞcaciones territoriales que realizan los gobiernos, por ejemplo, los planes de ordenamiento territorial (POT). 
Desde la ecolog’a pol’tica, la discursividad resulta valiosa debido a que la construcci—n de conceptos en relaci—n al control de la naturaleza (Leff, 2006), se asienta en la matriz tecno-cient’Þca moderna, actuando como dispositivos tecnol—gicos (Machado Ar‡oz, 2019) que ayudan a legitimar el extractivismo. Como contrapartida, los sectores afectados ante el embate cuestionan, deconstruyen esos conceptos hegem—nicos y elaboran nuevos lenguajes de valoraci—n. Para el caso de este estudio, la re-elaboraci—n de la historia en base al interŽs econ—mico en torno a la miner’a es un claro ejemplo. Esta reelaboraci—n hist—rica es œtil a los intereses mineros y los sectores de poder local. Esto conduce al segundo aspecto: la construcci—n de la Òlicencia socialÓ desde los sectores de poder econ—mico y pol’tico interesados, con el Þn de habilitar nuevas actividades para que esas zonas relegadas se abran al ÒprogresoÓ o ÒdesarrolloÓ. 
Las resistencias muestran c—mo se genera, desde los afectados directos, estrategias que visibilizan otras territorialidades y, por ende, construyen nuevas voces para enfrentar las din‡micas extractivistas. En este caso, las resistencias exponen la disputa por la tierra y el agua en un medio semi‡rido. Aqu’, las herramientas que subyacen son la organizaci—n de las comunidades afectadas, el di‡logo entre actores del campo de la ciencia y los afectados, el di‡logo de saberes y la legislaci—n ambiental. 
Para conocer c—mo se convirti— MalargŸe en un territorio de reserva estratŽgica de recursos y en disputa, se recurri— a fuentes escritas almacenadas en el Archivo Hist—rico de MalargŸe, puntualmente notas de prensa y publicaciones de informes sobre minas de la primera mitad de siglo XX. TambiŽn se realizaron entrevistas a residentes de la ciudad surmendocina que desempe–an diversas funciones. Por œltimo, el trabajo de campo es clave, pues en viajes realizados en 2019 y 2021, se recolect— esta informaci—n junto con fotograf’as, adem‡s de observar transformaciones sobre el paisaje. 
A continuaci—n, el trabajo se ordena de la siguiente manera: se realiza la localizaci—n del ‡rea de estudio y se analiza en perspectiva temporal el desarrollo de algunas de las actividades mineras e hidrocarburiferas relevantes. Luego se exponen los discursos elaborados por los sectores interesados en la explotaci—n en los œltimos a–os, que buscan construir la licencia social, y, por œltimo, las resistencias que se maniÞestan desde el territorio. 

3. Territorio marcado y explotado. 
El departamento de MalargŸe se ubica en el extremo sur de la provincia de Mendoza, su ciudad cabecera es la hom—nima y se caracteriza por encontrarse, al igual que el resto de la provincia, dentro de la Diagonal çrida Argentina, que se incluye en la Diagonal çrida Sudamericana (Mart’nez Carretero, 2013). Segœn el censo de 2010, el departamento cuenta con una poblaci—n de 32.717 habitantes (INDEC, 2023), y su extensi—n es de 41.317 km2, lo que lo convierte en el m‡s extenso de la provincia (Municipalidad de MalargŸe, 2020) (Fig. 1). Forma parte de los territorios incorporados a la provincia cuyana luego de la campa–a roquista de Þnales del siglo XIX. Si bien Mendoza cuenta con tres oasis productivos que aprovechan los r’os cordilleranos (norte, centro y sur), en el caso de MalargŸe, la utilizaci—n del r’o hom—nimo para irrigaci—n es muy incipiente. El departamento cuenta con geoformas y relieves que le otorgan identidad paisaj’stica œnica, como la Payunia, uno de los campos volc‡nicos m‡s grandes del mundo, la Laguna Llancanelo, sitio RAMSAR; la cordillera y el piedemonte con caracter’sticas singulares. Adem‡s, entre esta ‡rea y parte de la provincia de NeuquŽn, se desarrolla un complejo sistema espeleol—gico que contiene formas de vida endŽmicas recientemente descubiertas (Acosta, 2019) y con un potencial cient’Þco prometedor para conocer el desarrollo de la biodiversidad subterr‡nea. 
Figura 1 
Ubicaci—n del departamento MalargŸe. 

Fuente: Elaboraci—n propia en base a SIAT. 
Las actividades desarrolladas en este sector son la miner’a de tercera categor’a (minerales de naturaleza pŽtrea o terrosa), de primera categor’a (oro, plata, plomo, cobre, molibdeno, hierro, esta–o, cobalto, azufre, potasio etc.) y segunda (baritina, tierras piritosas y aluminosas, entre otras). La ganader’a extensiva caprina o criancera continua con pr‡cticas ancestrales en el medio rural, como la trashumancia. La actividad hidrocarbur’fera se circunscribe a las ‡reas precordillerana, Payunia y en las riberas de los r’os Grande y Colorado. A partir de la dŽcada de los ochenta adquiri— relevancia el turismo de invierno con el complejo Las Le–as y luego el paulatino desarrollo del turismo de aventura. 
En materia minera, en la historia malargŸina se destacan algunas minas que se transformaron en hitos locales. Es necesario considerar que su explotaci—n se produjo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, por lo que se extrajeron minerales valiosos en esa coyuntura. La primera es Minacar (Fig. 2) localizada en la zona del R’o Grande. Los trabajos se iniciaron en 1941 bajo el nombre de Mina Gral. San Mart’n N¡1, perteneciente a Mapycsa S.A., luego pas— a estar a cargo de Minacar S.R.L. All’ se extrajo carb—n bituminoso y asfaltita. Las caracter’sticas de Žsta œltima ofrec’an la posibilidad de obtener coke, gas y aceite de alquitr‡n. La explotaci—n se llev— adelante por medio de tres mŽtodos: a cielo abierto, subterr‡neo y combinado. A 100 km. de la localidad de MalargŸe se construyeron los alojamientos de los obreros, tanto para los solteros (alojamientos colectivos) como los casados (viviendas). Contaban, adem‡s, con proveedur’a, comedores, espacios deportivos, un cinemat—grafo particular y una escuela hogar, construida por la misma empresa. En este caso, tanto la escuela como el mŽdico de la empresa atend’an al resto de los habitantes en la zona (Ortiz & Boiero, 1950). Para el a–o 1950, se hab’an extra’do 400.000 Tns de carb—n. Al a–o siguiente se produjo su cierre deÞnitivo. 
Figura 2 
Instalaciones de Minacar en departamento de Malargue. 

Fuente: Archivo Hist—rico de MalargŸe (2021). 
Las otras minas que desarrollaron el imaginario minero malargŸino son: Hierro Indio, minas Ethel y Santa Cruz, y cerro Huemul. Hierro Indio tuvo su Žpoca de esplendor en las dŽcadas del treinta y cuarenta, cuando fue explotado por el Estado nacional y en los sesenta por Fabricaciones Militares. Luego qued— abandonada, y se propuso su reactivaci—n recientemente (Langhoff, Geraldi, & Rossel, 2022). El segundo yacimiento se localiza en la zona de Agua Escondida, donde estaban las compa–’as Empresas Minas Ethel S.R.L., entre 1955 y 1977, y la mina Santa Cruz, de donde se extrajo manganeso. Aqu’ se produjo, en 1972, una movilizaci—n minera conocida como el ÒmalargŸinazoÓ, en reclamo contra la apertura a la importaci—n de manganeso brasile–o. El tercer yacimiento es Cerro Huemul, donde se extrajo uranio bajo el control de la Comisi—n Nacional de Energ’a At—mica (CNEA) desde 1953 hasta 1970, en cercan’as de la ciudad de MalargŸe (Fig. 3). 

Figura 3 
Mapa distritos mineros de MalargŸe. 

Fuente: Elaboraci—n propia en base a Archivo Hist—rico de MalargŸe (2021). 
En cuanto a la presencia de petr—leo, en la zona se conoc’an lugares donde el hidrocarburo emerg’a a la superÞcie ya en los siglos XVIII y XIX (Yrigoyen, 2007). Este elemento fue utilizado por los pueblos ind’genas como brea o betœn para intercambiar con los criollos, quienes lo utilizaban para impermeabilizar embarcaciones, vasijas y odres de vino1. Segœn las fuentes, el primero en intentar 
Esta informaci—n se encuentra en el trabajo realizado por Juan Isidro Maza en 1991, denominado ÒHistoria de MalargŸeÓ (sin editar), almacenado en el Archivo Hist—rico de la ciudad. 
explotar econ—micamente el petr—leo en MalargŸe, fue Diego Rivadeneira Flor, quien se desempe–— como jefe de la estafeta de San Rafael. Su interŽs por conocer los minerales de la zona lo llev— indirectamente a su hallazgo en 1898 en El Sosneado. All’ realiz— una perforaci—n que mostr— la potencialidad petrolera de la zona. TambiŽn registr— la presencia de petr—leo en ÒLa mejicanaÓ, en cercan’as de Puesto Rojas (Diario Uno, 2015). Sin embargo, sus intentos de llevar adelante esta extracci—n en ese momento no despertaron el interŽs del gobierno. A diferencia de lo que luego sucedi— en Comodoro Rivadavia, a–os despuŽs. 
El auge de la actividad hidrocarburifera surmendocina se da en la dŽcada de los setenta. Geomorfol—gicamente, el sur de Mendoza se encuentra sobre la cuenca sedimentaria Neuquina, donde se localizan las formaciones Vaca Muerta y Agrio (Spacapan et al., 2018) en las que se usa la tŽcnica extractiva fracking o fractura hidr‡ulica. La extracci—n convencional potenci— el crecimiento poblacional de la ciudad y el desarrollo de infraestructura en la zona del R’o Grande, Puesto Rojas y r’o Colorado. En Puesto Rojas, el primer pozo que demostr— existencia de petr—leo a una profundidad de 1700 metros fue el Md. NPRox2 en 1975 (El Comercio, 1975). En 1977 se iniciaron las perforaciones con 16 pozos en el ‡rea de Bardas Blancas (al sur de MalargŸe) por parte de la empresa Saipem. 
La actividad decay— en los noventa, y gener— un proceso de pŽrdida de puestos de trabajo, estancamiento social, econ—mico y la consecuente crisis. El contexto fue la eclosi—n destructiva del modelo neoliberal con las privatizaciones de empresas estatales, como el caso de Yacimientos Petrol’feros Fiscales (YPF), compa–’a que aœn se encuentra presente en la zona de estudio. En ese momento, un especialista malargŸino en la tem‡tica expon’a en un medio period’stico:  
MalargŸe en una Žpoca era como Las Vegas y un departamento de un ambiente se alquilaba por 1000 d—lares (É) el profesional tŽcnico hacia fortunas en MalargŸe, pero no la gastaba ac‡ sino en Mendoza, San Rafael o Buenos Aires (É) MalargŸe fue sin—nimo de lugar de tr‡nsito, terminaron qued‡ndose sin sentirla como propia (Diario Los Andes, 1997). 
Por entonces, la ciudad alberg— a los desempleados de YPF, de ferrocarriles y la Comisi—n Nacional de Energ’a At—mica (CNEA). La actividad continu—, pero a medida que avanzaron las dŽcadas, aumentaron las evidencias sobre los riesgos socioambientales que implicaba. En 2018 se empez— a utilizar el fracking como mŽtodo extractivo, bajo el amparo del decreto provincial 248, ampliamente cuestionado por los sectores movilizados a nivel socioambiental provinciales (Salomone, 2020). 


4. El extractivismo como progreso. 
Los antecedentes expuestos anteriormente enriquecen el discurso pro-minero e hidrocarbur’fero utilizado por gran parte de los sectores del arco pol’tico y con poder econ—mico en MalargŸe. Este discurso busca sustentar las nuevas conÞguraciones territoriales que contienen estas actividades. La narrativa extractivista que desarrollan est‡ estrechamente relacionada con la idea de la naturaleza como fuente de riqueza o Òcanasta de recursosÓ (Gudynas, 2010), aseverando que no explotarla ser’a un derroche y signiÞcar’a pŽrdidas econ—micas. Esta valoraci—n se lee en algunos documentos oÞciales y notas period’sticas producidas en la dŽcada del setenta en el ‡rea de estudio. Un ejemplo es el proyecto de capitales alemanes2 que se interesaron por las posibilidades que ofrec’a la zona para la elaboraci—n de soda Solvay en la dŽcada mencionada. En una nota elevada al Secretario de Industria y Comercio de la Naci—n, Chescotta, se mencionaba la posible Òtucumanizaci—nÓ de la econom’a mendocina por privilegiar el cultivo y producci—n de vid. Ante ello ve’an con esperanzas que la planta de soda Solvay se instalara en MalargŸe (Municipalidad de Godoy Cruz, 1970), pues contribuir’a al progreso de la zona. 
Contempor‡neamente, los descubrimientos que se generaron en esa dŽcada asociados a nuevos minerales como el granito negro, condujeron a la prensa a plantear: Òla necesidad de incorporar a ese rico sur provinciano a la vida econ—mica de MendozaÓ (Los Andes, 1975). Sin embargo, las contradicciones de la llegada del Òprogreso y su generaci—n de fuentes de trabajoÓ, quedan expuestas, como sucede en el caso de la construcci—n de una planta para procesar uranio en 1964. El texto indica que: 
la f‡brica procesar‡ diariamente 100 toneladas de mineral de uranio, proveniente de las ricas minas sure–as, y todo lo que aparece como complicado mecanismo, ha sido dise–ado en forma tal que 15 empleados podr‡n conducir el manejo del establecimiento por cuanto todo es mec‡nico (En la f‡brica de la Comisi—n de Energ’a At—mica procesar‡n 100 toneladas de mineral de uranio, 1964). 
En esta discursividad se busca fortalecer la idea de MalargŸe como nexo con la Patagonia y el rol que debe cumplir en ese sentido. La prensa contribuy— a este imaginario y vehiculiz— el pensamiento de algunos malargŸinos para quienes: Òsomos ÔPuerta de la PatagoniaÕ, pero no nos dan nada (É), tenemos inmensas riquezas, pero sin ese apoyo ah’ se pudrir‡n. Somos como una linda casa que no tiene fachadaÓ3. En la misma nota, la reßexi—n de una de las personas consultadas, expone la frustraci—n y lo que supone la explotaci—n de minerales al aÞrmar que: Òpero va a ocurrir lo de 
2 La compa–’a se conform— en Argentina como ÒAlcalis MalalÓ y cont— con el apoyo del gobernador interventor, Antonio CaÞero. El lugar donde se preve’a instalar era en Bardas Blancas, al sur de MalargŸe, donde se localizan los yacimientos de sales y calizas. 3   Corresponde a un recorte de peri—dico conservado en el archivo, sin publicaci—n ni autor. 
siempre: nos van a pasar por las narices la caliza y se la van a llevar a otra parte. Nos usan para la extracci—n del mineral y nada m‡sÓ. 
Esta discursividad prominera se mantiene hasta la actualidad. Si antes la contraparte a quiŽn se dirigi— era el gobierno, ahora se busca convencer a la poblaci—n que no est‡ de acuerdo. A la vez, se confronta con los sectores socioambientales movilizados y que se oponen a este tipo de proyectos. Algunas de las notas period’sticas de inicios de siglo XXI son una muestra de ello. Especialmente con la sanci—n de la ley provincial 7722 que paraliz— las actividades de exploraci—n de multinacionales como Exeter Resource Corporation (cuyo yacimiento objetivo era Don Sixto en Agua Escondida) y Latin American Mineral Argentina, ambas canadienses: 
aguardamos la elecci—n de un nuevo gobierno en Mendoza para discutir la miner’a y el proceso propuesto en Don Sixto (É) ser’a desafortunado si esta respuesta legislativa fuera permitida para privar a estas comunidades de los beneÞcios econ—micos de una mina con las mejores tecnolog’as y practicas disponibles (Diario Uno, s.f.) 
En p‡rrafos siguientes, otorgaban la responsabilidad de la sanci—n legislativa a otras multinacionales interesadas por el agua en Mendoza, desconociendo la acci—n informada del pueblo. La ley 7722 impide el uso de sustancias contaminantes y peligrosas que se utilizan en la miner’a. Por lo tanto, en territorio mendocino los proyectos megamineros est‡n frenados. As’ que existe una puja entre los actores politico-econ—micos que buscan derogarla y las asambleas socioambientales que deÞenden la ley. 
Uno de los argumentos utilizados con mayor frecuencia es el de Òactividad sustentableÓ o Òminer’a sustentableÓ, compartido tanto por funcionarios como por las empresas. Por ejemplo, en 2003 ante el descubrimiento de oro en el yacimiento La Cabeza, en Agua Escondida, el director de miner’a de la provincia aÞrmaba: 
la miner’a como en toda actividad que realiza el hombre, produce un impacto, cuyo control en este caso lo realizan dos direcciones que deben monitorear los trabajos de la empresa y as’ garantizar que se realicen sin afectar el medio ambiente y la salud. La labor controlada es factible, dado que hay muchos medios para que la explotaci—n se lleve a cabo de manera sustentable (Polidori, 2004). 
El extractivismo no es sustentable, y el eslogan Òminer’a sustentableÓ es siempre un oximor—n. La destrucci—n de laderas, suelos y contaminaci—n del agua no vuelven a recomponerse nunca m‡s o necesitan de grandes per’odos de tiempo que exceden la temporalidad capitalista. Por otra parte, en este fragmento se realiza una comparaci—n capciosa y reiterativa dentro del discurso pro-minero, pues si bien la actividad humana produce un impacto en el medio ambiente, no todas las actividades tienen el mismo potencial de transformaci—n o destrucci—n. Aqu’ remitimos a lo expuesto por Giarraca (2012), quien diferencia claramente las actividades extractivistas de las que no lo son. 
El rol de las mineras en la discursividad es clave. En el a–o 2015 se desarroll— en MalargŸe un congreso denominado ÒMalargŸe mining 2015Ó (Fig. 4), donde participaron Yamana Gold, Hierro Indio S.A., Proyecto San Jorge y la CNEA. En dicho encuentro, la miner’a fue sin—nimo de generaci—n de trabajo y desarrollo y se consider— que la sanci—n de la ley 7722 Òcomplic—Ó la factibilidad de la actividad, compar‡ndose la situaci—n con la provincia de San Juan donde s’ se puede utilizar cianuro. 
Figura 4 
Folleto del congreso MalargŸe Mining 2015 con sponsors. 

Fuente: Archivo Hist—rico de MalargŸe (2021). 
En el folleto de ese encuentro se exponen detalladamente los intereses mineros trasnacionales en el departamento (Tabla 1). 
Tabla 1 
Empresas mineras presentes en MalargŸe a inicios siglo XX. 
A–o  Empresa  Mina  Mineral. Extracci—n estimada  Inversi—n  
2003-2007  Exeter Resources  La Cabeza-Don Sixto  Oro. 1 mill—n de onzas por a–o  10 millones de d—lares.  
2006  Ò  Estelar  Plata y oro  
2007  Ò  Cognito  Oro  
2004-2006  Minera Depromin S.A., subs. De Tenke Mining Corp.  Mina MalargŸe Sur, Ver—nica 3 y Elisa  P—rÞdos de cobre y oro  
2004  Portal de Oro  Anchoris y Block San Rafael  
2005-2007  Minera Agaucu S.A.  Proyecto Pehueche y Los caballos  
2006  Minera Geometales  El Coloso  Cobre  
2006  Agua Rica  El Manzano  

Fuente: Elaboraci—n propia en base a MalargŸe Mining 2015 (2022). 
Por œltimo, es necesario entrever c—mo interaccionan estas ideas de progreso y desarrollo extractivistas con otros procesos de explotaci—n de tierras asociados con la implementaci—n de paquetes tecnol—gicos que involucran otras regiones del pa’s. Por ejemplo, la producci—n de yeso local aument— su demanda en consonancia con el auge de uso de agroqu’micos y fertilizantes en la zona pampeana, pues se utiliza en forma de perlas como sulfato de calcio. 

4.1. Ordenar el territorio. 
Desde el 2018 en adelante, el sector gubernamental y empresarial del sur mendocino se transform— en un espacio de presi—n para que se llevaran adelante proyectos megamineros y se concretara el avance del fracking, por medio de la sanci—n del decreto provincial 248 en marzo de ese a–o. A su vez, propiciaron el avance de megaproyectos tur’sticos e hidr‡ulicos como el caso de El Azufre en la zona cordillerana, en tierras de veranada, y la construcci—n de la represa Portezuelo del Viento sobre el cauce del r’o Grande, uno de los r’os que da origen al r’o Colorado. En este marco, desde la municipalidad se elabor— un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) departamental. All’ se plasman esquem‡ticamente las nuevas conÞguraciones territoriales asociadas a estas actividades. Se suman el turismo y la actividad caprina, pero ya no como una actividad de subsistencia. 
Dentro del POT se proyecta una: 
Visi—n de MalargŸe de ac‡ al 2030, y a partir de esa visi—n, la zoniÞcaci—n y la identiÞcaci—n de programas y proyectos priorizados. (É) aqu’ hablamos de un MalargŸe integrado al mundo sobre y potenciando, su cercan’a y su vecindad con regiones que son vecinas (É) en el norte la zona agroindustrial de Mendoza a travŽs de la Þnalizaci—n de la ruta 40 desde El Sosneado a Pareditas (É) En el sur a travŽs de la ruta 40 sur vinculando con la zona de la cuenca media del r’o Colorado, en el norte neuquino (É) con lo que ya se deÞne la zona de la cuenca de Vaca Muerta. (É) Hacia el este, coraz—n de la pampa hœmeda, a travŽs de la ruta 226, que es la que pasa por Agua Escondida, y de esa manera hablamos del corredor bioce‡nico Pehuenche, para conectar el Atl‡ntico y el Pac’Þco por el Pehuenche. Y al oeste la integraci—n hacia Chile. Particularmente, a travŽs del Pehuenche (funcionario municipal, comunicaci—n personal, 10 de noviembre de 2021). 
En relaci—n con esta proyecci—n (Fig. 5), se contempla la creaci—n de un puerto seco consistente en un nodo internodal log’stico. Aunque desde Naci—n ya se contempl— en la zona de Las juntas la Terminal Internodal Log’stica Las Juntas (TIRLA), desde el municipio creen que ser’a m‡s adecuado en Bardas Blancas, donde conßuyen las rutas 226 y 40. 
Figura 5 

Fuente: Municipalidad de MalargŸe. 
Si bien en el POT se contempla la transici—n de combustibles f—siles a energ’as renovables y el impacto del cambio clim‡tico a nivel local, se sostiene que Òhay licencia social para la actividad minera en general y donde hay potencialidad de la actividad extractiva, o de primera categor’a, segunda y terceraÓ4 . Aqu’ se destaca la potencialidad de la mina de potasio Ca–ad—n Amarillo en cercan’as del r’o Colorado y el desaf’o que implica la centralidad de la actividad petrolera en la econom’a local junto con la necesidad de diversiÞcar la matriz productiva de forma exitosa (Municipalidad de MalargŸe, 2020). 


5. Resistir en territorios marcados 
Frente a estos embates por re-impulsar actividades extractivas, un sector importante de la sociedad malargŸina se opone abiertamente, reunidos en organizaciones y asambleas socioambientales. Los riesgos de estas actividades a nivel socioambiental son altos, adem‡s de involucrar el consumo de elevadas cantidades de agua en una zona semi‡rida (Urresti & Marcellesi, 2012). Se incrementan los desalojos de puesteros a quienes aœn no se les ha regularizado la tenencia de las tierras; el deterioro en la geomorfolog’a y la hidrolog’a afectar’a sensiblemente a las formaciones espeleol—gicas abundantes y casi desconocidas de la zona, y, por œltimo, la falsa promesa de progreso y trabajo que contienen. 
El trabajo emp’rico permiti— observar que predomina la desconÞanza, sobre todo en el caso de las inversiones tur’sticas como El Azufre, que involucran las tierras de veranada (trashumancia) en la zona de cordillera. Lo mismo sucede con el avance del fracking, pues no existe una informaci—n cabal sobre cuantos pozos con este mŽtodo se realizaron. Estas dos actividades aparecieron como las m‡s preocupantes en las entrevistas. A su vez, la defensa de la ley 7722 es una cuesti—n ineludible en las charlas, por su valor de Òguardiana del aguaÓ que le otorgaron las asambleas y la defensa que se emprendi— en su favor, en diciembre del 2019, ante el intento de derogaci—n. 
Este apartado expone las experiencias y reßexiones de referentes de la organizaci—n Malalweche, que nuclea a las comunidades originarias y puesteras de Mendoza; as’ como de la Federaci—n Argentina de Espeleolog’a (FAdE) y de gu’as tur’sticos con experiencias diversas respecto al territorio. 
En el sur mendocino, la Þgura del puestero (Soto, 2021) o criancero es central porque se trata, en la mayor’a de los casos, de los descendientes de los pobladores originarios, quienes aœn no poseen la titularidad de sus tierras, salvo ciertas excepciones. En el a–o 1996 se sancion— la ley provincial N¡ 6086 conocida 
Idem. 
como Ley de Arraigo, que estipulaba el otorgamiento de las titularidades luego de un relevamiento, y establec’a un consejo de arraigo donde los puesteros deb’an designar sus delegados para la toma de decisiones. Esta ley no acab— de ejecutarse completamente, solo se concedieron prorrogas que frenan los desalojos, prolongando una situaci—n de incertidumbre. Justamente, desde los setenta aumentaron los desalojos violentos debido a que, dentro de estas tierras, se encontraron yacimientos Ñpor ejemploÑ de m‡rmol negro: 
Un hecho penoso motiv— la toma de posesi—n al disponer el inmediato desalojo de los puesteros radicados en ese campo Armando Hern‡ndez de Agua de Campo; HŽctor Castillo y Erasmo Antonio Castillo, de Agua de la Cuchilla; Tito del Carmen Moya, de Agua del Panul; Ernestina Moya de Agua del Medio; Selmo CortŽz, de Agua de Lastra; Ricardo Hern‡n, de Agua de La Vaca; Jesœs Cortes, de Lui Malal; Benito Hern‡ndez, de Chihuido de Castro; y Pedro Juan Bianco, que ocupaba el casco de la estancia Chachahuen (Diario Los Andes, 1975). 
La situaci—n en que se encuentran las familias puesteras en el medio rural es cr’tica. En muchos casos pagan un ÒalquilerÓ a terratenientes que no residen en el lugar, por ejemplo, en el caso de las tierras del grupo Walbrook, propietarios del complejo tur’stico de invierno Las Le–as, conocidos localmente como Òlos malayosÓ, aunque su centro de operaciones est‡ en Londres. Este fondo de inversi—n posee unas 550.000 hect‡reas que comprenden parte de la cuenca alta del Atuel (Langhoff, 2022). 
Precisamente, las situaciones de incertidumbre motorizaron la creaci—n de Malalweche en la primera dŽcada del siglo XXI, la cual busc— organizar a las comunidades Mapuche con presencia ancestral en la zona: 
entend’amos que todo esto ten’a un sentido comœn, o ten’a un origen comœn, que era el tema de la concentraci—n de la tierra (É) empezamos con una organizaci—n que empez— con 1-2 comunidades, en el a–o 2007-08 se inici— la solicitud de personer’a, un auge importante que se nos abre desde el instituto, el INAI (É) y desde el 2010 al 2015 aproximadamente, se logra ya casi 25 comunidades (G. J., comunicaci—n personal, 21 de marzo de 2021). 
Actualmente, se nuclean en Malalweche unas 150 familias crianceras y unos 100 puestos de crianza; segœn c‡lculos del werken (vocero), en la zona hay poco m‡s de 1000 productores y unos 800 puestos de crianza. Desde la organizaci—n se destaca que los desalojos se hicieron m‡s intensos desde los setenta y se acrecentaron en las dŽcadas siguientes, en parte por los intereses petroleros, pero tambiŽn por las inversiones relacionadas con el turismo. TambiŽn, la creaci—n de reservas provinciales en la zona constri–e las tierras de los crianceros. Al avanzar con la conformaci—n de Malalweche, estos fueron adentr‡ndose paulatinamente Ñdesde la tem‡tica territorial y de titularidad de tierrasÑ en la tem‡tica ambiental. En este proceso de consolidaci—n, se aliaron con otras organizaciones socio ambientales, y se fortalecieron en el ‡mbito legal. 
Desarrollaron estrategias para defender sus tierras frente al avance de las empresas, como la siguiente: 
Nuestra gente, inclusive, se empez— a sorprender de que ese que lo ven’a a visitar, que era re bueno y que se yo, resulta que era el tipo que le estaba haciendo Þrmar permanentemente, o que le estaba haciendo jugar para la mineraÉ y como esas tŽcnicas hoy en d’a son tan invasivas, nosotros los fuimos dando Þrmeza (G. J., comunicaci—n personal, 21 de marzo de 2021). 
Algunas estrategias exponen la superposici—n de los territorios petrolero y criancero, por ejemplo: 
Una resistencia que se hizo a la instalaci—n de un pozo petrolero, que hab’an proyectado 100 pozos y que no alcanzaron a hacer ni uno, era solamente ingresar, permanecer media hora y volver hacia afuera de la explanada. Hicimos un alambrado perimetral nosotros, muy cortito, en realidad en los accesos, como diciendo ac‡ hay una tranquera (G. J, comunicaci—n personal, 21 de marzo de 2021). 
Esta tŽcnica no funcion— con los pozos de fracking debido a que la estimulaci—n hidr‡ulica se hizo sobre pozos ya abiertos. Esta actividad est‡ considerada con poca proyecci—n en Mendoza, pero el entrevistado destac— que las exploraciones petroleras, sobre todo las de los a–os setenta y ochenta, dejaron pasivos ambientales como las l’neas de exploraci—n s’smica que deterioraron la vegetaci—n y, por ende, la disponibilidad de pastura para el ganado, ya escasa debido las condiciones de aridez. 
Otra organizaci—n con base en MalargŸe es la FAdE, cuyo presidente tambiŽn aÞrma que el desarrollo del fracking all’ no tiene buenas perspectivas por la relaci—n costo-beneÞcio. Pero destaca c—mo se ha establecido, a travŽs de las dŽcadas, una especie de feudo o coto donde los funcionarios municipales responden a las empresas. Para la FAdE, el avance de estas actividades junto a las privatizaciones de tierras con Þnes tur’sticos atentan contra la conservaci—n de las cavernas o cuevas abundantes en la zona, que son estudiadas por cient’Þcos nacionales e internacionales. En la conservaci—n de estas formaciones geol—gicas, el rol de los puesteros es valioso, pues est‡n en sus tierras. Si bien estos no ingresan a ellas, pues son lugares asociados a la topofobia, al realizar una actividad de bajo impacto como la criancera o ganader’a extensiva, colaboran en su cuidado. Las formaciones espeleol—gicas se forman, en parte, por la acci—n del agua subterr‡nea: 
Depende del agua, es el agua la que forma, lo venimos diciendo desde siempre, nos dimos cuenta de que nosotros no podemos separar nuestra lucha por proteger las cuevas, de la lucha general por el agua. Si contaminan el agua de la superÞcie, o contaminan las aguas subterr‡neas, corre riesgo la biodiversidad de las cuevas, que no est‡ estudiada, todav’a no est‡ estudiada a fondo (C. B., comunicaci—n personal, 24 de julio de 2021). 
Por este motivo para la FAdE es clave la constituci—n del Consejo de Arraigo del Puestero, donde tambiŽn busca participar como organizaci—n con presencia en territorio, sobre todo por los trabajos de relevamiento espeleol—gico en los que suelen cooperar los habitantes rurales. 
En este orden de ideas, su presidente destac— la defensa de la ley 7722 en diciembre de 2019 a nivel provincial, donde la sociedad malargŸina tambiŽn se manifest—. Para Žl, fue un Òsegundo malargŸinazoÓ, pero, adem‡s, en MalargŸe se organiz— una contramarcha pro minera ese mismo d’a: 
Y yo ve’a que, en la esquina, 50 metros m‡s adelante, hab’a gente con otras caras y con carteles muy prolijitos en defensa de la miner’a. Era evidentemente algo organizado Àno? (É) y de repente se empieza a mover la manifestaci—n que estaba organizada, era, yo creo, la tercera parte en nœmero que Žramos nosotrosÉ no ser’an m‡s de 50 personasÉ todos varones. Y pasan por delante de donde est‡bamos nosotrosÉ (É) Pero lo que m‡s se gritaba era Òel agua de la plaza no se negociaÓ (C. B., comunicaci—n personal, 24 de julio de 2021). 
En el caso de la actividad tur’stica, la superposici—n de territorialidades extractivistas con territorios de reproducci—n de la vida ligados a una ancestralidad rural, se hace evidente para el turista que visita la zona, sobre todo en el ‡rea de Payunia uno de los principales atractivos locales. Esta contradicci—n es descrita de la siguiente manera por uno de los gu’as con m‡s a–os en la profesi—n: 
El petrolero pone una ecuaci—n muy, muy particular Àno? Pone Òexplotaci—n petrolera m‡s reserva natural igual a desarrollo sustentableÓ [silencio] depende para quien lo estŽ hablandoÉ el desarrollo sustentable, pero usted sigue m‡s all‡ y se encuentra con un cartel puesto por la due–a del campo, que dice ÒYPF est‡ matando a personas y animales contaminando el agua con ÉÓ (É) a ver: que el petr—leo sirva como como desarrollo de una poblaci—n, no cabe la menor duda, tiene mucho que ver, pero el impacto contaminante no se debiera tapar (J. Ch., comunicaci—n personal, 10 de noviembre de 2021). 
Las percepciones por parte de profesionales tur’sticos var’an, ya que en esta zona se prioriza la necesidad de fuentes de trabajo para los j—venes. Por ejemplo, hay profesionales del turismo que avalan el extractivismo y quitan relevancia a la manifestaci—n del 2019 o directamente la niegan: Òcada uno debe tener su postura y pensar diferente, pero marchas y eso no se han hecho, se de gu’as que est‡n en contra y a favor, pero mientras que sea trabajoÉÓ (N. G., comunicaci—n personal, 10 de noviembre de 2021). Desde esta postura, el esquema de fuerzas del cual es escenario el sur mendocino, plantea dos posiciones confrontadas: una de los sectores gubernamentales y econ—micos locales Ñpara quienes con habilitar estas actividades se asegurar’a el desarrollo localÑ; y, al contrario, la posici—n de las organizaciones que est‡n arraigadas al territorio, que plantean otras actividades con menor impacto, adem‡s de ser reconocidos como contrapartes necesarias en la preservaci—n de sus tierras. Estas œltimas desconocen cualquier Òlicencia socialÓ a la megaminer’a y el fracking. 

6. Reßexiones Þnales. 
Este trabajo present— un avance sobre c—mo MalargŸe puede ser considerado un territorio de reserva de recursos estratŽgicos para el interŽs de empresas trasnacionales y el Estado mendocino. Esta idea de reserva va unida a la de territorio marcado hist—ricamente, donde, a lo largo de las dŽcadas, se han efectuados estudios y descubrimientos relacionados a minerales e hidrocarburos, los cuales dejaron un antecedente. A su vez, ello es insumo para crear una Òlicencia socialÓ por parte del Estado y los intereses privados. De esta forma se entretejen y recrean diversas territorialidades como la minera, la del petr—leo, la criancera, la que se delinea a travŽs del POT del municipio, la espeleol—gica y la tur’stica. 
El an‡lisis a travŽs de la discursividad generada, el extractivismo como modelo y las resistencias c—mo respuestas, muestran el esquema de relaciones de poder complejas asentadas sobre el avance de las actividades de alto impacto. Las resistencias no son inorg‡nicas, sino que se visibilizan y respaldan por medio de la defensa del agua (ley 7722) y de la tierra (ley 6086) para evitar los desalojos. Estas territorialidades est‡n en tensi—n y conßicto. El modelo extractivista no es compatible con la ganader’a extensiva de trashumancia. En este sentido, la criancera es una actividad compatible con el turismo de bajo de impacto, pero entra en conßicto con los desarrollos inmobiliarios y de inversi—n tur’stica como los que se impulsan en plena cordillera y que amenazan a las tierras de veranada. En ambos casos, hay una disputa con desigualdad de fuerzas por el acceso al agua y la tierra. Tanto la criancera como la espeleol—gica, son territorialidades que coexisten y pueden contribuir a conformar una territorialidad del cuidado ambiental en un entorno semi‡rido. 
Es necesario continuar con el estudio de las narrativas elaboradas hist—ricamente en torno a las actividades extractivas y c—mo se van re-elaborando en la actualidad para intervenir en el territorio. En el an‡lisis hist—rico-geogr‡Þco del material archiv’stico, se evidencia c—mo los proyectos relacionados con miner’a, extracci—n de hidrocarburos o construcci—n de represas, tienen origen en otros momentos hist—ricos, pero, m‡s all‡ de concretarse, sientan un precedente y actœan como insumo para futuros proyectos de alto impacto. 

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