“Malargüe (Argentina): extractivismo y disputa por bienes comunes”.

“Malargüe (Argentina): extractivism and dispute for common goods” “Malargüe (Argentinapi): extractivismomanta shinallatak allpamanta makanakuykunamanta

Maria Laura Langhoff marialauralanghoff@gmail.com ORCID: 0000-0002-1534-9534 (DGyT, UNS-CONICET)
Argentina

Cita recomendada:
Langhoff, M. L. (2024). Malargüe (Argentina): extractivismo y disputa por bienes comunes. Revista Sarance, (52), 185 - 207. DOI: 10.51306/ ioasarance.052.09

Resumen.

Este artículo organiza la información recolectada hasta el momento en trabajos de campo, entrevistas y relevamiento de archivo, efectuados en el departamento Malargüe (Mendoza, Argentina), a partir de la premisa que considera a esta zona de la provincia como un territorio marcado históricamente para la extracción de recursos. Para el caso, el periodo temporal abarca desde inicios de siglo XX hasta el 2021. El enfoque se inscribe dentro de la ecología política, y toma como tópicos estructurantes el extractivismo y el territorio. Metodológicamente, el trabajo ordena de forma cronológica el desarrollo de actividades mineras e hidrocarburíferas, junto a la sanción de legislación provincial que limita la expansión de estas y, a la vez, busca resguardar al sector rural (criancero) frente a la expansión de capitales foráneos. Para un análisis de la información, se recurrió a trabajar a partir de tres variables: territorio, discursos y resistencias. Los resultados parciales conducen a mostrar cómo se intenta construir, desde el Estado y sectores privados, a partir de las actividades mineras e hidrocarburifera, un consenso positivo o licencia social en la población. Desde la narrativa oficial se valoran esas dos territorialidades, no obstante, en las últimas décadas del siglo XXI adquirieron visibilidad territorialidades como la criancera y la espeleológica, que plantean otras posibilidades no asociadas a la extracción de recursos.

Palabras claves: extractivismo; territorio; resistencias; discursos; recursos.

Abstract

This article organizes the information collected thus far in field work, interviews, and archival surveys carried out in the department of Malargüe (Mendoza, Argentina), based on the premise that this area of the province is considered a territory historically marked by resource extraction. In this case, the time period covers from the beginning of the 20th century up through 2021. The approach is etched into political ecology, taking extractivism and territory as structuring topics. Methodologically, the work chronologically orders the development of mining and hydrocarbon activities, together with the enactment of provincial legislation limiting their expansion, as well as seeking to protect the rural sector (criancero) against the expansion of foreign capital. For an analysis of the information, three variables were used: territory, discourses, and resistance. The partial results lead to show how the State and private sectors try to build a positive consensus or social license in the population based on mining and hydrocarbon activities. The official narrative values these two territorialities, however, in the last decades of the 21st century, territorialities such as the criancera and the speleological have gained visibility, which raise other possibilities not associated with resource extraction.

Keys words: extractivism; territory; resistances; speeches; resources.

Pishiyachishka Yuyay

Malargüe llaktami (Mendoza, Argentinapi), kaymanta imalla rimaykunata, maskaykunata, tantachishkatami kay killkaypika rimanchik. Puntamantapachami kay markapika allpataka tukyachishpa charishka. Kay llakitaka kallarishkankami XX patsak watakunamanta, 2021 watakaman. Kayta killkankapakka allpamanta yachaykunawan sinchiyarishpami killkanchik, imashalla allpata tukyachiyhuyka hatun llakimi nishpa rikuchinkapak, imasha ñukanchik llaktakunata nallichin nishpa rimanchik. Kay killkaypika kati katimi willachin imashalla minería kakpi, petróleo kakpi, gas kakpi mayhan empresakunapash yaykumushpa apanahun. Chaymanta riman imasha kamachinakuykuna wiñay kallarishkanka allpata harkashpa ama ashtawan llakichichun. Kay tukuylla willachikunata alliman tantachishpa rimankapakmi shikanyachishpa killkashka kimsa layapi: allpamanta rimaykunapi tantachishka, runakunapa rimaykunatalla tantachishka, shinallatak runakuna sinchi shayarishkatapash shikanman tantachishpa killkashka. Kay rurashka kipammi puchukan imasha runakuna, empresakuna, gobiernopash rimarishpa mineriata yaykuchishka kashka llakta ukukunaman. XXI patsak watamantami runakunaka yachakushkanka kay allpapi wiwakunata wiñachishpa katinata shinallatak allpa utuhukunamanta yachakunata, shinashpa ñana allpata tukyachinatallaka yan kanshkankachu.

Sinchilla shimikuna: allpa tukyachina; llakta; sinchiyariy; rimaykuna.

Introducción.

El presente trabajo, de carácter exploratorio, propone un acercamiento al desarrollo de actividades extractivas en el departamento Malargüe, sur de la provincia de Mendoza (Argentina). Se parte de un enfoque de la ecología política, debido a que se entiende al área de estudio como un espacio atravesado por múltiples relaciones de poder e incardinado en una multiescalaridad en la que adquieren relevancia recursos naturales estratégicos, con un incremento de proyectos que buscan explotarlos. La ecología política facilita la aprehensión de los procesos de capitalización y mercantilización de la naturaleza con una perspectiva histórica. El tejido de redes de poder que se desarrolla a través del tiempo entre los distintos sujetos que buscan controlar, acceder y distribuir o acaparar los recursos, genera conflictos socioambientales, consecuencias como la deuda ecológica y cuestionamientos al metabolismo social (García Jiménez, 2022). A la vez, se plantea una deconstrucción de la naturaleza como concepto que adscribe a una naturaleza mercantilizada, en oposición a las naturalezas orgánicas (Leff, 2006).

En este marco, el extractivismo adquiere centralidad como un concepto englobante de los procesos destructivos y trsanformativos de lo socioterritorial y socioambiental. Pese a la riqueza y amplitud del corpus teórico con relación al extractivismo (Svampa, 2019; Machado Aráoz, 2014), en este trabajo se consideran los aportes de tres referentes sudamericanos que son sustanciosos. Primeramente, Giarraca (2012), quien sostiene que el modelo extractivista se define por los siguientes elementos: es un conjunto de actividades que tienen altos consumos de recursos no renovables, escalas de producción mayores a las precedentes, uso de tecnología de punta, localización territorial asociada a los recursos del lugar, que adquirieron impulso en el marco de las políticas neoliberales de la segunda mitad de siglo XX; actividades de elevado valor de cambio, pero poco valor de uso para las comunidades. Terán Mantovani lo considera como un eco-régimen donde se crean nuevos modos de territorialización definidos por redes de poder multiescalares, que monetizan tanto la naturaleza como la vida de las comunidades. A su vez, desde su análisis, el extractivismo es un régimen que se va configurando a escala micro-política sobre los territorios, los cuerpos y los ecosistemas (Teran Mantovani, 2018). Y, por último, el aporte de Galafassi y Riffo, quienes resaltan que el extractivismo debe ser entendido como un elemento en el proceso de acumulación capitalista; y por ello, rescatan la necesidad de no obviar la historicidad de dicho proceso en el continente:

El proceso extractivo/extractivista estuvo presente desde la conquista, en todo caso lo que varió, además de las herramientas tecnológicas, fue una presencia complementaria en mayor o menor medida de algún proceso parcial de industrialización. De ahí que aquellos que definen como extractivista (o neoextractivista) a estas últimas décadas están de alguna manera soslayando la

historia latinoamericana y de la propia modernidad, planteando como novedad un proceso que define toda la trayectoria de ‘acumulación dependiente’ del subcontinente americano (2018, p. 240).

Las miradas que proponen estos autores permiten abordar con mayor profundidad las investigaciones sobre las estrategias que generan los capitales trasnacionales en su avance territorial y sus alianzas con los sectores político- gubernamentales. Otro componente que es necesario considerar al momento de estudiar sus impactos es el carácter financiero que adquirieron en estas últimas décadas. En este marco, los términos en que se manejan las empresas y sus CEO’s están totalmente desterritorializados, desde su posición, los territorios donde operan están deshabitados, desconocen y niegan los derechos de quienes en ellos habitan, mercantilizando los territorios. Estas compañías son altamente versátiles en cuanto a fusiones y el establecimiento de sociedades entre diversos capitales privados, (Langhoff M. L., 2022), de diverso origen.

El territorio como elemento indispensable para la reproducción de la vida, es el componente clave del extractivismo: Haesbaert, desde su enfoque integrador, lo entiende como un híbrido que “Puede concebirse a partir de la imbricación de múltiples relaciones de poder, del poder material de las relaciones económico-políticas al poder simbólico de las relaciones de orden más estrictamente cultural” (2011, p. 68).

Los territorios dentro de la dinámica neoliberal extractivista son solo contenedores de recursos naturales, en tanto para las comunidades asentadas en ellos, son el sostén de la vida y sustentadores de los bienes comunes “Estos bienes son básicos para la sobrevivencia humana y, por lo tanto, la comunidad los ve como suyos. Es así como tienden a cuidarlos con mucho respeto y muy responsablemente para sí y sus futuras generaciones” (Gutierrez Espeleta & Mora Moraga, 2011, p. 132). Dentro de esta valoración, asegurar la reproducción de la vida es fundamental, mientras que al hablar de recursos se coloca el énfasis en lo económico.

El estudio del sur mendocino permite generar un acercamiento a cómo opera el régimen extractivista enlazándose con la historia, el arco político, la cultura malargüina y las formas en que se intensificaron sus tácticas de intervención en el espacio en las últimas décadas del siglo XX y el actual XXI. A la vez, estas intervenciones provocan reacciones y nuevas organizaciones de la sociedad que se ve afectada, que resiste a este avance por medio de diversas acciones.

Metodología.

La metodología que se construyó es cualitativa y permite una aproximación al período temporal comprendido entre inicios de siglo XX hasta 2021, de forma

exploratoria. Con el objetivo de analizar la conformación de Malargüe como un territorio de reserva estratégica de recursos para el capital, se tomó el concepto de extractivismo como eje estructurante. Para ello se consideraron tres variables que permiten comprender cómo el mismo se impone y transforma desde lo territorial a lo socioambiental y político. Las variables son el territorio, los discursos y las resistencias.

Entendemos al territorio extractivista desde la construcción que realizan el capital privado, mixto y público, aliados con el Estado para producir conocimiento científico por medio de exploraciones y prospecciones que permiten acumular información valiosa sobre las potencialidades extractivas para ser utilizadas en corto, mediano o largo plazo. Esta información genera proyectos que, en caso de no concretarse, ya sea por coyunturas sociales, políticas o económicas, permanecen latentes y son retomados en otras circunstancias. De aquí el considerar al territorio malargüino como territorio de reserva estratégica de recursos. En relación con esto, los capitales extractivos tienen la capacidad de crear nuevas configuraciones territoriales, elaboradas a nivel de la planificación y legislación para luego territorializarse. Estas, a su vez, están en consonancia con las planificaciones territoriales que realizan los gobiernos, por ejemplo, los planes de ordenamiento territorial (POT).

Desde la ecología política, la discursividad resulta valiosa debido a que la construcción de conceptos en relación al control de la naturaleza (Leff, 2006), se asienta en la matriz tecno-científica moderna, actuando como dispositivos tecnológicos (Machado Aráoz, 2019) que ayudan a legitimar el extractivismo. Como contrapartida, los sectores afectados ante el embate cuestionan, deconstruyen esos conceptos hegemónicos y elaboran nuevos lenguajes de valoración. Para el caso de este estudio, la re-elaboración de la historia en base al interés económico en torno a la minería es un claro ejemplo. Esta reelaboración histórica es útil a los intereses mineros y los sectores de poder local. Esto conduce al segundo aspecto: la construcción de la “licencia social” desde los sectores de poder económico y político interesados, con el fin de habilitar nuevas actividades para que esas zonas relegadas se abran al “progreso” o “desarrollo”.

Las resistencias muestran cómo se genera, desde los afectados directos, estrategias que visibilizan otras territorialidades y, por ende, construyen nuevas voces para enfrentar las dinámicas extractivistas. En este caso, las resistencias exponen la disputa por la tierra y el agua en un medio semiárido. Aquí, las herramientas que subyacen son la organización de las comunidades afectadas, el diálogo entre actores del campo de la ciencia y los afectados, el diálogo de saberes y la legislación ambiental.

Para conocer cómo se convirtió Malargüe en un territorio de reserva estratégica de recursos y en disputa, se recurrió a fuentes escritas almacenadas en el Archivo Histórico de Malargüe, puntualmente notas de prensa y publicaciones de informes sobre minas de la primera mitad de siglo XX. También se realizaron entrevistas a residentes de la ciudad surmendocina que desempeñan diversas funciones. Por último, el trabajo de campo es clave, pues en viajes realizados en 2019 y 2021, se recolectó esta información junto con fotografías, además de observar transformaciones sobre el paisaje.

A continuación, el trabajo se ordena de la siguiente manera: se realiza la localización del área de estudio y se analiza en perspectiva temporal el desarrollo de algunas de las actividades mineras e hidrocarburiferas relevantes. Luego se exponen los discursos elaborados por los sectores interesados en la explotación en los últimos años, que buscan construir la licencia social, y, por último, las resistencias que se manifiestan desde el territorio.

Territorio marcado y explotado.

El departamento de Malargüe se ubica en el extremo sur de la provincia de Mendoza, su ciudad cabecera es la homónima y se caracteriza por encontrarse, al igual que el resto de la provincia, dentro de la Diagonal Árida Argentina, que se incluye en la Diagonal Árida Sudamericana (Martínez Carretero, 2013). Según el censo de 2010, el departamento cuenta con una población de 32.717 habitantes (INDEC, 2023), y su extensión es de 41.317 km2, lo que lo convierte en el más extenso de la provincia (Municipalidad de Malargüe, 2020) (Fig. 1). Forma parte de los territorios incorporados a la provincia cuyana luego de la campaña roquista de finales del siglo XIX. Si bien Mendoza cuenta con tres oasis productivos que aprovechan los ríos cordilleranos (norte, centro y sur), en el caso de Malargüe, la utilización del río homónimo para irrigación es muy incipiente. El departamento cuenta con geoformas y relieves que le otorgan identidad paisajística única, como la Payunia, uno de los campos volcánicos más grandes del mundo, la Laguna Llancanelo, sitio RAMSAR; la cordillera y el piedemonte con características singulares. Además, entre esta área y parte de la provincia de Neuquén, se desarrolla un complejo sistema espeleológico que contiene formas de vida endémicas recientemente descubiertas (Acosta, 2019) y con un potencial científico prometedor para conocer el desarrollo de la biodiversidad subterránea.

Figura 1
Ubicación del departamento Malargüe.

Fuente: Elaboración propia en base a SIAT.

Las actividades desarrolladas en este sector son la minería de tercera categoría (minerales de naturaleza pétrea o terrosa), de primera categoría (oro, plata, plomo, cobre, molibdeno, hierro, estaño, cobalto, azufre, potasio etc.) y segunda (baritina, tierras piritosas y aluminosas, entre otras). La ganadería extensiva caprina o criancera continua con prácticas ancestrales en el medio rural, como la trashumancia. La actividad hidrocarburífera se circunscribe a las áreas precordillerana, Payunia y en las riberas de los ríos Grande y Colorado. A partir de la década de los ochenta adquirió relevancia el turismo de invierno con el complejo Las Leñas y luego el paulatino desarrollo del turismo de aventura.

En materia minera, en la historia malargüina se destacan algunas minas que se transformaron en hitos locales. Es necesario considerar que su explotación se produjo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, por lo que se extrajeron minerales valiosos en esa coyuntura. La primera es Minacar (Fig. 2) localizada en la zona del Río Grande. Los trabajos se iniciaron en 1941 bajo el nombre de Mina Gral. San Martín N°1, perteneciente a Mapycsa S.A., luego pasó

a estar a cargo de Minacar S.R.L. Allí se extrajo carbón bituminoso y asfaltita. Las características de ésta última ofrecían la posibilidad de obtener coke, gas y aceite de alquitrán. La explotación se llevó adelante por medio de tres métodos: a cielo abierto, subterráneo y combinado. A 100 km. de la localidad de Malargüe se construyeron los alojamientos de los obreros, tanto para los solteros (alojamientos colectivos) como los casados (viviendas). Contaban, además, con proveeduría, comedores, espacios deportivos, un cinematógrafo particular y una escuela hogar, construida por la misma empresa. En este caso, tanto la escuela como el médico de la empresa atendían al resto de los habitantes en la zona (Ortiz & Boiero, 1950). Para el año 1950, se habían extraído 400.000 Tns de carbón. Al año siguiente se produjo su cierre definitivo.

Figura 2
Instalaciones de Minacar en departamento de Malargue.

Fuente: Archivo Histórico de Malargüe (2021).

Las otras minas que desarrollaron el imaginario minero malargüino son: Hierro Indio, minas Ethel y Santa Cruz, y cerro Huemul. Hierro Indio tuvo su época de esplendor en las décadas del treinta y cuarenta, cuando fue explotado por el Estado nacional y en los sesenta por Fabricaciones Militares. Luego quedó abandonada, y se propuso su reactivación recientemente (Langhoff, Geraldi, & Rossel, 2022). El segundo yacimiento se localiza en la zona de Agua Escondida, donde estaban las compañías Empresas Minas Ethel S.R.L., entre 1955 y 1977, y la mina Santa Cruz, de donde se extrajo manganeso. Aquí se produjo, en 1972, una movilización minera

conocida como el “malargüinazo”, en reclamo contra la apertura a la importación de manganeso brasileño. El tercer yacimiento es Cerro Huemul, donde se extrajo uranio bajo el control de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) desde 1953 hasta 1970, en cercanías de la ciudad de Malargüe (Fig. 3).

Figura 3
Mapa distritos mineros de Malargüe.

Fuente: Elaboración propia en base a Archivo Histórico de Malargüe (2021).

En cuanto a la presencia de petróleo, en la zona se conocían lugares donde el hidrocarburo emergía a la superficie ya en los siglos XVIII y XIX (Yrigoyen, 2007). Este elemento fue utilizado por los pueblos indígenas como brea o betún para intercambiar con los criollos, quienes lo utilizaban para impermeabilizar embarcaciones, vasijas y odres de vino1. Según las fuentes, el primero en intentar

1 Esta información se encuentra en el trabajo realizado por Juan Isidro Maza en 1991, denominado “Historia de Malargüe” (sin editar), almacenado en el Archivo Histórico de la ciudad.

explotar económicamente el petróleo en Malargüe, fue Diego Rivadeneira Flor, quien se desempeñó como jefe de la estafeta de San Rafael. Su interés por conocer los minerales de la zona lo llevó indirectamente a su hallazgo en 1898 en El Sosneado. Allí realizó una perforación que mostró la potencialidad petrolera de la zona. También registró la presencia de petróleo en “La mejicana”, en cercanías de Puesto Rojas (Diario Uno, 2015). Sin embargo, sus intentos de llevar adelante esta extracción en ese momento no despertaron el interés del gobierno. A diferencia de lo que luego sucedió en Comodoro Rivadavia, años después.

El auge de la actividad hidrocarburifera surmendocina se da en la década de los setenta. Geomorfológicamente, el sur de Mendoza se encuentra sobre la cuenca sedimentaria Neuquina, donde se localizan las formaciones Vaca Muerta y Agrio (Spacapan et al., 2018) en las que se usa la técnica extractiva fracking o fractura hidráulica. La extracción convencional potenció el crecimiento poblacional de la ciudad y el desarrollo de infraestructura en la zona del Río Grande, Puesto Rojas y río Colorado. En Puesto Rojas, el primer pozo que demostró existencia de petróleo a una profundidad de 1700 metros fue el Md. NPRox2 en 1975 (El Comercio, 1975). En 1977 se iniciaron las perforaciones con 16 pozos en el área de Bardas Blancas (al sur de Malargüe) por parte de la empresa Saipem.

La actividad decayó en los noventa, y generó un proceso de pérdida de puestos de trabajo, estancamiento social, económico y la consecuente crisis. El contexto fue la eclosión destructiva del modelo neoliberal con las privatizaciones de empresas estatales, como el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), compañía que aún se encuentra presente en la zona de estudio. En ese momento, un especialista malargüino en la temática exponía en un medio periodístico:

Malargüe en una época era como Las Vegas y un departamento de un ambiente se alquilaba por 1000 dólares (…) el profesional técnico hacia fortunas en Malargüe, pero no la gastaba acá sino en Mendoza, San Rafael o Buenos Aires (…) Malargüe fue sinónimo de lugar de tránsito, terminaron quedándose sin sentirla como propia (Diario Los Andes, 1997).

Por entonces, la ciudad albergó a los desempleados de YPF, de ferrocarriles y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La actividad continuó, pero a medida que avanzaron las décadas, aumentaron las evidencias sobre los riesgos socioambientales que implicaba. En 2018 se empezó a utilizar el fracking como método extractivo, bajo el amparo del decreto provincial 248, ampliamente cuestionado por los sectores movilizados a nivel socioambiental provinciales (Salomone, 2020).

El extractivismo como progreso.

Los antecedentes expuestos anteriormente enriquecen el discurso pro- minero e hidrocarburífero utilizado por gran parte de los sectores del arco político y con poder económico en Malargüe. Este discurso busca sustentar las nuevas configuraciones territoriales que contienen estas actividades. La narrativa extractivista que desarrollan está estrechamente relacionada con la idea de la naturaleza como fuente de riqueza o “canasta de recursos” (Gudynas, 2010), aseverando que no explotarla sería un derroche y significaría pérdidas económicas. Esta valoración se lee en algunos documentos oficiales y notas periodísticas producidas en la década del setenta en el área de estudio. Un ejemplo es el proyecto de capitales alemanes2 que se interesaron por las posibilidades que ofrecía la zona para la elaboración de soda Solvay en la década mencionada. En una nota elevada al Secretario de Industria y Comercio de la Nación, Chescotta, se mencionaba la posible “tucumanización” de la economía mendocina por privilegiar el cultivo y producción de vid. Ante ello veían con esperanzas que la planta de soda Solvay se instalara en Malargüe (Municipalidad de Godoy Cruz, 1970), pues contribuiría al progreso de la zona.

Contemporáneamente, los descubrimientos que se generaron en esa década asociados a nuevos minerales como el granito negro, condujeron a la prensa a plantear: “la necesidad de incorporar a ese rico sur provinciano a la vida económica de Mendoza” (Los Andes, 1975). Sin embargo, las contradicciones de la llegada del “progreso y su generación de fuentes de trabajo”, quedan expuestas, como sucede en el caso de la construcción de una planta para procesar uranio en 1964. El texto indica que:

la fábrica procesará diariamente 100 toneladas de mineral de uranio, proveniente de las ricas minas sureñas, y todo lo que aparece como complicado mecanismo, ha sido diseñado en forma tal que 15 empleados podrán conducir el manejo del establecimiento por cuanto todo es mecánico (En la fábrica de la Comisión de Energía Atómica procesarán 100 toneladas de mineral de uranio, 1964).

En esta discursividad se busca fortalecer la idea de Malargüe como nexo con la Patagonia y el rol que debe cumplir en ese sentido. La prensa contribuyó a este imaginario y vehiculizó el pensamiento de algunos malargüinos para quienes: “somos ‘Puerta de la Patagonia’, pero no nos dan nada (…), tenemos inmensas riquezas, pero sin ese apoyo ahí se pudrirán. Somos como una linda casa que no tiene fachada”3. En la misma nota, la reflexión de una de las personas consultadas, expone la frustración y lo que supone la explotación de minerales al afirmar que: “pero va a ocurrir lo de

2 La compañía se conformó en Argentina como “Alcalis Malal” y contó con el apoyo del gobernador interventor, Antonio Cafiero. El lugar donde se preveía instalar era en Bardas Blancas, al sur de Malargüe, donde se localizan los yacimientos de sales y calizas.
3 Corresponde a un recorte de periódico conservado en el archivo, sin publicación ni autor.

siempre: nos van a pasar por las narices la caliza y se la van a llevar a otra parte. Nos usan para la extracción del mineral y nada más”.

Esta discursividad prominera se mantiene hasta la actualidad. Si antes la contraparte a quién se dirigió era el gobierno, ahora se busca convencer a la población que no está de acuerdo. A la vez, se confronta con los sectores socioambientales movilizados y que se oponen a este tipo de proyectos. Algunas de las notas periodísticas de inicios de siglo XXI son una muestra de ello. Especialmente con la sanción de la ley provincial 7722 que paralizó las actividades de exploración de multinacionales como Exeter Resource Corporation (cuyo yacimiento objetivo era Don Sixto en Agua Escondida) y Latin American Mineral Argentina, ambas canadienses:

aguardamos la elección de un nuevo gobierno en Mendoza para discutir la minería y el proceso propuesto en Don Sixto (…) sería desafortunado si esta respuesta legislativa fuera permitida para privar a estas comunidades de los beneficios económicos de una mina con las mejores tecnologías y practicas disponibles (Diario Uno, s.f.)

En párrafos siguientes, otorgaban la responsabilidad de la sanción legislativa a otras multinacionales interesadas por el agua en Mendoza, desconociendo la acción informada del pueblo. La ley 7722 impide el uso de sustancias contaminantes y peligrosas que se utilizan en la minería. Por lo tanto, en territorio mendocino los proyectos megamineros están frenados. Así que existe una puja entre los actores politico-económicos que buscan derogarla y las asambleas socioambientales que defienden la ley.

Uno de los argumentos utilizados con mayor frecuencia es el de “actividad sustentable” o “minería sustentable”, compartido tanto por funcionarios como por las empresas. Por ejemplo, en 2003 ante el descubrimiento de oro en el yacimiento La Cabeza, en Agua Escondida, el director de minería de la provincia afirmaba:

la minería como en toda actividad que realiza el hombre, produce un impacto, cuyo control en este caso lo realizan dos direcciones que deben monitorear los trabajos de la empresa y así garantizar que se realicen sin afectar el medio ambiente y la salud. La labor controlada es factible, dado que hay muchos medios para que la explotación se lleve a cabo de manera sustentable (Polidori, 2004).

El extractivismo no es sustentable, y  el eslogan “minería sustentable” es siempre un oximorón. La destrucción de laderas, suelos y contaminación del agua no vuelven a recomponerse nunca más o necesitan de grandes períodos de tiempo que exceden la temporalidad capitalista. Por otra parte, en este fragmento se realiza una comparación capciosa y reiterativa dentro del discurso pro-minero, pues si bien la actividad humana produce un impacto en el medio ambiente, no

todas las actividades tienen el mismo potencial de transformación o destrucción. Aquí remitimos a lo expuesto por Giarraca (2012), quien diferencia claramente las actividades extractivistas de las que no lo son.

El rol de las mineras en la discursividad es clave. En el año 2015 se desarrolló en Malargüe un congreso denominado “Malargüe mining 2015” (Fig. 4), donde participaron Yamana Gold, Hierro Indio S.A., Proyecto San Jorge y la CNEA. En dicho encuentro, la minería fue sinónimo de generación de trabajo y desarrollo y se consideró que la sanción de la ley 7722 “complicó” la factibilidad de la actividad, comparándose la situación con la provincia de San Juan donde sí se puede utilizar cianuro.

Figura 4
Folleto del congreso Malargüe Mining 2015 con sponsors.

Fuente: Archivo Histórico de Malargüe (2021).

En el folleto de ese encuentro se exponen detalladamente los intereses mineros trasnacionales en el departamento (Tabla 1).

Tabla 1
Empresas mineras presentes en Malargüe a inicios siglo XX.

Año	Empresa	Mina	Mineral. Extracción estimada	Inversión	

2003-2007	
Exeter Resources	La Cabeza-Don Sixto	Oro.
1 millón de onzas por año	10 millones de dólares.	
2006	“	Estelar	Plata y oro		
2007	“	Cognito	Oro		

2004-2006	Minera Depromin S.A., subs. De Tenke Mining Corp.	Mina Malargüe Sur, Verónica 3 y Elisa	Pórfidos de cobre y oro		
2004	Portal de Oro	Anchoris y Block San Rafael			

2005-2007	
Minera Agaucu S.A.	Proyecto Pehueche y Los caballos			
2006	Minera Geometales	El Coloso	Cobre		
2006	Agua Rica	El Manzano			

Fuente: Elaboración propia en base a Malargüe Mining 2015 (2022).

Por último, es necesario entrever cómo interaccionan estas ideas de progreso y desarrollo extractivistas con otros procesos de explotación de tierras asociados con la implementación de paquetes tecnológicos que involucran otras regiones del país. Por ejemplo, la producción de yeso local aumentó su demanda en consonancia con el auge de uso de agroquímicos y fertilizantes en la zona pampeana, pues se utiliza en forma de perlas como sulfato de calcio.

4.1. Ordenar el territorio.

Desde el 2018 en adelante, el sector gubernamental y empresarial del sur mendocino se transformó en un espacio de presión para que se llevaran adelante proyectos megamineros y se concretara el avance del fracking, por medio de la sanción del decreto provincial 248 en marzo de ese año. A su vez, propiciaron el avance de megaproyectos turísticos e hidráulicos como el caso de El Azufre en la zona cordillerana, en tierras de veranada, y la construcción de la represa Portezuelo del Viento sobre el cauce del río Grande, uno de los ríos que da origen al río Colorado. En este marco, desde la municipalidad se elaboró un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) departamental. Allí se plasman esquemáticamente las nuevas configuraciones territoriales asociadas a estas actividades. Se suman el turismo y la actividad caprina, pero ya no como una actividad de subsistencia.

Dentro del POT se proyecta una:

Visión de Malargüe de acá al 2030, y a partir de esa visión, la zonificación y la identificación de programas y proyectos priorizados. (…) aquí hablamos de un Malargüe integrado al mundo sobre y potenciando, su cercanía y su vecindad con regiones que son vecinas (…) en el norte la zona agroindustrial de Mendoza a través de la finalización de la ruta 40 desde El Sosneado a Pareditas (…) En el sur a través de la ruta 40 sur vinculando con la zona de la cuenca media del río Colorado, en el norte neuquino (…) con lo que ya se define la zona de la cuenca de Vaca Muerta. (…) Hacia el este, corazón de la pampa húmeda, a través de la ruta 226, que es la que pasa por Agua Escondida, y de esa manera hablamos del corredor bioceánico Pehuenche, para conectar el Atlántico y el Pacífico por el Pehuenche. Y al oeste la integración hacia Chile. Particularmente, a través del Pehuenche (funcionario municipal, comunicación personal, 10 de noviembre de 2021).

En relación con esta proyección (Fig. 5), se contempla la creación de un puerto seco consistente en un nodo internodal logístico. Aunque desde Nación ya se contempló en la zona de Las juntas la Terminal Internodal Logística Las Juntas (TIRLA), desde el municipio creen que sería más adecuado en Bardas Blancas, donde confluyen las rutas 226 y 40.

Figura 5

Localización estratégica de Malargüe.

Fuente: Municipalidad de Malargüe.

Si bien en el POT se contempla la transición de combustibles fósiles a energías renovables y el impacto del cambio climático a nivel local, se sostiene que “hay licencia social para la actividad minera en general y donde hay potencialidad de la actividad extractiva, o de primera categoría, segunda y tercera”4. Aquí se destaca la potencialidad de la mina de potasio Cañadón Amarillo en cercanías del río Colorado y el desafío que implica la centralidad de la actividad petrolera en la economía local junto con la necesidad de diversificar la matriz productiva de forma exitosa (Municipalidad de Malargüe, 2020).

Resistir en territorios marcados

Frente a estos embates por re-impulsar actividades extractivas, un sector importante de la sociedad malargüina se opone abiertamente, reunidos en organizaciones y asambleas socioambientales. Los riesgos de estas actividades a nivel socioambiental son altos, además de involucrar el consumo de elevadas cantidades de agua en una zona semiárida (Urresti & Marcellesi, 2012). Se incrementan los desalojos de puesteros a quienes aún no se les ha regularizado la tenencia de las tierras; el deterioro en la geomorfología y la hidrología afectaría sensiblemente a las formaciones espeleológicas abundantes y casi desconocidas de la zona, y, por último, la falsa promesa de progreso y trabajo que contienen.

El trabajo empírico permitió observar que predomina la desconfianza, sobre todo en el caso de las inversiones turísticas como El Azufre, que involucran las tierras de veranada (trashumancia) en la zona de cordillera. Lo mismo sucede con el avance del fracking, pues no existe una información cabal sobre cuantos pozos con este método se realizaron. Estas dos actividades aparecieron como las más preocupantes en las entrevistas. A su vez, la defensa de la ley 7722 es una cuestión ineludible en las charlas, por su valor de “guardiana del agua” que le otorgaron las asambleas y la defensa que se emprendió en su favor, en diciembre del 2019, ante el intento de derogación.

Este apartado expone las experiencias y reflexiones de referentes de la organización Malalweche, que nuclea a las comunidades originarias y puesteras de Mendoza; así como de la Federación Argentina de Espeleología (FAdE) y de guías turísticos con experiencias diversas respecto al territorio.

En el sur mendocino, la figura del puestero (Soto, 2021) o criancero es central porque se trata, en la mayoría de los casos, de los descendientes de los pobladores originarios, quienes aún no poseen la titularidad de sus tierras, salvo ciertas excepciones. En el año 1996 se sancionó la ley provincial N° 6086 conocida

4 Idem.

como Ley de Arraigo, que estipulaba el otorgamiento de las titularidades luego de un relevamiento, y establecía un consejo de arraigo donde los puesteros debían designar sus delegados para la toma de decisiones. Esta ley no acabó de ejecutarse completamente, solo se concedieron prorrogas que frenan los desalojos, prolongando una situación de incertidumbre. Justamente, desde los setenta aumentaron los desalojos violentos debido a que, dentro de estas tierras, se encontraron yacimientos
—por ejemplo— de mármol negro:

Un hecho penoso motivó la toma de posesión al disponer el inmediato desalojo de los puesteros radicados en ese campo Armando Hernández de Agua de Campo; Héctor Castillo y Erasmo Antonio Castillo, de Agua de la Cuchilla; Tito del Carmen Moya, de Agua del Panul; Ernestina Moya de Agua del Medio; Selmo Cortéz, de Agua de Lastra; Ricardo Hernán, de Agua de La Vaca; Jesús Cortes, de Lui Malal; Benito Hernández, de Chihuido de Castro; y Pedro Juan Bianco, que ocupaba el casco de la estancia Chachahuen (Diario Los Andes, 1975).

La situación en que se encuentran las familias puesteras en el medio rural es crítica. En muchos casos pagan un “alquiler” a terratenientes que no residen en el lugar, por ejemplo, en el caso de las tierras del grupo Walbrook, propietarios del complejo turístico de invierno Las Leñas, conocidos localmente como “los malayos”, aunque su centro de operaciones está en Londres. Este fondo de inversión posee unas 550.000 hectáreas que comprenden parte de la cuenca alta del Atuel (Langhoff, 2022).

Precisamente, las situaciones de incertidumbre motorizaron la creación de Malalweche en la primera década del siglo XXI, la cual buscó organizar a las comunidades Mapuche con presencia ancestral en la zona:

entendíamos que todo esto tenía un sentido común, o tenía un origen común, que era el tema de la concentración de la tierra (…) empezamos con una organización que empezó con 1-2 comunidades, en el año 2007-08 se inició la solicitud de personería, un auge importante que se nos abre desde el instituto, el INAI (…) y desde el 2010 al 2015 aproximadamente, se logra ya casi 25 comunidades (G. J., comunicación personal, 21 de marzo de 2021).

Actualmente, se nuclean en Malalweche unas 150 familias crianceras y unos 100 puestos de crianza; según cálculos del werken (vocero), en la zona hay poco más de 1000 productores y unos 800 puestos de crianza. Desde la organización se destaca que los desalojos se hicieron más intensos desde los setenta y se acrecentaron en las décadas siguientes, en parte por los intereses petroleros, pero también por las inversiones relacionadas con el turismo. También, la creación de reservas provinciales en la zona constriñe las tierras de los crianceros. Al avanzar con la conformación de Malalweche, estos fueron adentrándose paulatinamente —desde la temática territorial y de titularidad de tierras— en la temática ambiental. En este

proceso de consolidación, se aliaron con otras organizaciones socio ambientales, y se fortalecieron en el ámbito legal.

Desarrollaron estrategias para defender sus tierras frente al avance de las empresas, como la siguiente:

Nuestra gente, inclusive, se empezó a sorprender de que ese que lo venía a visitar, que era re bueno y que se yo, resulta que era el tipo que le estaba haciendo firmar permanentemente, o que le estaba haciendo jugar para la minera… y como esas técnicas hoy en día son tan invasivas, nosotros los fuimos dando firmeza (G. J., comunicación personal, 21 de marzo de 2021).

Algunas estrategias exponen la superposición de los territorios petrolero y criancero, por ejemplo:

Una resistencia que se hizo a la instalación de un pozo petrolero, que habían proyectado 100 pozos y que no alcanzaron a hacer ni uno, era solamente ingresar, permanecer media hora y volver hacia afuera de la explanada. Hicimos un alambrado perimetral nosotros, muy cortito, en realidad en los accesos, como diciendo acá hay una tranquera (G. J, comunicación personal, 21 de marzo de 2021).

Esta técnica no funcionó con los pozos de fracking debido a que la estimulación hidráulica se hizo sobre pozos ya abiertos. Esta actividad está considerada con poca proyección en Mendoza, pero el entrevistado destacó que las exploraciones petroleras, sobre todo las de los años setenta y ochenta, dejaron pasivos ambientales como las líneas de exploración sísmica que deterioraron la vegetación y, por ende, la disponibilidad de pastura para el ganado, ya escasa debido las condiciones de aridez.

Otra organización con base en Malargüe es la FAdE, cuyo presidente también afirma que el desarrollo del fracking allí no tiene buenas perspectivas por la relación costo-beneficio. Pero destaca cómo se ha establecido, a través de las décadas, una especie de feudo o coto donde los funcionarios municipales responden a las empresas. Para la FAdE, el avance de estas actividades junto a las privatizaciones de tierras con fines turísticos atentan contra la conservación de las cavernas o cuevas abundantes en la zona, que son estudiadas por científicos nacionales e internacionales. En la conservación de estas formaciones geológicas, el rol de los puesteros es valioso, pues están en sus tierras. Si bien estos no ingresan a ellas, pues son lugares asociados a la topofobia, al realizar una actividad de bajo impacto como la criancera o ganadería extensiva, colaboran en su cuidado. Las formaciones espeleológicas se forman, en parte, por la acción del agua subterránea:

Depende del agua, es el agua la que forma, lo venimos diciendo desde siempre, nos dimos cuenta de que nosotros no podemos separar nuestra lucha por proteger las cuevas, de la lucha general por el agua. Si contaminan el agua de la superficie, o

contaminan las aguas subterráneas, corre riesgo la biodiversidad de las cuevas, que no está estudiada, todavía no está estudiada a fondo (C. B., comunicación personal, 24 de julio de 2021).

Por este motivo para la FAdE es clave la constitución del Consejo de Arraigo del Puestero, donde también busca participar como organización con presencia en territorio, sobre todo por los trabajos de relevamiento espeleológico en los que suelen cooperar los habitantes rurales.

En este orden de ideas, su presidente destacó la defensa de la ley 7722 en diciembre de 2019 a nivel provincial, donde la sociedad malargüina también se manifestó. Para él, fue un “segundo malargüinazo”, pero, además, en Malargüe se organizó una contramarcha pro minera ese mismo día:

Y yo veía que, en la esquina, 50 metros más adelante, había gente con otras caras y con carteles muy prolijitos en defensa de la minería. Era evidentemente algo organizado ¿no? (…) y de repente se empieza a mover la manifestación que estaba organizada, era, yo creo, la tercera parte en número que éramos nosotros… no serían más de 50 personas… todos varones. Y pasan por delante de donde estábamos nosotros… (…) Pero lo que más se gritaba era “el agua de la plaza no se negocia” (C. B., comunicación personal, 24 de julio de 2021).

En el caso de la actividad turística, la superposición de territorialidades extractivistas con territorios de reproducción de la vida ligados a una ancestralidad rural, se hace evidente para el turista que visita la zona, sobre todo en el área de Payunia uno de los principales atractivos locales. Esta contradicción es descrita de la siguiente manera por uno de los guías con más años en la profesión:

El petrolero pone una ecuación muy, muy particular ¿no? Pone “explotación petrolera más reserva natural igual a desarrollo sustentable” [silencio] depende para quien lo esté hablando… el desarrollo sustentable, pero usted sigue más allá y se encuentra con un cartel puesto por la dueña del campo, que dice “YPF está matando a personas y animales contaminando el agua con …” (…) a ver: que el petróleo sirva como como desarrollo de una población, no cabe la menor duda, tiene mucho que ver, pero el impacto contaminante no se debiera tapar (J. Ch., comunicación personal, 10 de noviembre de 2021).

Las percepciones por parte de profesionales turísticos varían, ya que en esta zona se prioriza la necesidad de fuentes de trabajo para los jóvenes. Por ejemplo, hay profesionales del turismo que avalan el extractivismo y quitan relevancia a la manifestación del 2019 o directamente la niegan: “cada uno debe tener su postura y pensar diferente, pero marchas y eso no se han hecho, se de guías que están en contra y a favor, pero mientras que sea trabajo…” (N. G., comunicación personal, 10 de noviembre de 2021). Desde esta postura, el esquema de fuerzas del cual

es escenario el sur mendocino, plantea dos posiciones confrontadas: una de los sectores gubernamentales y económicos locales —para quienes con habilitar estas actividades se aseguraría el desarrollo local—; y, al contrario, la posición de las organizaciones que están arraigadas al territorio, que plantean otras actividades con menor impacto, además de ser reconocidos como contrapartes necesarias en la preservación de sus tierras. Estas últimas desconocen cualquier “licencia social” a la megaminería y el fracking.

Reflexiones finales.

Este trabajo presentó un avance sobre cómo Malargüe puede ser considerado un territorio de reserva de recursos estratégicos para el interés de empresas trasnacionales y el Estado mendocino. Esta idea de reserva va unida a la de territorio marcado históricamente, donde, a lo largo de las décadas, se han efectuados estudios y descubrimientos relacionados a minerales e hidrocarburos, los cuales dejaron un antecedente. A su vez, ello es insumo para crear una “licencia social” por parte del Estado y los intereses privados. De esta forma se entretejen y recrean diversas territorialidades como la minera, la del petróleo, la criancera, la que se delinea a través del POT del municipio, la espeleológica y la turística.

El análisis a través de la discursividad generada, el extractivismo como modelo y las resistencias cómo respuestas, muestran el esquema de relaciones de poder complejas asentadas sobre el avance de las actividades de alto impacto. Las resistencias no son inorgánicas, sino que se visibilizan y respaldan por medio de la defensa del agua (ley 7722) y de la tierra (ley 6086) para evitar los desalojos. Estas territorialidades están en tensión y conflicto. El modelo extractivista no es compatible con la ganadería extensiva de trashumancia. En este sentido, la criancera es una actividad compatible con el turismo de bajo de impacto, pero entra en conflicto con los desarrollos inmobiliarios y de inversión turística como los que se impulsan en plena cordillera y que amenazan a las tierras de veranada. En ambos casos, hay una disputa con desigualdad de fuerzas por el acceso al agua y la tierra. Tanto la criancera como la espeleológica, son territorialidades que coexisten y pueden contribuir a conformar una territorialidad del cuidado ambiental en un entorno semiárido.

Es necesario continuar con el estudio de las narrativas elaboradas históricamente en torno a las actividades extractivas y cómo se van re-elaborando en la actualidad para intervenir en el territorio. En el análisis histórico-geográfico del material archivístico, se evidencia cómo los proyectos relacionados con minería, extracción de hidrocarburos o construcción de represas, tienen origen en otros momentos históricos, pero, más allá de concretarse, sientan un precedente y actúan como insumo para futuros proyectos de alto impacto.

Referencias bibliográficas

Abaca y Vedia, J. (2015). “El Malargüinazo” Protesta social en Malargüe del 1 al 6 de julio de 1972. Obtenido de https://bdigital.uncuyo.edu.ar/objetos_digitales/8845/ elmalarguinazo.pdf

Acosta, L. E. (2019). A relictual troglomorphic harvestman discovered in a volcanic cave of western Argentina: Otilioleptes marcelae, new genus, new species, and Otilioleptidae, new family (Arachnida, Opiliones, Gonyleptoidea). PLoS ONE, 10.1371/journal. pone.0223828.

Alimonda, H. (2011). La naturaleza colonizada. Ciccus.

Andes, L. (3 de agosto de 1997). Tras la fiebre del oro negro. Malargüe con visos de ciudad fantasma. Diario Los Andes.

Comite Interjurisdiccional del río Colorado. (2019). Comité interjurisdiccional del río Colorado.
40 años. Bahía Blanca.

Diario Uno. (31 de mayo de 2015). Diego Rivadeneira Flor: el verdadero pionero del petróleo.
Diario Uno.

Folguera, G. (2020). La ciencia sin freno. De cómo el poder subordina el conocimiento y transforma nuestras vidas. CFP24.

Galafassi, G., y Riffo, L. (2018). Del sueño de Cristobal Colón al hoy llamado extractivismo. Peripecias y avatares de un largo y continuo proceso de expropiación para la acumulación: una necesaria discusión crítica. Revista Theomai, 232-245.

García Jiménez, S. (2022). Apuntes de ecología política para un análisis de los acuerdos de cambio climático. En T. Chicaiza Villabat, S. García Jiménez, y C. Núñez Rodrígguez (Eds.), Cambio climático. Acuerdos y contradicciones (pp. 11-32). Abya-Yala.

Gudynas, E. (2010). Imágenes, ideas y conceptos sobre la naturaleza en América Latina. En
L. Montenegro (Ed.), Cultura y naturaleza (pp. 267-292). Jardín Botánico J.C. Mutis.

Gutierrez Espeleta, A. L., y Mora Moraga, F. (2011). El grito de los bienes comunes: ¿qué son? y ¿qué nos aportan? Revista de Ciencias Sociales (Cr), 127-145.

Haesbaert, R. (2011). El mito de la desterritorialización. Del “fin de los territorios” a la multiterritorialidad. Siglo XXI.

Importante descubrimiento de petróleo en Mendoza (14 de febrero de 1975), El Comercio.

INDEC. (2023). indec.gob.ar. Obtenido de https://censo.gob.ar/index.php/datos_definitivos_ mendoza/

Langhoff, M. L. (2022). El ciclo hidrosocial en la subcuenca del río Atuel y su implicancia en los procesos histórico-geográficos [Tesis Doctoral]. Universidad Nacional del Sur.

Langhoff, M., Geraldi, A., y Rossel, P. (2022). El conflicto del río Atuel (Argentina) en el contexto del extractivismo y el cambio climático. En N. Cuvi (Ed.), Contribuciones a la historia ambiental de América Latina. Memorias del X Simposio SOLCHA (pp. 275-286). FLACSO Ecuador.

Leff, E. (2006). La ecología política en Amércia Latina. Un campo en construcción. En
H. Alimonda (Ed.), Los tormentos de la materia. Aportes para una ecología política latinoamericana (pp. 21-39). CLACSO.

Machado Aráoz, H. (2014). Potosí, el origen. Genealogía de la minería contemporánea. Mardulce. Machado Aráoz, H. (2019). Naturaleza, discursos y lenguajes de valoración. Heterotopías.
Martínez Carretero, E. (2013). La Diagonal Árida Argentina: entidad bio-climática. En D. Pérez, A. Rovere, y M. E. Rodríguez Araujo (eds.), Restauración ecológica en la diagonal árida de la Argentina. (pp. 14-31). Vasquez Massini.

Municipalidad de Godoy Cruz. (2 de Noviembre de 1970). Nota al Secretario de Industria y Comercio de la Nación. Municipalidad de Godoy Cruz.

Municipalidad de Malargüe. (2020). Plan municipal de ordenamiento territorial Malargüe.
Municipalidad de Malargüe.

Municipalidad de Malargüe. (2020). Plan municipal de ordenamiento territorial Malargüe. Título III-Modelos territoriales. Municipalidad de Malargüe.
Ortiz, S., y Boiero, J. (1950). Informe Minacar. Malargüe.

Polidori, C. (24 de agosto de 2004). Extraerían oro de un yacimiento malargüino. Diario Los Andes.

Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder (pp. 777-832). CLACSO.

Salomone, M. (2020). El conflicto por el fracking en Mendoza (2013-2019). Aportes para una periodización. Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 117-146.

Soto, O. H. (2021). Modo de vida puestero, Estado y capitalismo: inconclusión de los bordes abigarrados de lo nómade y lo trashumante. Tábula Rasa, 127-150.

Spacapan, J. B., et al. (2018). Maduración de las Formaciones Vaca Muerta y Agrio ocasionado por un complejo intrusivo magmático en el sector surmendocino de la Cuenca Neuquina. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 199-209.

Suspenden dos proyectos mineros en Malargüe (s.f.). Diario Uno.

Svampa, M. (2019). Las fronteras del neoextractivismo en América Latina. Conflictos ambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias. Calas.

Teran Mantovani, E. (2018). El extractivismo como eco-régimen: múltiples ámbitos y escalas de su impacto socio territorial. En Medeiros Marques (ed.), Perspectivas de naturaleza (pp. 319-343). Annablume Editora.

Urresti, A., y Marcellesi, F. (2012). Fracking: una fractura que pasará factura. Ecología Política, 1-9.

Yacimiento de granito negro será explotado (30 de enero de 1975). Diario Los Andes.

Yrigoyen, M. (2007). Reseña sobre los conocimientos y la explotación de los hidrocarburos en Argentina antes de 1907. Petrotecnia, 16-36.